El Banco de España tiene una responsabilidad fundamental en el caso Bankia, pero todos y cada uno de los actores implicados debe responder por ello, y es en este sentido que intentaremos que las responsabilidades de cada cual queden reflejadas y demostradas sin que se diluyan", según explica la abogada de 15MpaRato/Colectivo Ronda

El magistrado Antonio Serrano Arnal argumenta que la facturación de Lazard con la Bankia de Rodrigo Rato, "creció de manera muy significativa, alcanzando más de 5 millones de euros en 2011 y superando los dos millones en 2012, indicios que impiden acceder al sobreseimiento solicitado".

En un duro auto, el magistrado explica que "la asesora estuvo contratada y no ha podido demostrar que hiciera nada que justificara el sueldo recibido", y que lo que se hacía en Imelsa "eran prácticas de ejercicio del poder político caciquiles y clientelistas".

Tras la solicitud que llevó a cabo en su momento la jueza del juzgado número 1 de instrucción de Almería (25 de enero de 2016), la Fiscalía ha solicitado la ampliación por 18 meses más de la investigación que se está llevando contra Gabriel Amat por diversos delitos de corrupción. Bajo la causa 34/12 se vienen investigando las vinculaciones existentes entre Gabriel Amat, 53 familiares suyos y 103 empresas vinculadas que habrían podido recibir concesiones administrativas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y de la Diputación Provincial.

Tribuna de los concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer en la que exponen su visión sobre su imputación por un contrato relacionado con la investigación de los negocios jurídicos entre el Ayuntamiento de Madrid y la empresa Madrid Trophy Promotion para organizar el torneo de tenis Mutua Open

Los fiscales Anticorrupción esperarán a oír a los investigados que declararán en septiembre y octubre en la Audiencia Nacional antes de decidir si pedirán al juez García Castellón que impute en Lezo al ex ministro Ruiz Gallardón. Los fiscales creen que el ex alcalde de Madrid estableció "un pacto de silencio" y "cooperación" con Ignacio González, presunto líder de la organización criminal.

Según El Mundo, el Ministerio Público planea imputar a Gallardón por la conducta presuntamente delictiva enmarcada en la adquisición de la sociedad latinoamericana por un valor de 83 millones de euros, hace ahora 16 años. Con esa operación, el PP de Madrid impulsó la expansión por Sudamérica de la empresa pública de aguas, pero la Fiscalía calcula un posible desfalco de 25 millones de euros por el sobreprecio de la empresa.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha abierto la puerta a la posible imputación del exalcalde de Parla de Madrid Tomás Gómez en el caso Púnica. En un auto rubricado hoy, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional rechaza citar a Gómez como testigo en el caso ya que "en base al resultado de las diligencias en curso" el exresponsable del PSOE de Madrid puede ser llamado "a declarar como investigado".

El Fiscal General ordena repetir la junta de fiscales en la que el jefe de Madrid decidió no someter a votación su imposición de no imputar a un cargo del Gobierno. El fiscal que inició el caso había pedido sin éxito investigar a un alto cargo de Justicia por cambiar la decisión de una registradora de la propiedad en una recalificación. El Consejo Fiscal, que representa a toda la carrera, decidió por unanimidad corregir al jefe provincial, José Javier Polo, y pedir que vote la junta de fiscales

Considera que el exministro de Aznar favoreció a la trama a cambio de alguna participación en un proyecto de Sudamérica junto a López Madrid.En un informe de noviembre, la UCO ya señalaba que podría haber cometido un delito de tráfico de influencias por contactar a la trama con la ex alcaldesa de Madrid y mujer de Aznar,Ana Botella.La Guardia Civil refiere conversaciones mantenidas entre De Pedro y el propio Zaplana, a quien le daba cuenta de los pasos que iba a seguir en sus contactos con autoridades en países como Panamá, Brasil o Guatemala..

Última hora. El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha vuelto a rechazar la petición del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados de citar en calidad de investigados a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, así como a los exdirigentes Esperanza Aguirre e Ignacio González y la exalcaldesa de la capital Ana Botella en la causa de la trama Púnica.

El juez que investiga en la Audiencia Nacional el 'caso Lezo', Manuel García-Castellón, mantiene la declaración como imputado prevista para este jueves del expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón por la ruinosa compra en 2001 de Inassa, la filial latinoamericana de la empresa pública madrileña Canal de Isabel II.

La jueza que investiga los másteres de la Universidad Rey Juan Carlos, Carmen Rodríguez-Medel, recibió una llamada en su teléfono móvil alrededor de las 16:30 del pasado 4 de agosto. Al otro lado del terminal se identificó Carmen Sánchez-Cortés, la secretaria de Estado del Ministerio de Justicia durante todo el mandato de Rafael Catalá. La número dos del Ministerio los últimos cuatro años de Gobierno de Mariano Rajoy quería saber cuáles eran los planes de la magistrada con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. No lo consiguió.

El juez imputó en diciembre al extesorero del PP y a su esposa tras tener conocimiento de que disponían de documentación que no constaba en el sumario que investiga la caja B.

Las nuevas conclusiones alcanzadas por la Guardia Civil en la trama Púnica y que apuntan a una presunta financiación irregular de la campaña electoral de 2011 han llevado a la acusación particular a volver a plantear la citación en dicho procedimiento en calidad de investigados de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y el Partido Popular, este último como persona jurídica.

El responsable de regulación y control interno de BBVA, Eduardo Arbizu, abandona el banco después de 17 años en el grupo y apenas un día después de que la Audiencia Nacional imputara a la entidad en el caso Villarejo por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios.

Facua-Consumidores en Acción no descarta “ampliar” su querella contra la empresa Margudis, propietaria de ‘La Mechá, por posible delito contra la salud pública solicitando la imputación de la Junta de Andalucía, como persona jurídica, y a distintos cargos de la Consejería de Salud, por lo que considera una “cadena de dejaciones de funciones y falsedades” en la crisis alimentaria.

La Fiscalía no está de acuerdo con el juez Juan Carlos Peinado. Después de que el magistrado haya imputado por revelación de secretos a periodistas que informaron sobre el sumario de los Comités de Defensa de la República (CDR), el Ministerio Público ha recurrido el auto y pide dejar sin efecto las citaciones previstas para el próximo 29 de noviembre.

La Fiscalía ha solcitado que se eleve al TSJA la investigación de un presunto delito de prevaricación relacionado con el Caso Hulla

El Tribunal Supremo aceptó investigarla por los presuntos amaños de contratos cuando estaba al frente del organismo cultural, en Barcelona, entre 2013 y 2017. Posteriormente, la sala de lo penal, que preside Manuel Marchena, dio el visto bueno a la exposición razonada que envió el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona. La Fiscalía vio indicios de los delitos citados, y el tribunal ha avalado la investigación.