Familiares de personas mayores en residencias, agrupadas en la Marea de Residencias, han presentado este lunes una querella colectiva contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero y 10 directores de Residencias privadas, concertadas y públicas (DomusVi-Mirasierra, Aralia-Ensanche de Vallecas, DomusVi-Usera, Aralia-Isabel La Católica, Ballesol Pasillo Verde, Ballesol Mirasierra, Gran Residencia, Centro Integrado Municipal, Margarita Retuerto, Manoteras y AMAVIR-Ciudad Líneal).

Las comunidades autónomas tienen las competencias sobre las residencias de mayores: se encargan del registro y la inspección de calidad de los centros. Durante la crisis del coronavirus, el Gobierno declaró las residencias servicios esenciales y reforzó la intervención de las comunidades autónomas en públicas y privadas. El ministerio que dirige Pablo Iglesias aprobó un fondo extraordinario de 300 millones de euros que las comunidades deciden cómo gastar según unas finalidades concretas marcadas por el Gobierno.

Más del 60 % de los fallecidos por coronavirus en el país han sido residentes en centros de mayores. El testimonio de los afectados y de los trabajadores dibuja un escenario tan real como descorazonador. Un dato alarmante: el de las personas fallecidas en residencias de ancianos, que son ya más de 17.000, es decir, más del 60 % del total de las muertes por coronavirus en España, lo que equivale a decir que al menos seis de cada diez fallecidos en esta crisis sanitaria han sido residentes en centros para mayores.

Las comunidades autónomas tienen las competencias sobre las residencias de mayores: se encargan del registro y la inspección de calidad de los centros. Durante la crisis del coronavirus, el Gobierno declaró las residencias servicios esenciales y reforzó la intervención de las comunidades autónomas en públicas y privadas. El ministerio que dirige Pablo Iglesias aprobó un fondo extraordinario de 300 millones de euros que las comunidades deciden cómo gastar según unas finalidades concretas marcadas por el Gobierno.

Las fiscalías de los distintos territorios tienen abiertas actualmente 160 diligencias de investigación por posibles delitos cometidos en la gestión de la crisis del coronavirus en residencias de mayores. Son 26 nuevas diligencias respeto a las cifras de la semana. A esta cifra se suman otras 211 diligencias del ámbito civil. La Comunidad de Madrid es la que reúne el mayor número de investigación por parte de las fiscalías, en total 93. En Catalunya, solo Barcelona cuenta con 29 investigaciones penales abiertas sobre residencias de mayores.

Las residencias privadas Ballesol cobran a los mayores material de protección pese a que la Generalitat Valenciana les entregó artículos gratis, Las residencias privadas Ballesol han incluido en la última factura mensual un pago extra de 30 euros para los usuarios en concepto de "gastos que corresponden a la partida por compra de material preventivo para salvaguardar la protección necesaria de los residentes" ante la pandemia de coronavirus.

En Castilla-La Mancha, se ha registrado la muerte de 2.477 usuarios de residencias de mayores con coronavirus, de los cuales 1.291 son casos confirmados y 1.186 sospechosos. En conjunto, más de un 84 % del total de los fallecimientos registrados en la región. Los fallecidos con coronavirus en residencias de Cataluña se elevan a 4.082, lo que supone el 73 % del total en la comunidad. En Navarra, los fallecidos con COVID-19 en residencias son 432, lo que equivale al 88 % de muertes en la región.

La directora de la residencia con mayor número de muertos por coronavirus en Galicia señala a la Xunta como responsable de un brote que acabó con la vida de 53 usuarios, un tercio del total de residentes. La Xunta niega las acusaciones y la empresa propietaria de esa residencia asegura que la carta se redactó "en un contexto de crisis".

La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias ha vuelvo a ampliar la denuncia del 31 de marzo y ampliada el 25 de mayo sobre las residencias de la Comunidad de Madrid. Dicha denuncia tiene su motivo en los presuntos delitos por omisión de socorro en las residencias y en los incumplimientos de las órdenes ministeriales por parte del Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso.

