La compañía aérea Vueling ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a devolver casi medio millón de euros por irregularidades en la aplicación de los descuentos a los pasajeros residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

Los ciudadanos comunitarios que llevaban menos de cinco años en el Reino Unido en enero del 2021 no tendrán que pasar un nuevo trámite para conservar sus derechos. El plan de permisos de residencia post-Brexit del Gobierno británico para los ciudadanos de la UE es ilegal, dictaminó este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Londres.

En una reciente sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres se ha analizado un tema controvertido, el de la competencia de las Administraciones -central o autonómica- en la gestión de la crisis del Covid en las residencias de mayores, y en consecuencia a la posible responsabilidad patrimonial en caso de prestación defectuosa del servicio sanitario en aquellos momentos.

Según el estudio en diez residencias de la región, que engloban a un total de 845 personas, reciben visitas todas las semanas un 18% de los usuarios, una vez al mes un 32% y un 46% de los mayores son visitados menos de 5 días al año. Un 4%, indica la encuesta, no tienen ninguna visita. “La rutina de visitas en los familiares suele romperse al poco tiempo del ingreso por diversas circunstancias”, la principal, asegura, es la “pérdida de memoria del usuario y la segunda es la pérdida de interés de los familiares”.

De lo actuado e informes recibidos se deduce que en los años 80 y procediendo de O Barco en donde regentaba un bar de señoritas 'El Shangai', G.R.E. inició en nombre propio en Vallirana (Barcelona) una cadena de residencias privadas para ancianos sirviéndose de grandes chalets alquilados u obtenidos a bajo precio, actividad que siempre llevó de forma clandestina, aprovechando la necesidad de geriáticos y el descontrol administrativo de aquellos años", escribió en su informe de rendición de cuentas al juzgado administrador judicial, Carlos Moner

Un cambio en el sistema de provisión de alimentos y elaboración de los menús el pasado mes de septiembre está comprometiendo la calidad de la atención de las necesidades alimenticias de la infancia madrileña en dificultad social que está alojada en las residencias infantiles de la Comunidad de Madrid. Así lo ha denunciado CCOO en un comunicado. Lo primero que se ha experimentado es «una rigidez insoportable, que impide adaptar los menús a las diferentes realidades residenciales».«Si a esto se le añade la más que cuestionable calidad...

Un matrimonio catalán ha dejado una importante huella económica tras su muerte. Joan Bonada y Núria Enrich era una pareja de catalanes que consiguieron ganar mucho dinero gracias a la creación de un negocio de imprenta en Venezuela, todavía en funcionamiento. La pareja ha decidido dejar siete millones de euros como herencia al Hospital de la Cerdanya y a una residencia de ancianos de Puigcerdá (Girona).

CCOO y UGT ha pedido al Gobierno de la Comunidad de Madrid que “intervenga con urgencia” en las residencias públicas cuya gestión tiene encomendada la empresa Centenari Salud, donde la mayor parte de los profesionales llevan meses sin cobrar parte de sus salarios.

Amnistía Internacional denuncia la opacidad de la Fiscalía y las instituciones en los procesos judiciales de las víctimas, y exigen que las autoridades reconozcan públicamente lo sucedido. “Las instituciones se esfuerzan para pasar página y que nos olvidemos de todo. Pero yo voy a estar hasta el final de mi vida en esta lucha”, asegura Ángela Arreba. Antes de la pandemia, ella y sus hermanos visitaban todos los días a su madre en una residencia de la Comunidad de Madrid. Murió sin noticias de sus hijos ni oportunidad para despedirse en abril de

El Gobierno de la República de Irlanda anunció este martes que al concluir la jornada de mañana dejará de aceptar solicitudes en su programa de residencia para extranjeros con una fortuna personal de al menos dos millones de euros, el conocido como "visado de oro". Dublín creó esa vía migratoria en 2012 como incentivo para estimular el crecimiento tras la crisis económica y ha canalizado a través de ella más de 1.250 millones de euros en inversiones desde entonces, detalló en un comunicado el ministro irlandés de Justicia, Simon Harris.

