La reciente decisión de la Comisión Europea de activar por vez primera el “Mecanismo de Estado de Derecho”, establecido en marzo de 2014, con el objetivo de comprobar si en Polonia se están llevando a cabo ataques por parte del nuevo Gobierno a los valores consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, ha llevado a muchos a señalar que lo que se está produciendo en realidad no es sino una orbanización del país. Una transición hacia un modelo iliberal de democracia que ya está presente en Hungría. Pero ...

El presidente de la comunidad cántabra, Miguel Ángel Revilla, ha intentado acercarnos un poco más al tan a veces complicado mundo de la política de nuestro país. Además, ha reconocido que él mismo predijo hace tres años en un programa de televisión que este país sería ingobernable tras las elecciones del pasado mes de diciembre.

Leo y escucho esto, y no doy crédito: "Mientras gobierne el PP, Otegui no va a ser candidato a nada" ¿Quién es el señor Casado o el partido del señor Casado para establecer si Otegi puede o no ser candidato? Además, ¿a nada? ¿Tampoco a presidente de una comunidad de propietarios?. Otegi puede presentarse a lo que le dé la gana, salvo que un tribunal y por aplicación de una pena impuesta en una sentencia, ordene otra cosa. Y la fiscalía, además, debe obrar, como dice su estatuto, en defensa de la legalidad.

Más de 500 jueces y magistrados votaron a favor, en una encuesta interna promovida por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, de la despolitización de la carrera judicial reivindicando que sean ellos mismos, y no los partidos políticos, los que elijan a su órgano de gobierno en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a sus representantes.

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha sembrado dudas sobre el auto de la juez Rosa Freire que procesa al PP por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que Luis Bárcenas utilizaba en la sede del partido. Para el titular de Justicia, este auto tiene “contradicciones flagrantes” y “muchas debilidades”.

Críticas unánimes a los socialistas desde la oposición por haber "boicoteado" y "hecho trampas" para evitar que la propuesta de Podemos llegara antes. El PSOE-A, con mayoría simple, ha votado en contra de la de Podemos, que no se la ha devuelto por lo que la de los socialistas ha salido por unanimidad.

La fiscalía española se ha opuesto a la petición de dos acusaciones de que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, testifique en un macrojuicio por corrupción que afecta a ex altos cargos de su partido. Las acusaciones que solicitaron su comparecencia pusieron de manifiesto su puesto de Presidente del partido cuando sucedieron los hechos.

Parece que tendremos otra legislatura en manos de Mariano Rajoy, pero esta vez será diferente: el PP no cuenta con mayoría absoluta (solo tiene 137 diputados de los 176 que necesitaría), algo que no sucedía en su anterior Gobierno (contaba con 186 asientos en el Congreso). Esto significa que necesitará el apoyo de los diputados de otros partidos para la más mínima proposición de ley, por lo que el sueño de Rajoy de un Gobierno "estable" podría ser difícil de conseguir.

Responsabilizan a Dancausa de un "abuso de poder" porque "dio órdenes a las fuerzas policiales para proteger y apoyar a la inmobiliaria InmoGlaciar que acababa de cometer un delito de allanamiento, consolidando ese delito". Pero también "porque procedió al desalojo improcedente, sin ninguna orden judicial que lo respaldase y desobedeciendo el auto de un juez que meses atrás había denegado el desalojo del Centro Social". Y añaden que Dancausa ordenó la detención de 32 personas, quienes a día de hoy siguen sin conocer los cargos.

El fiscal general del estado, José Manuel Maza, recibió un escrito el pasado 14 de febrero aportado por la teniente fiscal Anticorrupción, Belén Suárez, en el que era advertido de que su candidato a la jefatura de esta Fiscalía especial, Manuel Moix, aparecía en una conversación grabada el verano anterior entre el supuesto líder de la organización criminal, Ignacio González, y el exministro Eduardo Zaplana, como el favorito para ocupar el cargo.

