La PAH “prepara escritos para instar a la Fiscalía a que recurra,porque ellos sí pueden,para poder así llegar al Tribunal Supremo. Le haremos ver todos los perjuicios que ha tenido para los adjudicatarios e inquilinos de estas viviendas”. La Pah no cree que esta sea una cuestión solo de esas 1800 familias,sino que “nos atañe a toda la ciudadanía. El parque público de vivienda que teníamos en Madrid en 2013 era escaso y ahora es moribundo debido a esta venta”. Aun así, es complicado que esta vía prospere. “La Fiscalía en este caso..

¿Quién decide qué es derrochar dinero público? ¿El Alcalde? ¿Y desde cuándo utilizar los mecanismos del Estado de Derecho supone derrochar el dinero no solo del Ayuntamiento,sino de la Administración de Justicia?. No parece razonable pensar que elevar un caso al Tribunal Supremo sea un derroche,cuando ese tribunal y tantos otros están investigando,juzgando y muchas veces condenando la corrupción del PP. Que nadie olvide que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid acordó instar al actual gobierno municipal a presentar un recurso,y que si no lo hacen

Dentro de lo malo, lo menos malo. Este es el sentir general del sector financiero tras conocer las últimas medidas anunciadas el pasado jueves por el Banco Central Europeo (BCE). La banca auguraba un recorte más de tipos que no llegó y el endurecimiento de la facilidad de depósito de 10 puntos básicos se quedó por debajo de lo previsto. Las medidas no fueron buenas para el sector, pero sí menos opresivas dentro de un escenario de tipos bajos que lleva más de tres años presionando a la baja su rentabilidad.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado un recurso de casación contra la decisión de la Audiencia Provincial murciana de exonerar al expresidente de esta Comunidad Pedro Antonio Sánchez del caso de corrupción denominado Pasarelas por superar la juez en dos días el plazo establecido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para investigar, según adelantó La Verdad de Murcia y ha confirmado a Vozpópuli una portavoz de la Fiscalía General del Estado, que no ha facilitado una copia del escrito.

La Junta Electoral decidirá el próximo día 3, coincidiendo con los días en los que el Gobierno pensaba celebrar el debate de investidura si cierra el acuerdo con ERCPP y Ciudadanos quieren que se inhabilite a Torra sin esperar a que la condena sea firme echando mano de una norma pensada para evitar que los afines a ETA entrasen en las instituciones

La participación por vía telemática en el Consejo de Ministros creaba un escenario de eventual inseguridad jurídica, observaban desde el departamento de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, poniendo en riesgo los acuerdos que se adoptaran. Un escenario preocupante, tratándose de una reunión que debía formular una medida extrema como decretar el Estado de Alarma, que supone de facto la suspensión de derechos constitucionales. En el peor de los casos, podría abrir una brecha que convirtiera los acuerdos en recurrible.

De 100 euros de multa hasta 600.000. E, incluso, la posibilidad de acabar en prisión por un plazo de tres meses. Esas son las consecuencias contempladas por las leyes de seguridad ciudadana, la de salud pública, la de protección civil y el Código Penal. En sus textos se apoya el real decreto que regula el estado de alarma vigente con el que se pretende atajar la pandemia de coronavirus mediante una severa cuarentena.

Macarena Olona denuncia que el Gobierno ha cometido un presunto fraude de ley para evitar límites

Miles de pacientes que utilizan en España el cannabis como una medicina para aliviar sus dolencias y mejorar su estado de salud se han quedado sin acceso a su remedio, salvo el que ofrece el mercado negro de quienes trafican con esta sustancia. Por eso, asociaciones como la Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis (UPRC) piden que se permita la apertura controlada de los 1.600 clubes de usuarios existentes en España, cerrados a causa del Covid-19, para que puedan suministrarlo como un bien esencial para la vida de estos pacientes.

Y nos presentan el rosario de detenciones acompañadas por las multas que luego se recurrirán como si hubiesen trincado al tuerto mulá Omar escapando de las cuevas de Tora Bora cabalgando sobre un Vespino y con Bin Laden de paquete. ¿No estaremos exagerando? Esos espabilados versos sueltos que se escaquean del rigor gubernamental no me agreden pues sospecho que a nadie pueden contagiar, pero me asombra las maldiciones y los insultos que recogen desde diversos ámbitos.

María Salmerón, la mujer sevillana maltratada condenada por desobediencia al incumplir la custodia compartida de su hija con el padre de ésta, condenado a su vez a un año y nueve meses de cárcel y a alejamiento por malos tratos, ha recurrido la sentencia que la obligaría a entrar en prisión. "Iré donde sea necesario, al Constitucional, a Estrasburgo o a Naciones Unidas, para que se haga la justicia que aquí no he tenido", recalca, tras hacer referencia a los 20 años de lucha en los que "el maltratador es quien ha tenido todos los privilegios".

“No lo podemos consentir. Vamos a recurrir sí o sí, el Gobierno está tomando medidas contra nuestro sector y sin tener evidencias de que vayan a ser útiles”, ha señalado en declaraciones a Efeagro este viernes el presidente de la entidad, José Luis Yzuel. Ha recordado, asimismo, que los recursos presentados por los hosteleros en varias comunidades contra algunas de las restricciones aprobadas han recibido el respaldo de la Justicia -aunque sea de forma cautelar-, como Aragón o País Vasco.

López ha subrayado que son “muy buenos altavoces para generar responsabilidad “no solo en el ejercicio de sus ministerios sino en sus actividades religiosas.

El Alto Tribunal alega que los partidos no están legitimados para recurrir decisiones del Gobierno que no tienen que ver de forma directa con su actuación o funcionamiento

Las cifras de hospitalizados y UCI en la red privada muestran una situación holgada que contrasta con la pública. Según el Ministerio de Sanidad, en la Comunidad de Madrid hay 3.813 pacientes hospitalizados con covid-19, que ocupan el 24,93% de las camas. En la UCI, según Sanidad, hay 436 ingresados, lo que supone ocupar un 38,28%. Estos porcentajes de ocupación globales, 24,93% y 38,28%, son marcadamente superiores a los de los hospitales privados, tomando el dato de ASPE: 4,41% y 11,1%. InfoLibre ofrece este artículo en abierto.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado las medidas y ha anunciado en la Asamblea regional que recurrirá la resolución en los tribunales. Esta mañana, en una entrevista, ha afirmado que el Consejo Interterritorial no puede "imponer nada y menos de esta manera" por lo que están estudiando con el abogado de la Comunidad de qué manera hacen las cosas "correctamente".

"Por supuesto que desde el Ayuntamiento de León no nos planteamos, ni siquiera se nos pasa por la cabeza el poder recurrir ninguna de estas normas o medidas que se han dictado desde el Ministerio"

Los fiscales del Alto Tribunal afean a García Castellón que recurra a “valoraciones que no se revelan lógicas sólidamente” para atribuir al vicepresidente segundo el delito de denuncia falsa en el caso del robo del móvil de su colaboradora Dina Bousselham

'Policías por la libertad', un movimiento compuesto por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que cuestionan las restricciones frente a la covid que ellos mismos deben cumplir y hacer cumplir.

El eurodiputado y portavoz de Vox, Jorge Buxadé, ha anunciado este lunes que el partido ha presentado un recurso contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de archivar las querellas presentadas contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por un presunto delito de prevaricación debido a su reunión del pasado mes de enero en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.