Pese a que en todo el texto hay aspectos que no gustan a especialistas y activistas, tanto ellos como las asociaciones que luchan por la libertad de expresión en la red han centrado su pelea en tres artículos en concreto: el 85, el 93 y el 94. Unos párrafos que, como comenta Carlos Sánchez Almeida, abogado especializado en derecho en la red y miembro de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), “son un disparate que solo favorece a los políticos y van a avivar la censura”.

a empresa puede utilizar como prueba de un despido una grabación que vulnere la legislación de protección de datos. Así lo determina el Tribunal Supremo en una reciente sentencia en la que valida la cinta aportada por la compañía Securitas Seguridad España SA para acreditar las causas que originaron el cese disciplinario de uno de sus empleados, que ejercía la labor de vigilante de seguridad. "El hecho de que (...) la prueba no fuera nula desde la perspectiva de la impugnación judicial de la sanción disciplinaria impuesta al trabajador, no impi