Un error en la ley de protección de la infancia aprobada en 2021, la conocida como ley Rhodes, deja en el aire cuándo empieza a contar el plazo de prescripción para los delitos "contra la libertad" de los menores. El articulado final abre la puerta a que los jueces interpreten la norma de la forma más beneficiosa para el acusado. Es decir, a que interpreten que el plazo de prescripción empieza a correr cuando la víctima tiene 18 años, no 35.

Los retrasos alcanzan a los juzgados de primera instancia e instrucción encargados de los procedimientos penales y a varias de las salas del Tribunal Supremo

El Defensor del Paciente le ha remitido un escrito al fiscal jefe de Lugo, Roberto Brezmes, para solicitarle que abra una investigación por el caso de un bebé de 23 meses al que supuestamente le prescribieron un medicamento con corticoides "prohibidos para su edad", que le causó "adicción" y picores que lo llevaron a "arrancarse la piel rascándose".

(...) el Congreso "ha perdido una oportunidad de oro para reducir la impunidad de los pederastas". "No sirve de nada endurecer la ley una y otra vez si la mayoría de los depredadores sexuales de niños quedan impunes porque el delito ha prescrito", lamenta. Y recuerda que la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa ha recomendado elevar el plazo a partir del cual comienza a computar la prescripción a los 47 años, muy cerca de los 45 años propuestos por Más País y Junts, siguiendo la petición de las entidades de infancia.

Fue condenado a 20 años de prisión pero solo estuvo unos meses bajo arresto: se fugó de la cárcel en 2001. Desde entonces se mantuvo al margen de la Justicia hasta que en las últimas horas se presentó ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Río Grande y solicitó la prescripción de la causa y su libertad. “Estar escondido es otra forma de cumplir una condena”, dijo su abogado defensor. “El plazo de prescripción son 20 años, que es el tiempo en que logró mantenerse prófugo viviendo en la clandestinidad. Cumplió la pena de esa manera".

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La jueza de Madrid que investiga la denuncia de Julio Pacheco de haber sufrido agresiones policiales en 1975 ha consultado a la Fiscalía y las partes si el caso debe quedar sobreseído por la caducidad de las acusaciones contra varios agentes, entre ellos el comisario jubilado José Manuel Villarejo