"Si los ERE, o cualquier otro juicio, señala al PSOE o cualquier miembro del Gobierno en Andalucía, igual que se ha hecho a nivel nacional, Cs daría por agotada la legislatura", dice Juan Marín..

El juez Vilaplana advierte a la Junta de su posible responsabilidad al pedir el archivo de piezas de los ERE.

La Empresa de Gestión Medioambiental SA (Egmasa), prejubiló a más de 350 trabajadores entre 2003 y 2004 y les paga sus prestaciones mediante una póliza formalizada con Vitalicio Seguros que nadie ha firmado. Ni la empresa -en este caso, la Junta de Andalucía- ni ninguno de los beneficiarios ha estampado su firma en la póliza, según ha podido conocer EL MUNDO de Andalucía en fuentes próximas a Vitalia Vida, la consultora que intermedió en este ERE. La ausencia de firma en las pólizas es manifiestamente irregular.

Esta orden es la que el Tribunal Supremo cita en su exposición razonada del pasado mes de junio relativa al caso de los ERE fraudulentos en Andalucía. La nueva norma, aprobada en enero de 2014, estableció de forma expresa que las ayudas sociolaborales están exentas de publicación y concurrencia.

El objetivo es averiguar si la corrupción del PSOE era endémica. La cifra de dinero público malversado alcanzaría esta vez los 3.500 millones de euros por los 855 de la causa por el caso ERE.

La juez Mercedes Alaya no da abasto para llevar a buen fin la investigación de los dos macro procesos judiciales que dirige y que afronta prácticamente sola: el relativo a las irregularidades en los cursos de formación y el de los falsos EREs. Por esta razón, ha reclamado a la Junta de Andalucía y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que destine a su juzgado tres funcionarios de refuerzo ante la sobrecarga de trabajo derivada de las citadas investigaciones.

La exministra y exconsejera de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, quiere que el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, le aporte copia de las declaraciones realizadas en la causa por el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez y la letrada jefe de la Cámara de Cuentas, Margarita Regli Crivell.

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha ordenado a la Guardia Civil que investigue una denuncia presentada por un particular por la existencia de nuevos 'intrusos' en distintos ERE, según una providencia dictada el pasada 14 de octubre y a la que ha tenido acceso Europa Press.

Peritos cuestionan de nuevo en el TS el sistema de dotación de los ERE Los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) han presentado un nuevo informe ante el instructor del caso de los ERE en el Supremo en el que mantienen "sin cambio alguno" las conclusiones de su informe inicial sobre este asunto, en el que cuestionaban de forma demoledora el uso del instrumento presupuestario denominado "transferencias de financiación" para dotar las ayudas socio-económicas presuntamente irregulares en Andalucía entre 2000 y 2010.

La juez abre otra pieza contra Zarrías, Guerrero y Lanzas por sobrecomisiones de los ERE La juez María Núñez Bolaños ha abierto otra pieza separada en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos por las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones contra el exconsejero de la Junta Gaspar Zarrías, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, el 'conseguidor' Juan Lanzas y otras 13 personas. En un auto fechado el día 8 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la mag

Los fiscales se apean de la tesis más dura que defiende la acusación particular del PP y rechazan el delito de asociación ilícita contra los expresidentes, pero descartan pedir la nulidad del juicio por prevaricación y malversación. El tribunal aplaza las declaraciones de los acusados hasta el 12 de febrrero.La pieza política del caso ERE, que sienta en el banquillo a 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz, no es la trama Gürtel, aunque los dos juicios hayan compartido titulares de prensa este lunes.

La juez Núñez acuerda excluir a Viera, Fernández y Guerrero de otra pieza separada de los ERE La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que instruye la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha acordado excluir a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández y al ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero del procedimiento abierto por la ayuda de 180.304 euros concedida por la Junta a la Asociación de los Juegos Mediterráneos Almería 2005

UGT se ve una vez más implicado en el mega desfalco multimillonario de dinero público en Andalucía. El juez acuerda continuar el procedimiento contra cuatro personas investigadas en una pieza separada del caso ERE por las ayudas de 6,3 millones a Yogures Andaluces. El magistrado precisa que el objeto de esta pieza separada del caso ERE ‘lo constituye la presunta ilicitud de las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo a Yogures Andaluces sin sujeción al procedimiento legalmente establecido’, concediendo una ayuda de 6.379.142,48 euros.

