Este viernes el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha adjudicado por un procedimiento de emergencia, lo que supone una adjudicación a dedo, un contrato al grupo Quirón para realizar encuestas para seguimiento de casos e identificación de contactos COVID-19, por un importe de 194.223 euros durante tres meses. De esta forma, la Comunidad saldó una semana de polémicas tras pedir rastreadores voluntarios y de que la propia Andradas reconociese que se habían encontrado dificultades “de cubrir los puestos ofertados".

Según se ha hecho público y así figura en el portal de contratación pública, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado un nuevo contrato para el seguimiento de casos e identificación de contactos de pacientes con COVID-19. La adjudicación realizada por vía de emergencia, sin publicidad y fechada el pasado viernes 7 de agosto, tendrá una duración de tres meses y un importe máximo de 194.223,15 euros.

El último informe epidemiológico del Ministerio de Sanidad sitúa la cifra de positivos asintomáticos en Madrid en un 78,4%, casi siete puntos más que la media nacional (71,2%). De los 8.342 nuevos casos registrados en los últimos 14 días en la región, sólo 1.807 han presentado síntomas

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha dicho en declaraciones Onda Madrid que le "sorprende el doble rasero" que se tiene cuando la Comunidad de Madrid utiliza la colaboración público-privada y cuando lo utilizan otras comunidades", ante las criticas suscitadas por la contratación de 22 rastreadores con el Grupo Quirón,

¿Cómo un gobierno autonómico puede reconocer en un documento oficial del 10 de agosto que es que ya no le da tiempo a formar a su gente como rastreadores?

La polémica adjudicación de casi 200.000 euros públicos por parte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso a la empresa Quirón continúa trayendo cola. Ayer ‘la SER’ adelantó que la empresa ofertó en Infojobs varias plazas para realizar las labores de rastreo, a pesar de que el acuerdo no se había oficializado.

1. Ignorar el listado de 1.700 médicos voluntarios del Icomem 2. Justificar el contrato alegando que no tenéis tiempo para formar al personal 3. Cubrir el déficit de rastreadores con voluntarios

Los 422 rastreadores con los que cuenta la Comunidad de Madrid supondrían uno por cada 15.000 residentes. Según los estándares internacionales, se recomienda contar con un rastreador por cada 5.500 habitantes.

La falta de rastreadores continúa siendo un problema para la Comunidad de Madrid. Después de que este lunes se conociera la noticia de que el Gobierno de Ayuso decidió privatizar el sistema de rastreo contratando al grupo Quirón para dicha labor por un valor de 194.000 euros, ahora, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha contactado con las mutuas para buscar "alguna colaboración".

El epidemiólogo Fernando García López insiste en que a ese equipo, como a cualquier otro que fuera contratado, "hay que formarlo". Y lamenta que, con el recurso a la privada, se pierda la coordinación entre la atención primaria y Salud Pública, "uno de los pilares fundamentales del Servicio Madrileño de Salud", destaca. Similares argumentos emplea Miguel Ángel Sánchez Chillón, presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Ve "sorprendente" que Madrid vaya a "parchear" la ausencia de rastreadores con esta externalización del servicio, cuando a…

¿Cómo un gobierno autonómico puede reconocer en un documento oficial del 10 de agosto que es que ya no le da tiempo a formar a su gente como rastreadores?

La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública ha criticado la "política del engaño" llevada a cabo por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al asegurar que en Galicia se disponen de 6.180 rastreadores al incluir en esta lista a profesionales de Salud Pública, Medicina Preventiva y Atención Primaria. SOS Sanidade Pública ha denunciado que estos profesionales desconocen que "ya son rastreadores" de Feijóo y "no recibieron ninguna comunicación de cómo actuar en estos casos concretos".

La estrategia de reclutamiento de rastreadores del Gobierno de la Comunidad de Madrid salta de problema en problema. Si el primer motivo de polémica fue la decisión del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de recurrir a una empresa sanitaria privada, Quirón, para gestionar la puesta a disposición de operarios para esta tarea a cambio de 200.000 euros después de haber racaneado en la incorporación de rastreadores durante semanas, la controversia ha surgido ahora por su maniobra de requerir también a las mutuas de accidentes de trabajo.

Ahora los rastreadores. Ayuso debería privatizar Madrid de golpe. Este reparto trocito a trocito entre los amiguetes es muy lento.

El Gobierno de Ayuso contacta ahora con las mutuas para que sus trabajadores puedan hacer seguimiento de la COVID-19 tras recurrir a privatizaciones, personal municipal y voluntarios para reclutar controladores de la pandemia

Isabel Díaz Ayuso responde a El País, acerca de la noticia, publicada hoy, de cómo la CAM rechazó los 100 rastreadores y los 16 centros: "Rotundamente falso. Ni ha habido plan ni se ha rechazado. Y la interlocución con el Ayuntamiento es total". Miguel Montejo, concejal del Ayuntamiento de Madrid, le replica: "¿Me puede decir entonces señora Presidenta a qué se refería la Delegada de Seguridad y Portavoz del Ayuntamiento de Madrid cuando me contestó esto en comisión del Ayuntamiento al preguntarle por el papel de Madrid Salud?".

Las comunidades autónomas aseguran tener diez veces más rastreadores de los que reconocen al Ministerio de Sanidad. Según la suma de los trabajadores de vigilancia epidemiológica que han anunciado, en la actualidad cuentan con casi 20.000 profesionales realizando las labores de rastreo de covid-19, una cifra que difiere mucho de los 1.972 reflejados en el último informe publicado por el organismo que dirige Salvador Illa, que se elabora con datos proporcionados por las propias autonomías.

La Seguridad Social continúa sin pronunciarse sobre la iniciativa de la Comunidad de Madrid de requerir a trabajadores sanitarios de las mutuas de accidentes de trabajo - entidades colaboradoras dependientes de la Seguridad Social- para realizar la crítica tarea de seguimiento de los contactos de contagiados por Covid-19 más de una semana después de recibir la carta de la Consejería de Sanidad en la que se le anunciaba la iniciativa, a escasas horas del inicio de la formación programada por las autoridades sanitarias madrileñas (...)