Antonio Guile no robó ningún bolso, pero falleció en prisión condenado por este delito. El paso por la cárcel de un inocente le deja huellas que no se borrarán en su vida. José Antonio Valdivieso, que pasó nueve años en prisión por un delito que nunca cometió; nadie le ha pedido perdón tras el error judicial. Carlos de la Vega, futbolista del Rayo Vallecano, fue relacionado con una red de narcotráfico. Mientras que su cara apareció en todos los medios de comunicación en el momento de su detención, su absolución apenas ha tenido repercusión.

Supervivientes y familiares de víctimas españolas en los campos de exterminio del régimen nazi presentaron el 19 de junio de 2008 en la Audiencia Nacional una querella penal para pedir la investigación del Holocausto. Se trata de una de las 12 causas que, tras la reforma de la justicia universal, se enfrenta a su archivo automático. El Equipo Nizkor, organización creada para defender los derechos humanos y promotora de la causa nazi, ha denunciado la mañana de este lunes la impunidad de estos crímenes en la jurisdicción española.

El Consejo de Ministros ha aprobado Reales Decretos por los que se conceden diecinueve indultos especiales con motivo de la festividad de Semana Santa, ha informado el Gobierno.

Aseguran que no sólo no agilizarán los casos sino que hará que los procesos se entorpezcan. El portavoz nacional de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha expresado en declaraciones a El Boletín que asignar tres jueces para un solo caso, “supone un riesgo para la propia justicia”, pues vislumbran en esta reforma presentada por Gallardón una “manera directa de que la política interfiera en la independencia de los magistrados”.

El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, deja en libertad a ocho narcotraficantes egipcios con la nueva ley de justicia universal que impide juzgar a estos traficantes.

El magistrado ha decretado su libertad porque con la nueva normativa en materia de jurisdicción universal los tribunales españoles no tienen competencia para juzgar a estos detenidos, a pesar de que considera "frustrante" tener que tomar esta decisión.

El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncia lagunas en la normativa y pide al Gobierno "que no deje las cosas tan abiertas" en esta materia. La asociación mayoritaria en la Guardia Civil, dice que los propios delincuentes "juegan con ventaja" al saber que España no puede juzgarles. El último caso de aplicación de esta norma ha sido este viernes, cuando el juez Bermúdez puso en libertad a 8 presuntos narcos sirios detenidos en marzo.

El TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) declara inválida la norma sobre conservación de datos. La norma de la que se habla data de 2006. El Tribunal considera la norma como una: “injerencia de gran magnitud y especial gravedad en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de datos de carácter personal”. Por este motivo la declara inválida en un sentencia publicada este martes 8 de Abril de 2014.

Los inmigrantes que fueron víctimas de una estafa por la abogada María Carmen Fermoso en Bilbao se quedan sin papeles a pesar de su colaboración como testigos en los diversos procedimientos judiciales abiertos contra la letrada.

El anuncio se ha producido en el debate de una interpelación centrada en las "deficiencias" del sistema de asilo en España, sobre las que no ha habido respuesta. El ministro de Justicia ha anunciado que reformará el sistema actual de concesión de nacionalidad para acabar con la "discrecionalidad" de la administración.

Los jueces no son ecologistas. Cuando se trata de hacer justicia (?) en asuntos que tienen que ver con cuestiones medioambientales y ecológicas, el resultado en la mayoría de los casos es desconcertante cuando no sorprendente. Como en el caso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ante el caso del hotel del Algarrobico y lo que le rodea, en Carboneras.

El PP ha rechazado hoy en el Pleno del Congreso las seis enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita,

La semana pasado estuvimos contemplando uno de los más dolorosos y esperpénticos acontecimientos de la justicia española, hasta el punto de que el propio acusado, el juez Elpidio Silva, manifestó que, mediante la actuación de la sala que le juzga por prevaricación y retraso malicioso de la justicia, España se ponía al nivel de Corea del Norte. Erraba Elpidio cuando nos ponía a nivel de Corea y, probablemente, se hubiese ahorrado muchas críticas, si no lo hubiese hecho. Pero no se hubiese equivocado si nos hubiera comparado con Guatemala...

Se despeja el camino para un nuevo impuesto que gravará a partir de 2015 todas las operaciones de compra-venta de acciones en once países. La sentencia supone otro varapalo judicial para el Gobierno de Cameron, que intenta por todos los medios frenar el proceso de integración del sector financiero de la zona euro.

La bancarrota del Consell afecta a casi todos, incluidos los abogados que asisten a los ciudadanos sin dinero a través del turno de oficio. Lo hacen a cambio de las retribuciones más bajas de España, costeando las fotocopias de los asuntos de su bolsillo y aguantando la morosidad de la administración valenciana, que no les paga desde el tercer trimestre de 2013.

La excepcionalidad hace que por ella se introduzca la corrupción legal, porque aparece como germen en la misma base legal que es la Constitución. Por ejemplo el artículo 56.3 de la Constitución española dice: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Esto es algo aberrante que permite que haya otras excepcionalidades que se cuelan por este requerimiento de lo excepcional, pero sin que se vea, porque ya se ha admitido sin más aquello que carece de sentido desde el punto de vista de la legalidad.

Un edificio enfermo que arde bien. En alguna ocasión he oído hablar a funcionarios de cierto nivel de la Comunidad de Madrid, sobre el infausto hado que rodea este edificio y sus tremendos problemas, personalmente no creo que ni trasgus, ni hadas, ni bruixas tengan nada que ver con ello, más bien parece que todos y cada uno de los inconvenientes surgidos provienen de una mala elección de la ubicación de estos órganos judiciales.

La Comisión Europea ha constatado, en una carta enviada a Ecologistas en Acción, que el Estado español incumple la Directiva Marco de Agua en la mayoría de las demarcaciones hidrográficas. Se trata de una reincidencia en el incumplimiento, tras una sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Justicia, por lo que las autoridades europeas deberían llevar al Gobierno español de nuevo ante la justicia para la imposición de sanciones y medidas coercitivas.

El Estado recauda un 85% más en 2013 gracias a las tasas judiciales pero el presupuesto destinado a la Justicia Gratuita se incrementó en 0 euros.

El "caso Mauthausen" que hace unos días ha cerrado el PP (con la antesala jurídica preparada durante el mandato del gobierno socialista de Zapatero), se ha archivado. El único caso abierto ante la justicia española, por la que podría haberse condenado a responsables del asesinato de republicanos españoles en los campos de exterminio nacional-socialistas, ha sido sobreseído y archivado.

Cree que la UE debe 'establecer los mismos criterios en su aplicación' en suelo europeo. Critica que la reforma 'no ha logrado que se archive ninguna de las causas por las que se ideó'.

Entrevistada en exclusiva por ETB, la magistrada ha señalado que sus investigaciones en Euskadi han ido "muy bien", a pesar de que se hayan retrasado algunas solicitudes.

Campaña informativa de RIS denunciando que las reformas del Gobierno no sólo restringen derechos y libertades, limitan el acceso de los ciudadanos a la justicia, también pretenden controlar y debilitar a los jueces y la acción de la Justicia. No son acciones aisladas, todas ellas forman parte de un mismo plan para dejarnos #SinJusticia. Nuestro plan es defenderlo.

Las autoridades colombianas detuvieron hoy a 26 personas que tenían orden de captura por diferentes delitos cuando comparecieron a votar en las elecciones presidenciales.

La presencia de figuras relacionadas con el sector financiero en la judicatura y la parcialidad de la Fiscalía dificultan los juicios por estafa bancaria.