Cinco exaltos cargos de la Junta de Andalucía imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares se han acogido este lunes a su derecho constitucionala no declarar ante la juez Mercedes Alaya, tras lo cual ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de acusaciones han solicitado nuevas medidas cautelares para los imputados.

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero ha asegurado este miércoles en su declaración ante la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso ERE, que el entonces interventor general de la Junta Manuel Gómez y la viceconsejera de Economía y Hacienda y exconsejera, Carmen Martínez Aguayo, avalaron en una reunión mantenida en el año 2005 la legalidad del sistema de las transferencias de financiación por el que se concedian las ayudas investigadas.

Dos exaltos cargos representados por el abogado Baena Bocanegra aluden en sus recursos a que las ayudas directas a trabajadores eran ya una "realidad legal" bajo normativa estatal"Las ayudas sociolaborales tienen un régimen regulatorio propio, no estando sujetas a los principios legislativos de las subvenciones", concretan los recursosVarias defensas han planteado ya que la Junta de Andaluc

La cuenta general de Junta de Castilla y León recoge el uso de ayudas o subvenciones excepcionales abonadas directamente a las aseguradoras.En Aragón,las ayudas las abona el Instituto Aragonés de Fomento,sometido a control financiero a posteriori como ocurría con el IFA andaluz.Una defensa ha investigado cómo se tramitan las ayudas sociolaborales "para que vean que la forma habitual de dar este tipo de ayudas es con carácter excepcional".Generali suscribió pólizas de renta de prejubilación con Generalitat Valenciana,Castilla Mancha o la Xunta

Todos los partidos, con el objetivo de erosionar el voto al PSOE, arremeten con gran dureza contra la expresidenta de la Junta tras la sentencia de los ERE. "Hay mucha gente que quiere perderme de vista, sobre todo quien no logra ganarnos las elecciones. Si fuera por ellos, no quedaríamos ninguno en el PSOE", replica la expresidenta.

El juicio del caso ERE sobre los 2,9 millones de euros en ayudas irregulares que la Junta de Andalucía concedió a la evasadora Aceitunas y Conservas, Acyco, deparó este martes algunas sorpresas. Tanto la Fiscalía como el letrado del PP preguntaron al presidente de la asociación de extrabajadores 3 de julio creada para recibir las ayudas, Antonio Alamino, por una misteriosa factura de 243.600 euros que emitieron socios del consejo de administración de Acyco a nombre de la citada asociación.

La juez alude a que determinados informes y atestados aún por recibir y la "extraordinaria" interrelación entre las piezas no hacen conveniente desmembrar "por ahora" la causa ante hipotéticos "fallos contradictorios".

La juez Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERE irregulares en Andalucía, ha imputado al presidente de Unicaja, Braulio Medel. La titular de juzgado de instrucción número 6 de Sevilla ha citado a declarar a Medel el próximo miércoles, 21 de mayo, a las 12.00 horas en relación con los pagos que la Agencia Idea abonó a los exconcejales socialistas Enrique Rosendo y José María Sagayo.

Caso ERE: 71 millones de euros defraudados al 90% de la revisión de las ayudas sociolaborales. Caso UGT: 4,9 millones de euros con 21 expedientes revisados. Caso de los cursos de formación: 17 millones de euros en el 50% de las ayudas concedidas desde 2007 a 2011. Son las cantidades oficiales reclamadas por el Gobierno andaluz en las tres investigaciones internas abiertas en la administración autonómica después de que estos tres escándalos estallaran en los tribunales desde hace ya tres años. La investigación sigue abierta en las consejerías...

La juez de Sevilla Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, ha imputado en la causa a otras seis personas, lo que eleva a 229 el número de encausados, y las ha citado a declarar los próximos días 1 y 2 de diciembre.

Los socialistas han blindado a sus exconsejeros señalados por la juez Mercedes Alaya en el caso ERE. La operación ha consistido en incluir a Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Francisco Vallejo como miembros de la Diputación Permanente de la Cámara para prorrogar su aforamiento.

La Junta de Andalucía, personada como acusación particular, pide el sobreseimiento de la pieza abierta en la que figuran procesados los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán,y otros 24 ex altos cargos de la Administración autonómica, dentro del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los ERE. La Junta solicita el archivo al entender que no hubo "trama criminal" ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas

Podemos Andalucía ha reclamado este lunes que se destinen más recursos para la Justicia ante el inicio del juicio del caso ERE, en el que se juzga a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 20 ex altos cargos, mientras ha reprochado al PP y al PSOE de "volver al 'y tú más" con una estrategia "que tiene como objetivo la normalización de la corrupción".