El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CDESC) comunicó el jueves la resolución.

Tener una vivienda digna es un derecho fundamental consagrado en numerosos tratados internacionales de Derechos Humanos. Sin embargo, ya en el año 2005 se estimaba que 100 millones de personas a lo largo del mundo no tenían hogar. Muchos duermen sin refugio por la noche, o lo hacen albergues transitorios. Según las investigaciones, del 30 al 40 por ciento de las personas sin hogar tienen un deterioro cognitivo. Una revisión reciente encontró que las personas con discapacidad intelectual corren un mayor riesgo de quedarse sin hogar.

La población más pobre —con menos gasto por hogar— destina un 39,6% de su dinero disponible para gasto a la vivienda y apenas un 0,6% a enseñanza. La publicación de la Encuesta de Presupuestos Familiares por parte del Instituto Nacional de Estadística muestra que la vivienda y los suministros (gas, agua, electricidad) es el principal gasto del conjunto de hogares, aunque hay evidentes diferencias entre los quintiles más pobres, los medios y los más altos. Aquellas personas que tienen un ingreso mensual inferior a 500 euros son las que más

El Gobierno mantiene las constantes que generaron la burbuja inmobiliaria. El gasto público en vivienda se sitúa en el 0,7% del PIB. “Este gasto es dos y tres veces inferior al que tienen otros países de nuestro entorno, pero aún más grave es la estructura que ese gasto público tiene en nuestro país”. Esto se ha traducido en que “en los últimos diez años se han destinado 53.000 millones de euros a desgravaciones por inversión en vivienda, frente a la práctica inexistencia de subvención al alquiler o a la vivienda pública”.

En la actualidad, dos de cada tres operaciones de compra de inmuebles en España corresponden a fondos de inversión. Es la principal conclusión a la que llega el Observatorio para la Protección del Propietario de Alquiler Protegido. El endeudamiento de las familias y la falta de acceso al crédito son algunas de las causas que este organismo da como motivos de que los particulares no accedan a la compra de viviendas.

Un centenar de personas forman una cadena humana para llevarle agua a quienes ocupan las antiguas viviendas de la Guardia Civil en la barriada pacense Suerte de Saavedra.

"Todo lo que son políticas de regulación, de que los poderes públicos digan lo que tiene que hacer uno, ya se han demostrado en Europa como fracasadas", ha afirmado el dirigente empresarial.

El concejal de Vivienda, Óscar Mengual, puso de relevo que el ayuntamiento ha mantenido al menos tres reuniones con la Sareb en las cuales pidió la cesión de viviendas para poderlas destinar a personas y familias vulnerables, pero en todos los casos el ente creado con motivo del rescate bancario de la crisis de los años 2008-12 se ha negado

El negocio hipotecario en España supone de facto una demencia, no diagnosticada, porque proclama la negación del derecho a la vivienda. Un delito económico más de una minoría, moralmente trastornada, contra la mayoría. Muchos analistas de sesgo neoliberal...

El derecho a la vivienda en España no se cumple. Como todo conflicto, genera sus contradicciones, pero también deja claro quién está al lado de quién.

Proyectos como la recién nacida Escuela Popular de Manresa o grupos como el de apoyo mutuo en Sabadell demuestran que la labor de la plataforma va más allá de intentar garantizar un techo.

El sesgo racial al ir a alquilar o comprar una vivienda nos convierte a quienes sufrimos racismo en ciudadanos de segunda por no tener pleno acceso a este derecho básico. Y eso no se cura matando a Airbnb o a la turismofobia, sino acabando con el racismo...