Javier Garzón de Marea Residencias: “Una de las cosas dolorosas fue comprobar la mala disposición de las empresas que controlan los centros para facilitar los medios que requería una situación tan grave. Hubo muchas muertes indignas en las residencias”,afirma con un poso inevitable de amargura. La esperanza en la justicia es lo que le mantiene en el camino de obstáculos que ha empezado a recorrer junto a cientos de afectados –familiares, usuarios, trabajadores y amigos–. El primer paso ya está dado: la tramitación de querellas en los tribunales

Un empresario del sector sanitario privado en Madrid y otro de la patronal de residencias han confirmado este viernes lo que ya se conocía por investigaciones periodísticas desde hace meses: a los mayores de residencias de Madrid se les denegó la asistencia sanitaria para evitar el colapso de los hospitales, la medicalización de las residencias es un invento de la Comunidad de Madrid y quien tenía más dinero pudo salvarse.

Un macrobrote de coronavirus de, al menos, 72 nuevos positivos se ha detectado en la residencia de estudiantes Ausiàs March de València. Según ha podido confirmar Levante-EMV, se trataría del segundo gran brote de covid-19 en una residencia de estudiantes en la ciudad después del detectado en el centro Galileo Galilei, donde la policía sigue investigando la celebración de tres fiestas ilegales en las que ya se han identificado a más de 200 participantes. Los residentes deberán permanecer en aislamiento durante un periodo de mínimo diez días.

María José Alarcón, representante de la plataforma Afectados BB Serveis, una red de residencias que está siendo investigada, no fue menos crítica. “Deben pedirse responsabilidades tanto políticas como penales. Las administraciones no atendían adecuadamente a los ancianos y las residencias, tampoco”, subrayó.

Las trabajadoras de las residencias de Gipuzkoa han vuelto a salir a la calle. Son ya 245 jornada de huelga, en un conflicto que se prolonga dos años y medio. Coincidiendo con la jornada de paro, las trabajadoras de las residencias de Gipuzkoa han llevado a cabo concentraciones frente a los ayuntamientos de 10 localidades, al mismo tiempo que representantes de los sindicatos ELA y LAB han registrado un escrito interpelando a la Diputación en 29 municipios que cuentan con residencias de ancianos.

El titular del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha citado a declarar como imputada a la directora de una residencia de ancianos de la Comunidad de Madrid por no derivar a una paciente de COVID-19 al hospital y que falleció en el centro por la enfermedad. Es la primera vez que un juzgado cita como investigada a la directora de una residencia por la muerte de una anciana. Se trata de Rosa María Mayor, responsable de la Gran Residencia, situada en el barrio de Carabanchel, a la que se le imputa un delito de homicidio.

El grupo Casablanca, del que depende la residencia Casablanca Valdesur, reconoce ahora que "han detectado algunas anomalías en la selección de las personas vacunadas de Covid19 no residentes" en ese centro de mayores, después de que elDiario.es desvelase que a lo largo de la inmunización producida este martes se introdujo a familiares de trabajadores en el plan de vacunación. Rel: www.meneame.net/story/residencia-concertada-comunidad-madrid-cuela-fam

Una de las dos personas de la residencia de mayores Vigor, en el municipio de Becerril de la Sierra (Madrid), hospitalizadas en estado crítico ha fallecido, lo que eleva a doce el número de víctimas mortales este mes en la residencia como consecuencia del coronavirus.En la residencia han fallecido cinco personas y en el hospital siete -seis en el de Collado Villalba y uno en la Jiménez Díaz, en Madrid capital-. Los primeros casos detectados en este centro privado fueron dos trabajadoras que dieron positivo el 7 de enero.

El brote de Covid-19 declarado en la residencia de mayores Novo Sancti Petri de Chiclana hace más de dos semanas ha afectado ya a 79 residentes, de los cuales 22 han fallecido, mientras que 24 trabajadores han dado positivo hasta el momento, según los datos comunicados por la Junta a este medio. Desde el SAS se recuerda además que dicha residencia se encuentra medicalizada por la Junta desde hace 11 días.

El Ayuntamiento de la localidad ciudadrealeña de Villahermosa ha comunicado sobre las 21 horas de este miércoles que tras las pruebas PCR realizadas este martes de forma masiva a los residentes y trabajadores de la residencia del pueblo, 33 residentes y 4 trabajadores han dado positivo por Covid-19. Se da la circunstancia de que hace una semana, el 27 de enero, todos ellos recibieron la segunda dosis de la vacuna anti covid, según informó ese día el propio consistorio.