La Audiencia Provincial ha rechazado el recurso de apelación presentado por la Asociación de Lucha contra la Corrupción (Corruptil) contra la venta de casi 3.000 viviendas del antiguo Instituto de Vivienda pública de Madrid (IVIMA) al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora, en 2013, una operación plagada de irregularidades, según concluyó la Cámara de Cuentas, en la que se investigaban presuntos delitos de prevaricación y malversación. La sentencia impide continuar investigando posibles delitos penales, como la presunta malversación de fondos..

La Audiencia Nacional ha absuelto a una gambiana juzgada por no haber impedido la mutilación genital de su hija en Gambia, al entender que esta práctica no estaba tipificada como delito en aquel país y que, en todo caso, se hizo contra su voluntad cuando no tuvo más remedio que dejar a la niña con su abuela. La Fiscalía pedía 6 años de prisión por un delito de mutilación genital femenina en calidad de autora por omisión, ya que no hizo nada por evitar que torturasen a su segunda hija, pese a que la primera había sufrido la misma agresión.

García Castellón consideró que estas diligencias eran "innecesarias e inútiles", pero en cambio la Sala las ve "imprescindibles" para "despejar dudas" sobre la posible comisión de delitos de fraude a las administraciones públicas, malversación, cohecho y falsificación de documento mercantil. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Manuel García Castellón citar como investigadas a dos personas vinculadas a la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) y a otras tantas relacionadas con Indra.

El magistrado pidió abstenerse de la causa al entender que ya investigó el caso y lo archivó. El tribunal provincial resuelve a su favor, de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las actuaciones serán remitidas al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

La fiscal Belén Suárez sostiene que no es competencia de la Audiencia Nacional investigar las hipotecas sobrevaloradas que Caja Madrid concedió entre los años 2003 y 2009 cuando Miguel Blesa presidía la extinta entidad. En tres informes enviados al Juzgado Central Número 5 a lo largo de los años 2014, 2015 y 2016, la Fiscalía se opuso a investigar las hipotecas dadas por dicha entidad en plena 'burbuja inmobiliaria'.

El tribunal concluye que Nervis Villalobos ha acreditado su arraigo en España y cuestiona los indicios que maneja el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid para imputarle blanqueo de capitales

El tribunal permite a Inocencia Zofio y otros vecinos quedarse en el inmueble hasta el comienzo de unas obras y podrán regresar cuando finalicen, anulando la demanda del Ministerio de Hacienda, propietario del edificio tras fallecer en 2004 su dueña sin herederos.

Según recoge la sentencia, el pasado 5 de noviembre de 2013, la denunciante recibió desde el móvil de la pareja de la denunciada un mensaje por whatsapp donde se podía leer: "El día que llegue lo que tiene que llegar no te vas a reconocer ni tú de la cara que te voy a dejar y pagaré con gusto. Comerás con pajita. Te lo juro".

La Audiencia Provincial ha ordenado que sea otro juzgado el que lleve a cabo del juicio de faltas de Esperanza Aguirre, según ha adelantado la Cadena SER. El propio juez, Carlos del Valle, solicitó su recusación para no ser él quien juzgase a la presidenta del PP de Madrid. Según la resolución, el auto de sobreseimiento emitido por el juez del Valle "le contamina para intervenir en acusaciones posteriores".

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dado traslado a la Fiscalía de la inhibición planteada por un juzgado de instrucción de Plaza de Castilla, que recibió la denuncia de una mujer que adquirió participaciones preferentes de Caja Madrid en 2009.

Considera prescritas todas las demandas interpuestas contra el banco nacionalizado con posterioridad al 25 de mayo de 2016, al considerar que ya han expirado los cuatro años para reclamar.

