El tema es confuso...por un lado esta la obligación de prevenir riesgos laborales pero por otra todo trabajador tiene que garantías del uso que se va a dar de sus datos en relación al resultado del test de coronavirus. ¿Qué creéis que deberían hacer las empresas?

Rechazar cookies de 1€ es la forma de aplicar la GPDR de un diario español. Llevándote a suscribirte al diario para no tener publicidad. Habrá que ver que piensa la AEPD del tema.

Casi todos de nosotros habremos visto alguna vez anuncios de trabajos fáciles de llevar a cabo desde casa, como ensobrado de cartas o montaje de pequeñas piezas. Los anuncios eran una “ganga”, trabajas sin horarios y según tu disponibilidad, además de prometer grandes ingresos. Son técnicas utilizadas desde tiempos remotos para engañar a personas desesperadas por conseguir un puesto de trabajo en la difícil situación que vivimos.

El derecho fundamental de autodeterminación informativa, término acuñado por una Sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán en 1983, reconoce al individuo la capacidad de determinar qué información personal puede difundirse y cuál queda íntimamente reservada o excluida del conocimiento de los demás, así como la competencia irrenunciable de conocer, vigilar y decidir el destino y tratamiento de esa información.

No será de aplicación para los empleados públicos la sentencia del Constitucional que avala el uso de cámaras sin consentimiento en una empresa privada para comprobar malas prácticas

El Tribunal Supremo ha condenado a Las Provincias TV y a la promotora Arroba Creations a pagar 50.000 euros a una mujer que firmó un contrato con ellas para que usaran imágenes eróticas suyas pero que más tarde revocó su autorización, sin que las citadas empresas cesaran en la divulgación del material. El alto tribunal señala que el derecho a la propia imagen supone que la mujer tenía la facultad de revocar ese consentimiento al margen del contrato.

Los vientos de cambio político que soplan desde mediados de 2015 en varios de los ayuntamientos más importantes del país se encuentran con una barrera: la de los policías locales. Acostumbrados a años de gobiernos de talante más conservador, a ciertos sectores de estas instituciones les cuesta enfrentar cambios que a veces van contra la tradición y otras veces rozan el límite de la legalidad.

Sobre la brecha salarial y la manipulación que los medios de comunicación y los políticos hacen sobre este tema. Mediante estadísticas oficiales y el análisis de las leyes que regulan los salarios y los convenios, se nos da una idea más clara sobre este asunto.

La jefa de Compras de Podemos...

Una investigación de Meta ha identificado a empresas privadas de todo el mundo que utilizan cuentas en sus plataformas para vigilar y hackear a todo tipo de objetivos, desde periodistas a opositores políticos. El anuncio revela que la vigilancia masiva del sector privado tiene una escala nunca vista. Se trata de periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas, disidentes, clérigos, figuras de la oposición política y sus familias. Siete empresas [cuatro de un mismo país] llevan a cabo vigilancia ilícita.

La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como “solo sí es sí”, aprobada el pasado 26 de mayo en el Congreso, incorpora la figura del cómplice y fija una “multa de uno a tres meses a quien, habiendo recibido las imágenes o grabaciones audiovisuales a las que se refiere el párrafo anterior las difunda, revele o ceda a terceros sin el consentimiento de la persona afectada”.

Noelia Núñez.- Los 1.283 goles de Pelé están guardados a cinco grados bajo cero. No en el Polo Norte, pero casi. El mejor sitio para almacenar el legado de O rei y de los jugadores brasileños se halla en el interior de una montaña helada, en el archipiélago de Svalbard, Noruega. Aquí, un nuevo e insólito almacén creado por la empresa tecnológica Piql se ofrece a preservar la historia de la humanidad, aunque por el momento el ofrecimiento es algo pretencioso. Lo han bautizado como el Archivo Mundial del Ártico y desde marzo de 2016 su fundador,

En agosto de 2020, la empresa Glovo fue multada con 25.000 euros, pero esta vez, el asunto no tenía nada que ver con los riders. Y es que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) le sancionó por no tener un delegado de Protección de Datos (DPO) al que dirigir las reclamaciones. Hay que recordar que esta figura, que puede ser una persona física o jurídica, viene establecida en el artículo 37 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). El fallo del recurso administrativo 1439/2020 fue dictado el 18 de noviembre de 2022.

