Un matrimonio catalán ha dejado una importante huella económica tras su muerte. Joan Bonada y Núria Enrich era una pareja de catalanes que consiguieron ganar mucho dinero gracias a la creación de un negocio de imprenta en Venezuela, todavía en funcionamiento. La pareja ha decidido dejar siete millones de euros como herencia al Hospital de la Cerdanya y a una residencia de ancianos de Puigcerdá (Girona).

CCOO y UGT ha pedido al Gobierno de la Comunidad de Madrid que “intervenga con urgencia” en las residencias públicas cuya gestión tiene encomendada la empresa Centenari Salud, donde la mayor parte de los profesionales llevan meses sin cobrar parte de sus salarios.

Amnistía Internacional denuncia la opacidad de la Fiscalía y las instituciones en los procesos judiciales de las víctimas, y exigen que las autoridades reconozcan públicamente lo sucedido. “Las instituciones se esfuerzan para pasar página y que nos olvidemos de todo. Pero yo voy a estar hasta el final de mi vida en esta lucha”, asegura Ángela Arreba. Antes de la pandemia, ella y sus hermanos visitaban todos los días a su madre en una residencia de la Comunidad de Madrid. Murió sin noticias de sus hijos ni oportunidad para despedirse en abril de

El Gobierno de la República de Irlanda anunció este martes que al concluir la jornada de mañana dejará de aceptar solicitudes en su programa de residencia para extranjeros con una fortuna personal de al menos dos millones de euros, el conocido como "visado de oro". Dublín creó esa vía migratoria en 2012 como incentivo para estimular el crecimiento tras la crisis económica y ha canalizado a través de ella más de 1.250 millones de euros en inversiones desde entonces, detalló en un comunicado el ministro irlandés de Justicia, Simon Harris.

El titular que relaciona a Pablo Iglesias con las muertes en las residencias no es actual, sino que data del 14 de septiembre de 2020. En agosto de este mismo año, una jueza rechazó admitir a trámite una querella contra Isabel Díaz Ayuso que presentaron 11 familias, cuyos mayores habían enfermado y/o fallecido en estos centros durante la pandemia. Si bien es cierto que el auto exculpó a Ayuso de toda responsabilidad, este no señaló a Iglesias ni al Estado como culpables, como afirman los mensajes virales.

Amnistía Internacional denuncia a principios de este 2023 que en España ha habido 35.000 de casos usuarios de residencias que murieron sin recibir la asistencia médica necesaria. Por ahora, la plataforma no ha recibido "ninguna respuesta" por parte de la Fiscalía. En su denuncia, la ONG carga contra "los gobiernos centrales y autonómicos, al Congreso de los Diputados, a la Fiscalía General del Estado, al Defensor del Pueblo y al Consejo General del Poder Judicial".

La Agencia Tributaria ha puesto en el foco a los contribuyentes que fingen vivir en otro sitio para pagar menos impuestos. Así lo ha evidenciado en el Plan de Control Tributario para este año que ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado. El órgano de gestión e inspección tributaria ha señalado entre sus prioridades detectar residencias ficticias tanto de españoles, como de extranjeros, así como de movimientos entre comunidades para buscar una menor presión fiscal.

El sindicato de CCOO en Madrid ha denunciado ante la Inspección de Trabajo que la residencia Alba de San Lorenzo de El Escorial "se ha negado a mandar a profesionales afectados por un brote de sarna a su mutua para darles la baja laboral", a pesar de ser una enfermedad contraída durante su trabajo. Además de los inconvenientes para la propia plantilla afectada, esto genera un riesgo de contagio para los mayores, algunos de los cuales ya están afectados.

Los 218 médicos residentes del cuarto y último año en los centros de salud de la Comunidad completan su formación el 27 de mayo y ya están haciendo sus planes de carrera. A muchos no les convencen las condiciones de salario y saturación en Madrid, a pesar de que en principio permanecer pueda parecer lo más conveniente porque es donde tienen sus vidas. Así, en la promoción del año pasado, solo continuaron en la primaria madrileña 94 de los 220 médicos de familia que completaron su formación, el 43%, según las cifras de la CAM

La mujer, investigada por presuntamente asesinar a la presidenta de su comunidad de vecinos, entregó dos días después del crimen y horas antes de ser detenida su currículum para trabajar en una residencia de mayores en el municipio toledano de Bargas.

