La batalla entre el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y Cristóbal Montoro llega a su fin. En el auto en que confirma el procesamiento de Carles Puigdemont y el resto de implicados en la causa sobre el 'procés', el magistrado ha querido zanjar la polémica suscitada a raíz de las declaraciones del titular del Ministerio de Hacienda sobre la financiación del referéndum del 1-O. Tras comprobar la documentación remitida, el juez concluye que a Montoro le engañaron con las facturas.

El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha decidido dividir la causa del ‘procés’ en dos a las puertas del juicio oral por el desafío independentista de Cataluña. Según avanzan fuentes jurídicas a El Independiente, el instructor del Alto Tribunal dictó el pasado miércoles una resolución donde acordó la apertura de una nueva pieza separada donde se continuarán tramitando las diligencias relacionadas con los siete fugados del ‘procés’

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena advierte Alemania que no cometa el mismo "error" de interpretación que la belga con el proceso de extradición de Carles Puigdemont. El magistrado ha enviado una carta a la justicia alemana para que tenga en cuenta que el orden de procesamiento del 21 de marzo ya prevé una orden de detención de Carles Puigdemont en territorio español e ingreso en prisión.

El juez del Supremo escribe a la fiscal jefe del tribunal alemán que tiene pendiente pronunciarse sobre la entrega de Puigdemont. Llarena reitera que el auto de procesamiento que sustenta la euro–orden es "equiparable" a una orden de detención nacional, en contra del criterio belga.

Isabel Aranda, fiscal sustituta de Terrassa (Barcelona), ha compartido en sus redes sociales un montaje del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, en el que el magistrado que instruye el caso del referéndum del 1-O aparecía con la cara totalmente roja con una mano marcada.

La grave derrota de la vía creativa de Llarena en materia de rebelión no le augura, todavía, mejor suerte en el tema de la malversación, tema que sigue pendiente, según los jueces, “a pesar del contenido contradictorio del material facilitado por las autoridades españolas”. Los jueces apuntan que “con arreglo al derecho alemán, una investigación sobre la sospecha de este delito podría tener un resultado bastante dudoso”.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha vuelto a denegar la petición de libertad presentada por el consejero Quim Forn, ya que cree que se mantiene el riesgo de fuga y que éste podría cometer reiteración delictiva. Además, sin embargo, destaca una carta que el político independentista catalán hizo público, donde mostraba su apoyo a los Comités de Defensa de la República (CDR), donde los incitaba a resistir y mantenerse firmes.

El tribunal alemán de Schleswig-Holstein pide a Llarena el escrito de Montoro dónde explica porque dijo que no se utilizó "ni un euro" de fondo públicos para financiar el referéndum.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dado dos días a los catorce miembros del Govern cesado que han sido procesados -entre ellos Puigdemont y Junqueras- para pagar la fianza de responsabilidad civil fijada en 2.135.948 euros. En caso contrario, el juez avisa en su providencia de que procederá a embargar sus bienes para cubrir las cantidades reclamadas.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa contra el proceso independentista en Cataluña, ha comunicado al tribunal alemán que debe decidir sobre la entrega de Carles Puigdemont porque el auto en el que se dicta el procesamiento de este y otros 24 imputados ya es firme, de manera que "la decisión de buscar y detener e ingresar en prisión" al expresidente catalán continúa "ejecutiva y vigente".

La decisión de la justicia alemana ha caído como una auténtico jarrón de agua fría al Tribunal Supremo. La decisión alemana de extraditar al presidente Carles Puigdemont por malversación, pero no por rebelión, ha sido un nuevo varapalo del juez Pablo Llarena, que ahora se inclinaría para retirar la eurooden

El tribunal alemán incluye una recomendación: los jueces alemanes le dicen a su colega español Pablo Llarena que debe moderarse cuando se enfrenta a lo que define como “conflictos políticos”. “El trasfondo es que, por un lado, en un estado democrático la utilización del derecho penal debe restringirse ante los conflictos políticos por razones de ámbito constitucional”. . “Y por otro lado -concluye el tribunal- los derechos individuales y su relación con el Estado y sus instituciones deberían ser más difíciles de influenciar”.

La decisión del juez de la Audiencia Nacional Pablo Llarena de rechazar la entrega del president en el exilio, Carles Puigdemont, a España, y de retirar todas las euroórdenes contra los exiliados, está teniendo un gran impacto mediático internacional. Los principales medios se hacen eco de ello y remarcan el golpe que representa para la Justicia española. Emisora británica BBC "Caso catalán: España retira la orden de arresto contra Puigdemont"

Los diputados catalanes que fueron suspendidos de cargo público por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dejaron de percibir su sueldo como parlamentarios de la Cámara catalana el pasado 13 de julio, ha explicado la portavoz del Govern, Elsa Artadi, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

La última espantada del juez Llarena, retirando no solo la Orden Europea de Detención y Entrega cursada a Alemania en contra de Puigdemont, sino también la existente en contra de Ponsati en Escocia, las inexistentes contra Comín, Serret y Puig en Bélgica, así como la orden internacional de detención cursada a Suiza en contra de Marta Rovira, pone en evidencia tanto el talante de dicha persecución como el escaso rigor técnico de quien las había cursado.

Pablo Llarena ha negado de manera categórica que la justicia española esté politizada. Cree que son totalmente injustas las conclusiones que se han extraído de sus autos, sobre todo las que hacen referencia a la causa contra el proceso. El magistrado del Tribunal Supremo reconoce, sin embargo, que tener una ideología determinada es bueno para interpretar mejor las leyes.

Una veintena de miembros de los CDR acosó anoche al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que lleva la causa del proceso. Los hechos sucedieron en un restaurante de Palafrugell, donde el juez cenaba con el exministro del Interior, Alberto Fernández Díaz y sus mujeres.

El juez del Tribunal Supremo encargado de la instrucción de la causa del referéndum ilegal de independencia del 1-O, Pablo Llarena, tuvo que salir escoltado a la carrera anoche de un restaurante de Palafrugell (Gerona), donde este sábado por la noche había ido a cenar con el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, y sus respectivas esposas

La Policía Nacional ha detenido a una de las personas que participaron en la concentración del pasado fin de semana en un restaurante de Mont-ras dónde estaba cenando el juez Pablo Llarena. Según la policía, el arrestado es vecino de Palafrugell y quedará en libertad una vez le hayan tomado declaración en la comisaría de La Verneda de Barcelona, donde ha sido trasladado.

Traducido al asunto de Carles Puigdemont, el principio de especialidad garantizaría que si éste fuera entregado LLarena no podría procesarle por los delitos de rebelión y sedición.

El magistrado instructor de la causa por rebelión en la que está procesado Carles Puigdemont, Pablo Llarena, ha pedido por primera vez amparo al Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Lo ha hecho por la demanda civil interpuesta en Bélgica por el expresidente catalán y sus exconsejeros prófugos de la Justicia española.

El juez Pablo Llarena, instructor de la causa contra el presidente Carles Puigdemont, cree que la demanda contra él es un ataque contra la soberanía española

La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces debate este jueves la solicitud de amparo del magistrado del Supremo. Llarena pide amparo por el "ataque planificado, grosero y fraudulento" de la demanda en Bélgica

l CGPJ pide a la Abogacía del Estado que defienda a Llarena en Bélgica y que se asuman las costas si es condenado.. Este apoyo supone solicitar a los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores que actúen a través de la Abogacía del Estado"para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante la demanda civil presentada contra el juez.