El titular que relaciona a Pablo Iglesias con las muertes en las residencias no es actual, sino que data del 14 de septiembre de 2020. En agosto de este mismo año, una jueza rechazó admitir a trámite una querella contra Isabel Díaz Ayuso que presentaron 11 familias, cuyos mayores habían enfermado y/o fallecido en estos centros durante la pandemia. Si bien es cierto que el auto exculpó a Ayuso de toda responsabilidad, este no señaló a Iglesias ni al Estado como culpables, como afirman los mensajes virales.

Amnistía Internacional denuncia a principios de este 2023 que en España ha habido 35.000 de casos usuarios de residencias que murieron sin recibir la asistencia médica necesaria. Por ahora, la plataforma no ha recibido "ninguna respuesta" por parte de la Fiscalía. En su denuncia, la ONG carga contra "los gobiernos centrales y autonómicos, al Congreso de los Diputados, a la Fiscalía General del Estado, al Defensor del Pueblo y al Consejo General del Poder Judicial".

La Agencia Tributaria ha puesto en el foco a los contribuyentes que fingen vivir en otro sitio para pagar menos impuestos. Así lo ha evidenciado en el Plan de Control Tributario para este año que ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado. El órgano de gestión e inspección tributaria ha señalado entre sus prioridades detectar residencias ficticias tanto de españoles, como de extranjeros, así como de movimientos entre comunidades para buscar una menor presión fiscal.

El sindicato de CCOO en Madrid ha denunciado ante la Inspección de Trabajo que la residencia Alba de San Lorenzo de El Escorial "se ha negado a mandar a profesionales afectados por un brote de sarna a su mutua para darles la baja laboral", a pesar de ser una enfermedad contraída durante su trabajo. Además de los inconvenientes para la propia plantilla afectada, esto genera un riesgo de contagio para los mayores, algunos de los cuales ya están afectados.

La mujer, investigada por presuntamente asesinar a la presidenta de su comunidad de vecinos, entregó dos días después del crimen y horas antes de ser detenida su currículum para trabajar en una residencia de mayores en el municipio toledano de Bargas.

Residentes y familiares acumulan quejas por la mala calidad de la comida en los centros dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social tras un concurso por lotes adjudicado a la baja.

La parlamentaria del BNG ha explicado que el personal del centro, que se ve "sobrecargado", cuenta que "algunos usuarios bajan sin asearse a almorzar o, directamente, ya no bajan porque solo dos auxiliares deben levantar, asear y vestir a un total de 30 residentes dependientes". "Reúnanse con la empresa y los representantes de los trabajadores", ha solicitado Rodil a la secretaria xeral técnica de la Consellería de Política Social, María Francisca Gómez Santos.

Aceptar una plaza en una residencia privada supone un desembolso económico que duplica con creces el importe de la pensión de jubilación media en Lugo, fijada este año y tras la subida en 912 euros. Pensión que, en el caso de las mujeres -la mayoría de las usuarias de las residencias- todavía es mayor. Esta situación obliga a los dependientes y a sus familias a tirar de los ahorros, en caso de que los haya.

Hoy, 2,9 millones de hogares españoles declaran tener una segunda residencia en propiedad. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado los resultados del censo de 2021, un trabajo que se realiza cada diez años y que, entre otras muchas cosas, ofrece información sobre quiénes poseen viviendas secundarias. ¿Dónde viven? ¿Cuál es su nivel de ingresos? ¿Y dónde tienen su segunda casa: en la misma comunidad, en otra o en el extranjero?

Las quejas en varias residencias públicas por el estado de la comida no han bastado para que el Gobierno de la Comunidad de Madrid cambie de proveedor. Al menos no por el momento, tal como ha asegurado este miércoles el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio. El número dos del Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que el contrato con la empresa encargada de la alimentación en los centros públicos de mayores se ha prorrogado. "Es una medida téncica y temporal", ha asegurado el vicepresidente autonómico.

La Comunidad de Madrid está trabajando en la licitación de un nuevo contrato de alimentación en las residencias y centros de día de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), que entrará en vigor en enero, e incrementará un 25 % el presupuesto con respecto al actual. Esta decisión afecta a un total de 83 recursos entre residencias de mayores, centros de día, centros para personas con discapacidad intelectual, comedores sociales y centros de protección de menores, en los que se sirven más de 9.600 menús completos cada día.