Decenas de personas se han manifestado este sábado en Madrid, desde la Puerta del Sol hasta el Congreso de los Diputados, bajo el lema 'En repulsa de los crímenes y la no derogación de la prisión permanente revisable'.

El Partido Popular rastreará el pasado de eso aspirantes, incluso a sus familiares directos, intentando evitar que salgan episodios bochornosos que pongan en cuestión al partido

Ha explicado que el encarecimiento del crudo (con el Brent por encima de 75 dólares el barril) obedece a cuestiones especiales como las dificultades en el suministro de países como Venezuela, pero que todavía "no hay elementos" para cambiar las previsiones

Diversos estudios señalan que el efecto disuasorio general de penas especialmente graves, como extensas privaciones de libertad o, incluso, la pena de muerte, no está demostrado.En este artículo se trata únicamente su faceta preventiva. Tras consultar los trabajos mencionados podemos concluir varias cosas. En primer lugar, el efecto disuasorio general de penas especialmente graves, como extensas privaciones de libertad o, incluso, la pena de muerte no está demostrado. Parece que, a efectos de prevención general, la certeza de la pena es más..

Sus integrantes, reunidos por primera vez este jueves, han pedido al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que modifique la comisión y han decidido no realizar ninguna reunión más hasta que este órgano tenga una representación igualitaria entre hombres y mujeres.

La Fiscalía de Valladolid solicita prisión permanente revisable para Davinia M.G. y su novio Roberto H.H. como responsables de la muerte de Sara, la niña de 4 años que falleció a causa, presuntamente de lesiones y abusos sexuales. La acusación pública considera a Roberto H.H., autor material de seis delitos de maltrato con lesiones en el ámbito familiar, un delito de maltrato habitual, otro delito continuado de violación a menor de 16 años, asesinato y abandono de menores, mientras que respecto de Davinia le imputa los mismos delitos.

El Ministerio del Interior da marcha atrás y paraliza la orden general con la que pretendía regular el aspecto físico de los guardias civiles a la espera de someterla a una nueva revisión e introducir los cambios que permitan acercar posturas con la representación de los agentes y evitar el malestar que ha causado en el seno del Cuerpo. El ministro Fernando Grande-Marlaska ha dado instrucciones para que la norma no se publique en el Boletín Oficial de la Guardia Civil, último trámite antes de que empezara a surtir efecto.

El azar llevó a Laura a alquilar la casita justo frente de una vivienda donde vivía desde hace menos de un mes L., que acababa de salir de la cárcel tras cumplir dos condenas: una, de 15 años, por asesinar a puñaladas a M.C.M.C., una mujer en el cercano pueblo de Cortegana en el año 2000, a la que había robado; otra, de tres años, por asaltar con un cuchillo a S.H.,en un aparente intento de violación, mientras disfrutaba de un permiso penitenciario durante el cumplimiento de la pena por el crimen anterior.

La Guardia Civil ha detenido a Bernardo Montoya, un vecino de Laura Luelmo que apena llevaba dos meses fuera de la cárcel tras cumplir una condena de 17 años por otro asesinato. El arresto se ha llevado a cabo durante los registros de esta mañana en su vivienda y en la de Laura Luelmo, la joven zamorana cuyo cuerpo apareció este lunes sin vida en un paraje a cinco kilómetros de su vivienda con signos de violencia.

La portavoz de Podemos, Ione Belarra, estalla contra el líder del PP: “Déjenos en paz a las mujeres. No necesitamos pistoleros ni prisión permanente revisable; lo que necesitamos son políticas públicas que nos protejan antes de que nos maten”. El presidente del Gobierno le recuerda que la prisión permanente no ha evitado el crimen de la joven profesora y subraya que la medida está pendiente de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre ella.