Lo cierto es que la Sala para gobernarlas a todas se creó sobre el papel, pero apenas tres meses antes de que Aznar fuera derrotado en las urnas y llegara Zapatero al poder. Con gesto suficiente, Enrique López López me respondió que él iba a ser presidente de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional que Michavila iba a crear. La nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional entra en funcionamiento en menos de un mes y toda una batalla de poder se libra en torno a ella.

El ministro de Justicia belga, Koen Geens, ha avisado este viernes de que la ejecución de la orden europea de detención que la Audiencia Nacional ha dictado contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont es un proceso que depende de las autoridades judiciales del país y que el Gobierno federal "no tiene rol" alguno que desempeñar en él.

Hay economistas como Santiago Niño-Becerra que consideran que el poder político no puede hacer nada frente al poder económico. Es decir, que todas las decisiones políticas que adopte el Gobierno o el Parlamento están dictadas de antemano por las grandes entidades financieras y las sociedades no financieras.

Si quedaba alguna duda sobre el ministro de Justicia, Rafael Catalá, por su dedicación preferente a proteger al Gobierno, el Grupo de Estados contra la Corrupción lo ha dejado claro. España presenta un cumplimiento globalmente insatisfactorio en dos temas clave: la independencia judicial y la corrupción. Es decir, al ministro le importa más proteger a Rajoy Brey y a los privilegiados veteranos del PP, que su propio negociado.

Recientemente, los principales medios de comunicación se hacían eco del último Informe GRECO (Grupo de Estados Contra la Corrupción) sobre Prevención de la corrupción con respecto a los miembros de Parlamento, jueces y fiscales. Creado en 1999 por el Consejo de Europa para supervisar el cumplimiento por parte de los Estados participantes (49 en total) de las normas y estándares anticorrupción, este grupo evidencia una realidad que hemos denunciado aquí en numerosas ocasiones: en nuestro país, la independencia del Poder Judicial

Partimos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Desde 1985, los 20 vocales que lo forman (12 jueces más 8 juristas) los elige el Parlamento, es decir, los políticos en reuniones de despacho. Y ello en contra del espíritu de la Constitución (STC 108/1986, 29/7, FJ 13), en contra de las recomendaciones del Consejo de Europa y en contra de lo que piden los jueces , juristas y periodistas .

«El Gobierno español no puede, por un lado, argumentar que actúa en nombre de la unidad de Europa y, por el otro, no respetar aquello que precisamente constituye Europa: unos estándares legales mínimos.»

Desde el 15M es muy frecuente comprobar que una buena parte de la población española está indignada con la clase política. Únicamente a ésta se le responsabiliza de los siguientes problemas: paro, corrupción, recortes en sanidad, educación y pensiones, precariedad, etc.

En algunos correos que los jueces se intercambiaron antes y después del 1-O se compara el independentismo con el nazismo y se critica a las asociaciones judiciales progresistas "El golpe de Estado se salda con vencedores y vencidos", asegura un juez antes de la DUI, mientras otro califica el 1 de octubre de delito de sedición "rayando la rebelión"

El PSOE asegura que "la distancia es un hecho" entre ambos porque quienes llevaron las negociaciones fueron ministros y los grupos parlamentarios socialista y popular. Esther Peña, portavoz socialista, pide trabajar por la independencia judicial y se felicita de que "la mayoría progresista se oiga por primera vez" en el órgano de control de los jueces. Marchena presidirá el Tribunal Supremo y el CGPJ, por lo que no redactará la sentencia del 'procés'

El Partido Popular ha decidido suspender la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, tras conocerse la renuncia de Manuel Marchena a presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo. Pero lejos de responsabilizar a su portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, por el WhatsApp en que afirmaba que se controlaría a la Sala Segunda del Supremo “por la puerta de atrás,”, aseguran que la culpa radica en la “irresponsabilidad del PSOE por filtrar el nombre de Marchena”, según fuentes de la dirección popular.

El político critica la fundada sospecha de que el poder político trata de inmiscuirse y condicionar el trabajo de los más altos magistrados, ante lo que propone cambiar el sistema de elección.

En el siguiente vídeo se explica de manera muy gráfica y sencilla la diferencia que hay entre una oligarquía de partidos estatales (España)y una democracia formal.