López del Hierro habló con el policía un día después de la reunión en el despacho de de Génova de la ex secretaria general del PP., según los últimos audios difundidos.

Dolores de Cospedal consultó y tuvo la aprobación de Mariano Rajoy tras la entrevista que mantuvo con el comisario Villarejo en la sede del PP. Así se lo confirmó al día siguiente de esa entrevista Ignacio López del Hierro a Villarejo: “Su jefe está de acuerdo en que se desarrolle esta línea de actuación”. Esta conversación tuvo lugar el 22 de julio, durante una llamada telefónica del marido de Cospedal al policía que hoy está en prisión por graves delitos, según informa hoy Moncloa.com.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde hace más de un año, aseguró a su socio Enrique García Castaño el 25 de octubre de 2005 que entre los trabajos que llevó a cabo a cargo de los fondos reservados del Ministerio del Interior estuvo la compra de una vivienda para el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, según consta en la grabación de la misma fecha a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

Una sentencia de 1990 de la Audiencia Provincial de Madrid involucraba a José Manuel Villarejo en un caso de manipulación de pruebas para la Iglesia de la Cienciología. El excomisario estuvo involucrado en un caso de coacción y manipulación de pruebas para "sacar de circulación" a una persona incómoda para la Cienciología. El caso, que podía haber destapado las malas prácticas de Villarejo, fue solventado gracias a sus apoyos en la Dirección General de la Policía.

José Manuel Villarejo estuvo haciendo trabajos para empresas del Ibex 35 hasta el mismo momento de su detención en la operación Tándem. Iberdrola contrató al comisario de la Policía Nacional en 2017 para que investigara los activos de una compañía con la que había tenido un litigio de 11,8 millones de euros. Por ese encargo, Villarejo facturó a Iberdrola Renovables al menos 84.700 euros el pasado ejercicio

El juez contempla la libertad del comisario Villarejo bajo pulsera telemática. El diario El Mundo publica esta noticia de tribunales y nadie le presta la atención que merece. Es vox pópuli que el comisario Villarejo exige salir libre después de un año en prisión preventiva y amenaza con sacar las cintas con los audios de Letizia hablando por teléfono con el condenado por corrupción Javier López Madrid. La Audiencia Nacional contempla excarcelarlo con medidas provisionales.

El documento refleja la relación entre el polémico mando y el secretario general de Justicia, Antonio Viejo, en un apartado que aborda la red de contactos de comisario,también en el mundo judicial. “El 24/11/2016 acuden juntos (Villarejo y Olivera) a la presentación de un libro con el juez decano de Plaza Castilla”, introduce el informe, que detalla así el momento: “El comisario Olivera se encontraba sentado junto al juez decano de Plaza Castilla, D. Antonio Viejo, guardando el sitio en medio al comisario Villarejo que llega más tarde..

Estos audios recogen conversaciones de Villarejo con algunos de sus clientes donde se vanagloria de tener controlados algunos magistrados: "A este juez lo tengo untado", dice el comisario en una grabación. En otro audio, Villarejo asegura a su interlocutor que ha hablado con un juez "para que nos favorezca en el juzgado".

PRISA fue también objeto del espionaje masivo que desencadenó el comisario José Manuel Villarejo por orden del BBVA. Situaba a dicho grupo mediático en el bando hostil a Francisco González.Lo prueba la documentación acumulada en la operación Trampa que facturó Villarejo al BBVA. También fueron espiados medios como Intereconomía y el confidencial on line Hispanidad.Consideraba que el asalto a la cúpula del banco estaba pilotado por ambas personas de la máxima confianza de Polanco y “evidenciaba el grado de implicación del SCH..

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre el espionaje que José Manuel Villarejo habría realizado a determinados políticos y empresarios en 2005 por encargo de BBVA. En 2005, el banco entonces presidido por Francisco González encargó una serie de trabajos a Cenyt (empresa relacionada con Villarejo) para defenderse del intento de asalto de Sacyr al banco. Esa actuación podría ser constitutiva de delito si las pruebas llegan a demostrar que parte del encargo consistió en realizar escuchas telefónicas a determinadas personas..

Juan Carlos Garcés Pérez es el jefe del servicio informático del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde hace 15 años. García Castellón dice que Villarejo quiso obtener datos personales a través de "los encargados del tratamiento de las bases de datos". El juez de la Audiencia Nacional imputa al informático en la pieza Land, la que investiga a los miembros de la familia Cereceda -promotores de la lujosa urbanización de La Finca- que contrataron los servicios de Villarejo en un contencioso por una herencia..

