No sólo por voluntad política se fragua la decisión de implantar o no el voto electrónico electoral en un país, una opción aún no recogida en la ley española, salvo en el País Vasco, sino que también influyen factores como el previsible coste de la medida y la disposición social al cambio, según expertos. La seguridad es básica tanto para la identificación del elector para evitar posibles suplantaciones de personalidad, como en lo que toca a la privacidad con el fin de garantizar la confidencialidad del voto y resto de trámites del proceso.