Residentes y familiares acumulan quejas por la mala calidad de la comida en los centros dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social tras un concurso por lotes adjudicado a la baja.

La parlamentaria del BNG ha explicado que el personal del centro, que se ve "sobrecargado", cuenta que "algunos usuarios bajan sin asearse a almorzar o, directamente, ya no bajan porque solo dos auxiliares deben levantar, asear y vestir a un total de 30 residentes dependientes". "Reúnanse con la empresa y los representantes de los trabajadores", ha solicitado Rodil a la secretaria xeral técnica de la Consellería de Política Social, María Francisca Gómez Santos.

Aceptar una plaza en una residencia privada supone un desembolso económico que duplica con creces el importe de la pensión de jubilación media en Lugo, fijada este año y tras la subida en 912 euros. Pensión que, en el caso de las mujeres -la mayoría de las usuarias de las residencias- todavía es mayor. Esta situación obliga a los dependientes y a sus familias a tirar de los ahorros, en caso de que los haya.

Hoy, 2,9 millones de hogares españoles declaran tener una segunda residencia en propiedad. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado los resultados del censo de 2021, un trabajo que se realiza cada diez años y que, entre otras muchas cosas, ofrece información sobre quiénes poseen viviendas secundarias. ¿Dónde viven? ¿Cuál es su nivel de ingresos? ¿Y dónde tienen su segunda casa: en la misma comunidad, en otra o en el extranjero?

Las quejas en varias residencias públicas por el estado de la comida no han bastado para que el Gobierno de la Comunidad de Madrid cambie de proveedor. Al menos no por el momento, tal como ha asegurado este miércoles el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio. El número dos del Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que el contrato con la empresa encargada de la alimentación en los centros públicos de mayores se ha prorrogado. "Es una medida téncica y temporal", ha asegurado el vicepresidente autonómico.

La Comunidad de Madrid está trabajando en la licitación de un nuevo contrato de alimentación en las residencias y centros de día de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), que entrará en vigor en enero, e incrementará un 25 % el presupuesto con respecto al actual. Esta decisión afecta a un total de 83 recursos entre residencias de mayores, centros de día, centros para personas con discapacidad intelectual, comedores sociales y centros de protección de menores, en los que se sirven más de 9.600 menús completos cada día.

Las hijas de la fallecida denuncian que la residente del centro de mayores Rafael Alberti llegó a permanecer en una silla de ruedas hasta 12 horas sin apenas comer ni beber y sin suministrarle la medicación que requería.

Pacientes psiquiátricos menores de 65 años están ingresando en las residencias de mayores de la Xunta de Galicia. Los deriva el Servizo Galego de Saúde, pese a que estos centros carecen de personal especializado –ni médicos ni enfermería– en enfermedades mentales. Tampoco existen protocolos específicos. La situación es, según alertan trabajadoras del sector, explosiva. La convivencia resulta difícil, las instalaciones no están adaptadas y carecen de profesionales adecuados para la labor.

Los estados que suscriban acuerdos de reciprocidad con España otorgarán este derecho a sus ciudadanos empadronados. El próximo día 28 no solo podrán acudir a las urnas los españoles mayores de edad: también podrán hacerlo los nacionales residentes de 39 países, entre los cuales figuran los pocos islandeses o coreanos que viven en España, pero no los marroquíes, pese a ser una de las mayores colonias de extranjeros.

La Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real ha puesto en marcha los protocolos necesarios en materia de sanidad alimentaria y epidemiología para investigar las causas de un brote de gastroenteritis aguda en una residencia de ancianos en La Solana. El brote ha causado, hasta ahora, dos muertes y ha afectado a diez personas más.

Joaquín de Arespacochaga, inspector de Hacienda en excedencia y asesor fiscal, es un nombre que sale una y otra vez en causas judiciales.Ahora, ya como protagonista, ha sido condenado a dos años de prisión y multa de 14,8 millones de euros por la Audiencia Provincial de Madrid, que considera que él mismo fingió su residencia en Luxemburgo.