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ordena la suspensión cautelar del lanzamiento de una familia con dos niñas de 4 y 8 años. Este organismo solicita la suspensión mientras estudian el caso o que les concedan alternativa habitacional para evitar "posibles daños irreparables". Los afectados residen en Madrid en un inmueble del BBVA y su defensa asegura que las administraciones públicas no les han proporcionado vivienda social

Si usted ha transitado últimamente por la acera central del Paseo del Prado tal vez las haya visto. Dos hileras de tiendas de campaña verdes, perfectamente organizadas, forman un pequeño campamento de personas sin hogar enclavado entre el Museo del Prado y el Ministerio de Sanidad

El delito de usurpación (ocupación) consiste en tomar posesión pacífica, sin violencia ni intimidación, de un inmueble deshabitado sin consentimiento del propietario y con la voluntad de vivir de manera continuada en él. Hasta 1995 este tipo de ocupación no era delito. Si alguien ocupaba un inmueble abandonado para vivir, el propietario podía acudir a los tribunales civiles y recuperar la posesión de su vivienda. El ocupante era desahuciado pero no se le imponía ninguna pena ni cargaba con antecedentes penales.

La visita la realiza una persona que se identifica como "mediador social" con la excusa de buscar una solución al desahucio del inquilino, así consiguen que el afectado les abra la puerta. Estas personas están contratadas por uno de los fondos privados que han comprado las viviendas protegidas del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA). La Plataforma de Afectados por la Hipoteca denuncia que se acercan a perfiles vulnerables que se encuentran desesperados.

Podemos Aragón pedirá en las Cortes de Aragón la creación de un registro de casas vacías, con el fin de poderlas incluir en la bolsa pública de viviendas y para las que incluso se podría estudiar la posibilidad de imponer un impuesto con el que financiar planes de vivienda.

La formación naranja impide que la Comunidad devuelva las ayudas a la rehabilitación de la vivienda después de bloquear el abono social de Transporte.El movimiento vecinal de Madrid vuelve a manifestar su “sorpresa” y “profunda decepción” con Ciudadanos por dedicarles buenas palabras y luego votar en contra de dos importantes y viejas reivindicaciones ciudadanas: primero, el abono social de transporte; y después, la devolución por parte de Comunidad de Madrid del dinero que unas 10.000 familias gastaron en la rehabilitación de viviendas

El Ayuntamiento de Madrid se compromete a la regularización de los suministros de agua de varios bloques ocupados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

El nivel de impago por morosidad soportado por las comunidades de propietarios disminuyó un 3,88% respecto al año anterior, alcanzando un importe de 1.601 millones de euros, frente a los 1.665 millones de euros de 2016, según el estudio elaborado por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE).

Artículo de opinión de Paco Morote, portavoz de la PAH, donde expone la situació y las peticiones de su organización.

El día de San Isidro,los candidatos de PP y Cs fueron recibidos por decenas de personas que han sufrido en sus carnes el rechazo de estos partidos a la ILP por el derecho a la vivienda. Es violencia,pero no agresión,y ya sabían que hay un pacto explícito en la práctica de no violentar físicamente ni acercarse a más de dos metros de la interpelada. El escrache tiene reglas. Y se cumplen. Pero es normal que esto sea noticia. Sin embargo,la tragedia repetida hasta 70.000 veces al año no es noticia y,por tanto,no se ve, ergo,no existe..

"El Gobierno español no ha tomado medidas suficientes", señala el informe de la organización. [...] "El sueño de tener casa propia se ha convertido en una pesadilla de ejecuciones hipotecarias, desahucios y sobreendeudamiento", dijo Judith Sunderland, investigadora para Europa Occidental de la organización y autora del informe. "Pero no se trata simplemente de una cuestión de aspiraciones aplastadas. Esto es una cuestión de responsabilidades del gobierno de garantizar derechos humanos básicos, incluido el derecho a una vivienda adecuada".

La sentencia vulnera sus derechos fundamentales, porque aplica una "incompatibilidad con carácter preventivo", ya que todavía no se ha dado el supuesto por el que debido al ejercicio profesional de su pareja, deba inhibirse de tomar alguna decisión de su cargo. Por ello, a juicio de la magistrada, el tribunal conculca el derecho constitucional de Delgado a acceder en condiciones de igualdad a un cargo público, recogido por el artículo 23.2 de la Carta Magna.