La cuarta pieza de las seis que ha decidido Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional que lleva el ‘caso Lezo’. Las otras son la expansión del Canal de Isabel II en Sudamérica,la adjudicación en la gestión de Canal Golf,la adjudicación del tren de Navalcarnero,el blanqueo de capitales y las irregularidades en Mercasa..la AN cree que desde la empresa pública (Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid) se adjudicaron varios contratos a Indra a cambio de comisiones al PP madrileño;esos supuestos pagos ilegales ..

Los magistrados proclaman la necesidad de poner fin a la instrucción de las piezas separadas y recuerdan al magistrado Serrano-Arnal que ya se lo advirtieron en dos ocasiones: "Del mismo modo volvemos a repetirlo hoy, confiando en que pueda verse materializado en breve tan reiterado criterio", concluyen

La magistrada que inició el 'caso ERE' se ha presentado a los dos últimos procesos selectivos por las salidas de Lamela y Andreu.

Adelina Ibáñez Mezcua dio a luz en la clínica Santa Cristina el 27 de octubre de 1975. Le dijeron que su hijo había muerto, pero nunca se lo creyó. Es el segundo caso de bebés robados que llega a juicio en España. En concreto, el próximo viernes, 18 de octubre, en la Audiencia Provincial de Madrid. Como acusado, el ginecólogo Joaquín Botija, para quien la Fiscalía pide la absolución al considerar que, hasta el momento, no se han presentado pruebas que demuestren que el citado médico interviniera en el parto. La clínica Santa Cristina..

La Audiencia de Madrid ha reabierto un caso por delito fiscal que estaba archivado a Francisco Franco Martínez-Bordiú. El órgano considera que existen indicios suficientes para juzgarlo por un fraude a Hacienda en la compra de un edificio en Madrid sin que se conozca el origen del dinero. La resolución juzgada por la Audiencia da la razón a la Abogacía de Estado, que representa a la Agencia Tributaria, y que recurrió sin el apoyo de la Fiscalía.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo explica que en este caso no concurren las razones de especial urgencia que exige la doctrina para adoptar una suspensión de la resolución.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado la medida cautelarísima solicitada por Rocío Monasterio y el Grupo Parlamentario Vox contra el Acuerdo del Consejo Interterritorial. La Sala reproduce los argumentos utilizados en su auto del lunes en el que desestimaba la misma medida cautelar solicitada por un abogado particular.

La Audiencia de Madrid absuelve a Eduardo Pérez Gorostegui de falsedad documental, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios aunque da por probado que autorizó la contratación a dos hijos para impartir cursos en los que no tenían experiencia. Vulneró la ley de pero no cometió un delito, dice la sentencia. Propuso la contratación de sus dos hijos como colaboradores en varios cursos y que, además, solicitó el pago de una factura de casi 18.000 euros a su propia empresa. Los jueces de la Audiencia de Madrid entienden...

La Audiencia de Madrid ha acordado este viernes respaldar las revisiones a la baja de las condenas firmes por delitos sexuales a raíz de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, más favorable al recoger penas más leves. La decisión supone ir en contra del criterio que esta misma semana ha ordenado respaldar la Fiscalía General del Estado, que rechaza rebajar las condenas por el hecho de que se hayan reducido las penas mínimas de prisión.

El tribunal entiende que hay indicios suficientes contra Granados de los que se infiere que "manipuló y falseó las cuentas electorales presentadas al organismo autonómico de fiscalización en 2011" La Sala de lo Penal desestima así el recurso presentado por la defensa del expolítico que buscaba ser exonerado al igual que ocurrió en octubre de 2022 con la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre y su sucesor Ignacio González

La Audiencia Nacional concluye en un auto que el exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid y exconsejero de Caja Madrid Ricardo Romero de Tejada cargó a su 'tarjeta black' "gastos en supermercados y tiendas del sector de complementos radicalmente extraños al desempeño del cargo". Así consta en un auto en el que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal confirma la decisión del juez instructor, Fernando Andreu, de imponer al exdirigente 'popular' una fianza de 283.000 euros y rechaza que el afianzamiento impuesto sea "prematuro"