Ello se debe a que si bien Andalucía conquistó aquel día de 1980 su derecho a ser reconocida como una autonomía de primera división, equiparándose jurídicamente a Cataluña, el País Vasco y Galicia, el Estatuto consensuado luego por UCD, PSOE, PCE y PSA-PA careció de competencias para las transformaciones necesarias y nunca los sucesivos gobiernos de la Junta, siempre del mismo partido, quisieron que Andalucía jugara en la división a la que tenía derecho -la de las nacionalidades- sino en la inferior -la de las regiones-.