Un hombre condenado por asesinar a una mujer en 2007 en el barrio de Fuencarral (Madrid), intentó matar a otra mujer a puñaladas el pasado 13 de diciembre en la misma zona. Estaba en uso de un permiso penitenciario. El detenido cumplía una condena de 24 años de prisión por asestar 34 puñaladas a una mujer con la que había tenido una "relación superficial". Al salir en este permiso, había cumplido ya 11 de los 20 años.

"O se van ellos los gitanos o nos acaban matando a todos". Los vecinos payos de Cortegana, un pueblo de la sierra de Huelva, justifican así los altercados racistas del domingo. El detonante fue la detención de dos individuos de etnia gitana acusados de la muerte, a principios de enero, de un hombre de 55 años deficiente mental. Los detenidos son miembros de la familia Montoya, a la que los vecinos acusan de tres de los cinco asesinatos registrados en el pueblo en 10 años.

La derecha se entrega al populismo punitivo, mientras expertos y estudios desmontan su discurso sobre las supuestas bondades de la prisión permanente revisable. En España se dan las penas más duras de la UE; hay un 34% de personas encarceladas por encima de la media europea, pese a que la tasa de delincuencia es un 27% más baja.

El PP ha registrado este miércoles, 2 de enero, una proposición de ley para ampliar la prisión permanente revisable y aplicar esa pena en los casos en los que el asesinato se produzca después de un secuestro o una detención ilegal o en el que haya "ocultación o destrucción del cadáver" para dificultar la investigación.

La prisión permanente revisable se introdujo en el Código Penal en marzo de 2015 con el único apoyo del PP y es aplicable a delitos como los homicidios terroristas, los cometidos contra el rey y sus herederos, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad con homicidio, y los asesinatos agravados. Desde su aprobación, en cinco ocasiones se ha aplicado la condena a prisión permanente revisable.

La familia de Laura Luelmo, la docente zamorana asesinada el pasado diciembre en El Campillo (Huelva), ha exigido al Estado "una disculpa y una petición pública de perdón" por "no haber sido capaz de

Dada su naturaleza y el hecho de que contienen datos personales, los informes se incorporaron al sumario "en sobre cerrado" al que solo tiene acceso "el órgano instructor o tribunal que pueda conocer de cada extremo de la causa". Pero tanto el fiscal anticorrupción como la jueza del caso Erial se remitieron en sus escritos a un informe médico recibido del hospital público Doctor Peset, de Valencia, para denegar a Eduardo Zaplana su libertad tras ser detenido el 22 de mayo de 2018.

El sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) explica que las prestaciones de paternidad y maternidad no se comunicarán en los datos fiscales de los contribuyentes en las declaraciones de la Renta de 2018 si no tienen retención, mientras que aquellas con retención o algún gasto deducible figurará como rentas exentas y las retenciones soportadas serán deducibles.

Toñi tenía 34 años cuando fue violada y asesinada en su propia casa. Más de dos años después termina el proceso judicial. Su ex pareja se convierte en el primer condenado a prisión permanente revisable en España por un caso de violencia de género. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Francisco Salvador García es el autor del asesinato y violación de su antigua pareja en Huércal de Almería (Almería), en un terrible crimen acaecido en enero de 2017.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional no reunirá a expertos para revisar el actual modelo de la prueba de acceso a la universidad hasta que no se forme un nuevo gobierno, a pesar de que las universidades quería estudiar este mes de septiembre las posibles diferencias de dificultad que tiene la Selectividad en las distintas comunidades autónomas.

El juicio comienza este lunes. Los padres del pequeño, que nació prematuro, lo dejaban en ocasiones más de 12 horas sin comer, según la acusación

Ana Julia Quezada, acusada de matar al niño Gabriel Cruz, ha sido condenada a prisión permanente revisable por asesinato con el agravante de parentesco. El auto, al que ha tenido acceso laSexta, también incluye la prohibición de residir y/o acudir a Níjar, en Almería, localidad en la que ocurrieron los hechos, así como la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de distancia de la familia del menor durante 30 años.