A principios del mes de agosto la Diputación provincial de A Coruña, la Iniciativa Gallega de la Memoria, la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica y los ayuntamientos de Sada y A Coruña acordaron impulsar la Junta pro Devolución del Pazo de Meirás para "reclamar la restitución de la propiedad" del edificio que desde hace casi 80 años está en manos de la familia Franco.

El presidente ha aclarado que "si puede acreditar vicios en esa donación, y esos vicios la invalidan", la Xunta estaría "muy satisfecha de que el pazo estuviera dentro del patrimonio gallego". Advierte de que la ley da la razón a la familia Franco, si bien dice que está a favor de crear una comisión de expertos para estudiar las posibilidades que tiene el Ejecutivo gallego de obtener el pazo.

Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo presentan el libro ("Meirás. Un pazo. Un caudillo. Un expolio") en el que analizan miles de documentos y decenas de testimonios que explican cómo diseñó Franco la estructura corrupta con la que engordó su patrimonio robando bienes e inmuebles como el histórico pazo, que sus herederos siguen disfrutando hoy. El libro está repleto de casos concretos documentados y explicados que indican cómo se diseñaba y ejecutaba modus furari habitual mediante el que la familia se hacía con todo lo que se antojaba..

La demanda de la Abogacía del Estado contra los Franco para intentar que Meirás pase al patrimonio público se apoya en un protocolo notarial de 1938 que, defiende el Gobierno, confirma que la posterior venta del complejo al dictador fue un "fraude". El Gobierno se ha apoyado en las investigaciones impulsadas por la Diputación de A Coruña, el Parlamento gallego y activistas por la memoria histórica para intentar demostrar que los Franco simularon un contrato para evitar que el inmueble pasase a ser patrimonio público.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por el Estado y lo declara propietario del Pazo de Meirás, por lo que condena a la familia Franco a la devolución del inmueble sin ser indemnizada por los gastos en los que afirma haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad. Tambien considera fraudulenta la "compra" de 1941.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) espera que el Gobierno sancione a la familia del dictador Francisco Franco “por los años de uso ilegal del Pazo de Meirás y por las evidencias del saqueo que han llevado a cabo al patrimonio español”. “Los descendientes del dictador han ocupado ilegalmente un pazo que era de propiedad pública, y eso debe tener una sanción tras la devolución del mismo”, sostiene el colectivo.

Condena a los herederos de la familia Franco a desalojar el recinto, pero les reconoce el derecho a ser resarcidos en los gastos en los que incurrieron desde 1975 para conservar el edificio. Los jueces descartan "mala fe" en la posesión por parte de los demandados porque, sostiene, nunca fueron requeridos por la Administración para que le entregasen el pazo y "llevan más de cuatro décadas utilizándolo de forma pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueños".

El pasado noviembre, dos meses después de la sentencia que otorgaba el inmueble al Estado, se inició el inventario del Pazo de Meirás, que contabiliza un total de 697 bienes

La resolución que firma María Elma Monzón ―sustituta de la jueza Marta Canales que ordenó la devolución del pazo al Estado con todos los muebles y accesorios― se produce apenas una semana después de que la Audiencia Provincial de A Coruña revocase el auto firmado por Canales y estimase el recurso de los Franco señalando que el Estado no tiene derecho a ninguno de los objetos porque lo único que había demandado era el derecho sobre una finca catastral

La Audiencia de Madrid decreta el archivo de la causa seguida en un juzgado contra la funcionaria de Patrimonio Nacional que elaboró el listado de bienes que la familia del dictador guardaba en el Pazo de Meirás.

La abogacía del Estado ha presentado una demanda contra los herederos de Franco reclamando la propiedad del Estado sobre 564 bienes muebles. Esta demanda llega tras la petición de la familia del dictador para llevarse esos bienes del pazo de Meirás que no fueron reclamados por el Estado.

La familia Franco puede meter el cazo para quedarse con un bien robado o recibir cuantiosas subvenciones públicas, pero las autoridades no pueden decir una palabra sobre el pazo. Partido Popular para defender su abstención en la moción del Ayuntamiento de Sada para reclamar la devolución del pazo: la Fundación Franco es legal, esto es una democracia y no Venezuela y el pazo nunca perteneció al pueblo de Sada. En otras palabras: el pazo es de los Franco y nada que objetar a que le den la gestión a la Fundación Franco. Todo lo demás, mentira.

Según ha denunciado a este diario un grupo de visitantes, uno de los guías impidió recorrer los salones a un joven con discapacidad motriz porque podía "estropearía el suelo" con la silla de ruedas.

El PGOM de Sada establece la primera disposición normativa que contempla la posibilidad de que el palacete de la familia Franco pase a ser de dominio público.

Censura puede ser retirar una obra de arte de una exposición por motivos políticos, ordenar la retirada del mercado de un libro que relaciona a un partido con el narcotráfico y encarcelar a un rapero que hace letras irreverentes. Pero también lo es que un medio autonómico pagado por los ciudadanos oculte a éstos la existencia de noticias de actualidad de su directo interés, más aún cuando el resto de medios de la competencia sí lo hacen.

La familia Franco tendrá un poco más complicado a partir de esta semana vender el Pazo de Meirás, residencia de veraneo del dictador en la localidad coruñesa de Sada

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña acogerá desde el próximo 6 de julio y durante toda la semana el juicio sobre la propiedad de la residencia de verano del dictador Francisco Franco, ubicada en la localidad coruñesa de Sada y que ha sido objeto de multitud de reclamaciones desde Galicia para que sea integrada en los bienes del Estado.

La jueza sentencia que la donación del inmueble se hizo al jefe del Estado, no al dictador a título personal.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha admitido a trámite el recurso de apelación de la familia Franco contra la sentencia que declara al Estado propietario del Pazo de Meirás. En un auto dictado hoy notifica que dará traslado del recurso a las demás partes. Las emplaza para que en el plazo de diez días presenten escrito de oposición al recurso o de impugnación de la sentencia.