Las temporeras marroquíes son el fiel reflejo de este drama humano. Éste año son más de 7.200 las que han permitido levantar una cosecha que nació condenada cuando los contagios por coronavirus comenzaron a multiplicarse en España. Llegaron como profesionales de la recogida del fruto rojo más preciado y ahora son solo mujeres atrapadas en un país que no es el suyo, sin trabajo y lejos de su hogar y de sus familias, para quienes a menudo son el único sustento.

Descansa, si a eso se le puede llamar descansar, en un banco de la avenida Catalunya. Está sentado, reposa la cabeza sobre su maleta y ha entrelazado las asas de su mochila en una pierna. “Para que no me la roben”, dice. Son las 7 de la mañana y este temporero sin papeles no es el único ni mucho menos que ha dormido al raso en Lleida.

Los empresarios han indicado que a punto de llegar a mediados del mes de julio y en medio de una situación «inaudita» en la larga trayectoria del proceso de contratación en origen como es «el abandono de nacionales marroquíes por parte de su Gobierno en suelo español y el consiguiente incumplimiento de la Orden Gecco», el sector productor de la fresa y los frutos rojos de la provincia de Huelva implementa todas las medidas que considera que pueden ser positivas para mejorar las situación de las 7.100 trabajadoras que permanecen en la provincia.

Las condiciones de trabajo de los temporeros, a los que hemos visto hacinados e incluso durmiendo en la calle, los convierte en grandes vectores de contagio.

La ONG Open Arms ha firmado un convenio con el Consejo Comarcal del Segrià y el Ayuntamiento de Torres de Segre para hacerse cargo de atender a las personas que trabajan recogiendo fruta en la comarca y que han dado positivo por la Covidien-19 , ya sean asintomáticos o leves. El pabellón de Torres de Segre ha equipado con una cuarentena de camas para atender y acompañar a los temporeros mientras pasan el obligado período de confinamiento y no pueden continuar desarrollando su trabajo. El espacio se pondrá en marcha a partir del lunes.

Las más de 7.000 temporeras que permanecen atrapadas en la provincia de Huelva han comenzado a realizarse las pruebas PCR para el regreso a su país durante la mañana. Para ello, la consejería de Salud ha habilitado espacios en Palos, Lepe, Moguer y Bonares donde las marroquíes pasan los controles médicos necesarios para obtener su certificado de estar libre de Covid-19 antes de volver a Marruecos.

Las temporeras podrán comenzar a volver a Marruecos esta semana, de forma escalonada y por vía marítima. Será posible gracias a un acuerdo alcanzando entre el Gobierno marroquí y las autoridades españolas, después de estar sin trabajo un mes atrapadas en España sin posibilidad de regresar.

La Guardia Civil tuvo que intervenir ayer, miércoles, en la población oscense de Albalate de Cinca para proteger a los cerca de treinta temporeros africanos que han dado positivo en las pruebas PCR de posibles ataques racistas. Los jornaleros afectados por el coronavirus fueron increpados por un individuo que, literalmente, se encaró con ellos y les reprochó de manera violenta con insultos haber sido los causantes del contagio de una mujer de la localidad.

Este es el tercer incendio registrado esta semana en asentamientos chabolistas de personas migrantes en localidades de Huelva. Unas setenta chabolas ocupadas por inmigrantes en Lepe (Huelva) han sido destruidas la pasada madrugada por un incendio en el que una persona se ha visto afectada. El 112 ha informado, según recoge Efe, de que a las 4:30 horas se ha recibido un aviso de que se estaba produciendo un incendio en un asentamiento chabolista en el Camino del Corchuelo, junto a un campo que se ha visto afectado también, por lo que ha sido…

Una colaboradora de TV3 y Catalunya Radio insinúa que se enviaron temporeros infectados de Andalucía a Lleida - Barcelona.

El motivo de la decisión, publicada este sábado en el BOE, es que la situación imposibilita su regreso una vez que han concluido su actividad laboral.