El Reglamento General de Protección de Datos, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 4 de Mayo de 2.016 ("Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE"), trae consigo un giro copernicano de la Protección de Datos Personales tal y como la hemos conocido hasta ahora

El comienzo de la Desescalada ha reflotado una de las principales preocupaciones del siglo XX con la llegada de las tecnologías: la protección de datos. ¿Hasta qué punto puede el gobierno controlar o no nuestros movimientos o datos personales mediante el uso de las nuevas tecnologías? Estos sistemas deben cumplir una serie de requisitos para poder implantarse, sea el motivo que sea el que los justifique.

El director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEDP), José Luis Rodríguez Álvarez, ha asegurado que "la normativa de protección de datos no impide publicar datos de morosos" con la Hacienda Pública, en relación con una de las medidas contra el fraude fiscal incluidas en el anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley General Tributaria —incluida en la reforma fiscal que entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2015—.

Desde el 4 de abril, en la pagina de entidades certificadoras de Delegados de Protección de Datos (dPD) o DPD en inglés, que gestiona la Agencia Española de Protección de Datos ya no figura AENOR, al cumplir su acreditación provisional por un año y no lograr la definitiva. El asunto afecta directamente a 103 delegados de Protección de Datos, certificados por esta entidad, por lo que, en estos momentos, dicha acreditación no tendría validez legal.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto actuaciones previas de investigación ante el posible acceso ilícito a bases de datos estatales para la creación del denominado censo electoral catalán tras recibir una denuncia de un ciudadano. Los hechos denunciados podrían implicar la existencia de conductas contrarias a la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) en relación con ficheros y tratamientos sometidos a la competencia de la AEPD.

La Agencia de Protección de Datos ha recibido un 33 por ciento más de reclamaciones desde que entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos europeo, una subida que asociaciones de usuarios y consumidores valoran positivamente, aunque creen que todavía queda mucho por hacer. Desde el 25 de mayo, cuando entró en vigor el reglamento, al 3 de septiembre, la agencia recibió 3.740 reclamaciones por uso fraudulento de datos, por las 2.799 en el mismo periodo del año pasado. La normativa otorga mayor control al usuario sobre sus datos

El Reglamento General de Protección de Datos, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 4 de Mayo de 2.016 ("Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE"), tra

El próximo mes de mayo entra en vigor el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), una normativa que incluye la creación de una nueva figura: el delegado de protección de datos (DPO). "Será el encargado de asesorar sobre todos los asuntos en materia de protección de datos". Este nuevo cargo deberá también supervisar el cumplimiento de la normativa aplicable y, si se diese el caso, cooperar con las autoridades y actuar como punto de contacto en caso de que se plantee alguna cuestión relacionada con la privacidad.

Es la mayor multa de la Agencia Española de Protección de Datos, con 6 millones de euros. Un mes después de sancionar al BBVA, la AEPD multa a Caixabank con varias sanciones relacionadas con el uso indebido de los datos.

Todas las empresas (sea cual sea su número de empleados) están obligadas a realizar el registro retributivo. La Audiencia Nacional ha sentenciado que a la hora de cumplir esa obligación no cabe escudarse en la normativa de protección de datos para no facilitar los datos retributivos (SAN 23 de febrero de 2023). En su sentencia, estima la demanda interpuesta por los sindicatos y declara la obligación de la empresa demandada a facilitar los datos retributivos en los supuestos en donde exista 1 o 2 personas trabajadoras en alguno de los sexos (al