Los expertos aseguran que este ‘modus operandi’ «no se justifica a estas alturas» e infringe los principios de servicio efectivo a los ciudadanos

Superada la pandemia, se suponía que se superarían también sus peculiaridades, pero aún quedan instituciones que han visto abrirse el cielo con eso de la cita previa y la mantienen contra viento y marea.

Todas las formas de agenda se pueden abrir, cerrar o eliminar sus contenidos cuando queramos. ¿Sí o no? Sí, claro. Y también las de los organismos públicos, que se cierran o se abren por decisión de un funcionario, como si fuera «su» agenda privada.

Una vez pasada la excepcionalidad sanitaria derivada de la pandemia, ¿existe alguna norma que permita a las administraciones públicas imponer una cita previa obligatoria como lo están haciendo? No; y no solamente no la hay, sino que las que hay dicen lo contrario. Partiendo de la norma suprema, la Constitución, esta obliga a la Administración a servir con objetividad a los intereses generales. Y como ha recordado el Tribunal Supremo, «el interés general o público pertenece y beneficia a los ciudadanos, no a la Administración como organización.

El titular del Ejecutivo gallego señaló que durante el covid pudo ser necesario aplicar con «toda a intensidade» la cita previa obligatoria, pero «non tiña sentido mantela».

Mapeamos con un robot el acceso a la Seguridad Social buscando cita tres veces al día durante dos semanas: en 43 de las 414 oficinas abiertas no había ninguna para gestionar pensiones, la cifra sube a 63 de 394 para IMV. Y, cuando sí la hay, la mitad de veces es para, como mínimo, dos semanas más tarde. En 43 de las 414 oficinas abiertas de la Seguridad Social fue imposible encontrar cita durante esos 14 días para gestionar pensiones, la cifra sube a 63 de 394 cuando hablamos del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

La Policía Nacional ha desmantelado un grupo criminal con ramificaciones en Barcelona y Tarragona que bloqueaba el sistema de citas online de Extranjería mediante un bot informático. Gracias a este sistema automatizado conseguía las citas disponibles para revenderlas posteriormente , a pesar de ser un trámite gratuito. Casi un centenar de personas involucradas en la organización, 69 de las cuales han sido arrestadas.

Los ciudadanos extranjeros se veían obligados muchas veces a pagar entre 30 y 200 euros por una cita

Feijóo además de superar a Rajoy en discursos surrealistas, no resiste a ningún archivo. Existen mínimo 5 discursos criticando a Pedro Sánchez por cosas que el ya hizo previamente.

El guarda de seguridad para los pies a todo aquel que quiera acceder al edificio sin cita previa e informa de lo que sabe como buenamente puede. En la oficina del Instituto de la seguridad Social (INSS) de Torrent (donde se realizan las imágenes de este reportaje) o en cualquier otra de la Comunitat Valenciana o de otra autonomía. El servicio es estatal y la orden de impedir la entrada libre al edificio, también lo es.

Se acabó tener que pedir cita previa para realizar algún trámite. El Govern ha anunciado hoy que eliminan la obligatoriedad instaurada en varios servicios durante la pandemia de coronavirus. Ahora se podrá acudir directamente a la administración sin tener que agendar una visita previamente para ser atendidos. Otra de las medidas anunciadas es la gratuidad del teléfono de información ciudadana 012 de la Generalitat, que asumirá el coste del servicio, entorno a los 1,2 millones de euros. El 061 se mantiene de pago porque es competencia del Estado

Ambos suman varias órdenes de detención previas por hechos similares. Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito madrileño de Moncloa a un padre y a su hijo como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza en una obra y atentado a agente de la autoridad ante el intento de atropello de los funcionarios de la seguridad pública. Quedaba aun por arrestar al segundo implicado que había logrado huir, pero fue detenido al día siguiente. Se trata de un padre y de su hijo, miembros de un clan familiar.

Si bien de puertas hacia afuera se ha rechazado este modelo de gestión, lo cierto es que la administración pública ha gastado varios millones en contratar al líder mundial de este sector, Qmatic, y a la empresa que gestiona los contact centers, Ibermática, investigada por manipulación de contratos públicos.

La cita previa obligatoria bloquea servicios básicos y se ha convertido en un cuello de botella para acceder a la Administración.