No es suficiente que las administraciones públicas hagan las cosas bien desde un punto de vista normativo y de eficacia, sino que un buen gobierno en el sector público debe buscar aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión, fomentar la cultura de ética pública, gestionar los impactos sociales, ambientales y económicos que se producen por la actuación de la Administración, y avanzar en la profundización democrática y en un mayor compromiso con la ciudadanía, mejorando el diálogo y la participación de los grupos de interés.
