Era octubre de 2017 y la plataforma había convocado una concentración contra el desahucio de una octogenaria alquilada en la casa parroquial de Lizoain. Acudí al pueblo donde estaba previsto que Feli Itoiz fuera desalojada, un desahucio que quedó paralizado después de que el cerrajero enviado por el Arzobispado para cambiar la cerradura renunciara a llevar a cabo una misión que de facto suponía dejar sin la que había sido su única vivienda a una mujer casi nonagenaria.

Este municipio a 30 kilómetros de Barcelona tiene el récord de propiedades inmatriculadas por la Iglesia en España, una de ellas un antiguo hospital gótico en el que vivió la familia de Francesc Mitjans durante generaciones hasta que les obligaron a marcharse

La ermita fue una construcción hecha por los abuelos y bisabuelos de los naqueranos, donde cada uno aportó lo que tenía. Desde las propias tierras hasta los materiales y la mano de obra.

El PPdeG votó en contra de una iniciativa del BNG para demandar la investigación de inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica y la anulación de las relativas a bienes de dominio público, lo que impidió su aprobación.

La jerarquía eclesiástica aprovechó sus privilegios legales para inmatricular las catedrales de las ocho capitales andaluzas, así como parroquias, ermitas y casas parroquiales. Pero también inscribió a su favor fincas rústicas y de regadío, olivares, parcelas industriales, párkings, garajes, locales comerciales, viviendas familiares e incluso solares destinados a uso escolar. Hay constancia de que la Catedral de Granada, y otros diez templos de la misma ciudad, fueron inmatriculados apenas unos días antes de que se derogase la reforma de Aznar

La jerarquía católica utilizó el nombre de diferentes congregaciones religiosas para inmatricular todos los conventos de clausura ubicados en el centro histórico de Sevilla.

El monumental escándalo de las inmatriculaciones de la Iglesia, propiciadas por el PP y blindadas por el PSOE, va para largo. No estamos en Francia o Alemania. Ni siquiera en Portugal, donde es impensable lo ocurrido aquí. Las inmatriculaciones son producto "made in Spain", porque la esencia de su Iglesia responde al Estado retrógrado, oscurantista y corrupto que –salvo breves primaveras republicanas– le ha permitido hacer cuanto quiere a lo largo de la Historia.

La sentencia establece que la torre-campanario fue cedida por el rey Jaime I al municipio tras la Reconquista.

Estuve en el juicio del Arzobispado contra el Ayuntamiento de Ujué, reclamándole la ermita de la Blanca, una de las pocas que se había librado de las inmatriculaciones masivas de inicios del milenio. El abogado Juan María Zuza y el historiador Luis Javier Fortún fueron una vez más los defensores del Arzobispado en su impúdico afán de arramplar bienes públicos.

Pedro Sánchez se ha reunido con el cardenal Juan José Omella para cerrar el acuerdo. Entre las propiedades devueltas no se incluyen los grandes templos como la Mezquita de Córdoba o la Catedral de Sevilla.

La Conferencia Episcopal reconoce que desde finales de la década de los noventa inscribió a su nombre 965 bienes que no son suyos, la gran mayoría fincas, y se compromete a devolverlos.

La Iglesia admite que registró bienes que no eran suyos. En concreto 965 propiedades de las 34.961 que se inmatricularon a partir de la reforma de la ley promovida por Aznar en 1998.

Luis Fernández, presidente de Asturias Laica, habla con Nortes sobre las recientes noticias de los bienes que la Iglesia se apropió indebidamente con una ley de Aznar entre 1998 y 2005. En Asturias, la Iglesia inmatriculó hasta 548 bienes gracias a esta ley. Ante estos recientes sucesos, en Nortes hemos hablado con Luis Fernández para saber su opinión acerca de este y otros asuntos.

El pueblo y la Iglesia mantienen un enfrentamiento abierto sobre la titularidad del salón parroquial. El conflicto estalló el pasado verano, cuando los vecinos se enteraron de la inmatriculación del local.

El juzgado sentencia que las religiosas jerónimas del Monasterio de Santa Isabel en Palma de Mallorca son las propietarias de su propio monasterio, que vienen cuidando y manteniendo pacíficamente desde 1485, con la consiguiente cancelación de la inmatriculación ilegal en 2014 por parte del Obispado de Mallorca al que obligan a pagar las costas del juicio.

Los obispos españoles aseguran que están dispuestos a estudiar "uno a uno" cada caso. La asociación Recuperando hace otras cuentas y calcula que la Iglesia ha inmatriculado más del 80% del patrimonio histórico del Estado.