España restringe la entrada a los trabajadores transfronterizos y de temporada que proceden de estados que aún tienen las fronteras cerradas con nuestro país, ya que imposibilita su regreso una vez que han concluido su actividad laboral. El ministerio del Interior establece en una orden publicada en el BOE este sábado los nuevos criterios aplicables para denegar la entrada a viajeros desde terceros países a la UE por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19.

La Policía Nacional ha reforzado su presencia en el asentamiento de Albacete afectado por un brote de COVID-19 desde el pasado viernes, después de que cientos de temporeros del mismo se hayan saltado este domingo el confinamiento, cortando varias calles de la ciudad. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha han confirmado a Europa Press qu

Así lo han señalado fuentes del Gobierno regional a Europa Press, después de que el Ayuntamiento de Albacete anunciase este domingo la clausura del asentamiento donde se detectó la pasada semana un brote de COVID-19 y su intención de buscar una alternativa para estas personas, algunas de las cuales protagonizaron un altercado, al abandonar el confinamiento y cortar varias calles de la ciudad.

Los temporeros de la vendimia de Fuentealbilla, en Albacete, la mayoría senegaleses, pagan 50 euros por un colchón y malviven en naves de antiguas granjas, en las que no tienen ni agua caliente ni las mínimas condiciones de salubridad, ni siquiera para cocinar. Hasta 300 personas viven en colchones en una nave de una antigua granja. Hacinados, entre basura, con la ropa secándose en el mismo lugar en el que duermen. Las duchas son mangueras, que denuncian no tienen ni agua caliente. Unas imágenes que nos han hecho llegar muestran las condicion

Varios ministerios (Sanidad, Agricultura, Trabajo) y consejerías están trabajando para garantizar la seguridad, sobre todo en la vivienda, de estos trabajadores entre los que han surgido 34 brotes y 700 casos, pero todavía no hay nada materializado.

Investiga focos de la epidemia vinculados a trabajadores agrícolas contratados por la empresa para faenar en varios departamentos del sureste y en particular en Bouches du Rhone

"Deplorables". Ha sido la palabra elegida por Pedro Sánchez para describir las condiciones en las que viven los temporeros inmigrantes que recogen la fruta y verdura en España. La misma que utilizó el Defensor del Pueblo para pedir a las autoridades una solución inmediata. La misma que empleó el Relator especial de la ONU sobre pobreza extrema para afear a España su inacción, en plena pandemia, y exigir medidas "antes de que la gente muera". La crítica se repite, sin que las soluciones aparezcan.

Durante la transición, mientras muchos exiliados políticos volvían a España, entre 60.000 y 70.000 temporeros cruzaban cada año la frontera de los Pirineos para trabajar en Francia en los meses de septiembre y octubre.

El jefe del temporero fallecido en Lorca (Murcia) por un golpe de calor ha quedado este lunes en libertad sin fianza después de haber sido detenido el día anterior. El auto en el que se acuerda la libertad señala que aunque de lo actuado hasta ahora se deducen indicios "bastantes" para estimarlo presuntamente responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores por no haber estado el jornalero dado de alta en la Seguridad Social, en aplicación de la ley, no procede adoptar otra medida más restrictiva de derechos.

Desde primera hora de la mañana las fuerzas de antidisturbios de la Policía Nacional han tenido que actuar ante el corte de la carretera de Madrid de Albacete, en las inmediaciones de la Institución Ferial (IFAB), por parte de los temporeros. Se han realizado varios dispararos al aire con pelotas de goma.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha indicado este martes que se ha intensificado a 1.000 actuaciones la campaña de inspecciones en el campo y ha calificado de "hecho luctuoso, dramático" la muerte de un temporero en Lorca (Murcia) tras estar trabajando durante todo el día con temperaturas que llegaron a los 44 grados, apuntando que ante ello Inspección de Trabajo realiza actuaciones y se abren diligencias penales porque lo ocurrido "invade la esfera penal".