La IGAE detecta el mismo procedimiento de adjudicación supuestamente fraudulento en los contratos concedidos a un donante a la caja b del PP, consistente en bajas temerarias en la adjudicación y sobrecostes posteriores de hasta el 40% en las adjudicaciones públicas. En apariencia, todo era legal y los contratos eran concedidos por concurso público a la oferta del constructor García Pozuelo, siempre más barata. Pero esas ofertas rozaban la "baja temeraria" y una vez adjudicado, se producían modificados al alza de hasta el 19,9 por ciento porque…