Villarejo se quejó en varias grabaciones de que el PP no le hubiera agradecido los trabajos que realizó, con el espionaje al extesorero Luis Bárcenas, con el fin de robar documentación sensible para el partido. En esas conversaciones con otros comisarios, se refiere reiteradamente al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy con el sobrenombre de 'El Barbas'. En el material grabado, en manos del juez que instruye la causa y de la Fiscalía Anticorrupción, se escucha a Villarejo lamentarse del trato que le ha dado el PP

Llama "tonto" a Enrique García Castaño, 'El Gordo', por no haber utilizado el material cuando fue destituido en febrero de 2017. El audio fue incautado a Villarejo e incorporado a la causa judicial; ha sido reproducido en las declaraciones de los comisarios en la Audiencia Nacional. El comisario Villarejo reprocha a García Castaño que no le hubiera dado una copia del material que Interior les ordenó retirar de la circulación..

La Fiscalía Anticorrupción ha calculado en unos 78 millones de euros la cantidad a la que tendría que hacer frente el excomisario José Villarejo en concepto de responsabilidad civil solo por los delitos de blanqueo que se investigan en el caso Tándem, por el que lleva 14 meses en prisión preventiva. Esta cifra aparece en uno de los dos escritos que la Fiscalía ha remitido hoy al juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, referido a su patrimonio, que estiman que asciende a 30 millones de euros, han informado a Efe fuentes jurídicas.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha logrado desencriptar todo el material incautado al comisario José Villarejo durante su detención en noviembre de 2017, según informan a OKDIARIO fuentes jurídicas.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo aseguró a su compañero Enrique García Castaño, alias El Gordo, que el empresario José María Clemente Marcet, condenado por blanquear dinero del narcotráfico colombiano, conocía al expresidente de Endesa Manuel Pizarro, con quien supuestamente habría entablado una amistad en los años 90, cuando el también exdiputado del PP era el presidente de Ibercaja, según consta en una grabación de Villarejo de 15 de mayo de 2005.

El BBVA bajo presidencia de Francisco González ordenó a Villarejo investigar a Fernando Martín (Martinsa) ya que debía al banco una fuerte cantidad de dinero. El plan de trabajo muy claro "hostigamiento y en la medida de lo posible, boicot". El Presupuesto de la acción 4 millones de euros, Villarejo pidió 575.000 como provisión de fondos inicial.

El excomisario José Villarejo ha presentado un nuevo escrito a la Audiencia Nacional para apuntalar su versión sobre los atentados del 11-M. Según el exagente encubierto, los peores atentados de la historia de España se organizaron en el castillo que el rey de Marruecos Mohamed VI tiene a 80 kilómetros de París y las pruebas obran en poder del Centro Nacional de Inteligencia. Villarejo mantiene que el CNI interceptó comunicaciones de dos espías galos, a los que identifica con nombres y apellidos, tras una de esas reuniones.

El comisario jubilado Enrique García Castaño, imputado por vender presuntamente información a José Manuel Villarejo, ha señalado este miércoles ante el juez del caso a Eugenio Pino, el director adjunto operativo de la Policía entre 2012 y 2016. Según fuentes jurídicas, García Castaño ha negado haber facilitado información bancaria o telefónica para los dosieres que luego vendía Villarejo a precios estratosféricos y que el resto de datos siempre se los dio con orden expresa del comisario Pino.

Ni pruebas ni indicios, solo insinuaciones y conjeturas. Villarejo presentó un escrito el pasado febrero en el que pone en duda tanto la instrucción sobre los atentados como la sentencia que se dictó después, por lo que el Juzgado Central de Instrucción Número 6 se dirigió a la Fiscalía para recabar su informe sobre si procede reactivar las indagaciones sobre algunos puntos del procedimiento. Tras la declaración de Villarejo en calidad de testigo este jueves, las fuentes consultadas apuntan a que la posibilidad de reabrir la causa pierde fuerza

Irene Montero, Unidas Podemos, critica que el PSOE asegure que el objetivo del espionaje encargado a Villarejo eran ellos. "Decir que el objetivo eran ustedes es vacilar a la gente que nos está viendo. No es una mafia policial. Villarejo trabajaba por encargo del poder político, presuntamente el PP, o de grandes empresarios". El objetivo de las cloacas del Estado era "fabricar pruebas falsas para condicionar el resultado de unas elecciones".

El dudoso tándem que los comisarios José Luis Olivera y José Manuel Villarejo hicieron en la Comisaría General de Policial Judicial está grabado en algunas investigaciones que la UDEF realizó desde 2005 hasta la salida de Mariano Rajoy del Gobierno: pruebas escondidas, falsas o adulteradas para negocios privados y una red de agentes que mantienen sus puestos y de periodistas que colaboraron en la difusión de noticias tóxicas, según la Audiencia Nacional.

El trabajo de Villarejo se bautizó como informe Arrow (flecha, en inglés, un juego de palabras con Arcos, la localidad en la que se centraba el asunto). En las conclusiones, Villarejo sostiene que hubo “pagos de Endesa a políticos de la Junta” de Andalucía. El documento afirma que “se detectó la desviación de casi 15 millones de euros a principios del 2003 (dato ya aportado) y otro a finales de año por un importe no cuantificado exactamente”.