Tras haber estado casi 13 años sometido a cuatro procedimientos judiciales que han quedado en nada, el ex concejal denuncia una “operación” para desalojar a su formación política del gobierno de la ciudad "No le deseo a Alaya que le digan por la calle lo que me decían a mí, cuando me llamaban ladrón, por ejemplo" "¿Dónde está escrito que un comunista no pueda comerse una mariscada?" La defensa ha pedido la imposición de las costas a la Abogacía del Estado.

La juez Mercedes Alaya ya es la nueva presidenta de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, una vez que el BOE ha publicado el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ha resuelto el concurso de traslados y nombramientos de nuevos jueces en todo el territorio nacional. Mercedes Alaya se encuentra de baja por motivos de salud desde mediados de junio pasado cuando finalizó el juicio al ex director de la Faffe.

El letrado mayor del Parlamento andaluz, José Víboras (hermano de la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, del PSOE), ha instado a poner en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía los autos de la juez Mercedes Alaya en los que pide investigar la actuación de la Cámara andaluza respeto a las partidas del caso de los ERE fraudulentos.

La juez que investiga el caso de los ERE irregulares en Andalucía resalta en el auto la "imposibilidad de notificar en los domicilios" a los dos expresidentes de la Junta. La juez alude, en este sentido, a las noticias que "han aparecido en los medios de comunicación en las que se pone de manifiesto que tanto el Congreso de los Diputados como el Senado tienen intención de negarse a realizar las correspondientes notificaciones aludiendo a que este Juzgado debe dirigirse al Tribunal Supremo".

Según declaración de J.A. González Baro, que compareció como imputado ante la juez Mercedes Alaya el pasado 18 de diciembre tras ser detenido en la segunda fase de la operación Madeja, su empresa asumió como algo natural el pago de las mordidas que le sugerían con más o menos descaro funcionarios con poder de decisión y partidos políticos, como IU. Su padre y verdadero dueño de la empresa, Rafael González Palomo, ya confesó ante la juez que entregó un sobre con 30.000 euros que -según le dijeron- era para el PSOE.

La jueza imputa a otras 15 personas entre los que se encuentran, además del exdiputado popular, el exsecretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO, José Luis Montesinos, y el actual secretario general de la federación provincial de Jaén de MCA-UGT, Manuel Morales Larrubia, así como a varios "intrusos"

Anula la imputación de Buenaventura Aguilera y Antonio Lozano por la falta de precisión en los hechos relatados por la magistrada.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que suspenda las declaraciones fijadas para el próximo martes 29 de abril del "tándem" formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago, cuyo "entramado societario" en la Sierra Norte de Sevilla recibió 34.264.273,70 euros en subvenciones excepcionales, han informado fuentes del Ministerio Público.

Hace una "motivación reforzada" de sus argumentos contra los ex directores generales de Presupuestos, a los que atribuye delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La juez de los ERE, Mercedes Alaya, toma declaración mañana al expresidente y al ex director general del Grupo Barbadillo por el tiempo en que fueron consejeros del Matadero de Sierra Morena, cuyas ayudas están siendo investigadas.

La juez de los ‘ERE’, Mercedes Alaya, ha iniciado hoy el embargo de seis inmuebles y cinco cuentas corrientes, entre ellas una en Luxemburgo, a la exministra Magdalena Álvarez para cubrir su fianza civil de 29,5 millones.

El juzgado de Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha embargado un inmueble a la federación estatal de Consumo y Hostelería de CCOO a fin de cubrir la fianza de responsabilidad civil de 60.471 euros que impuso de manera solidaria a dos sindicalistas.

La jueza Mercedes Alaya, que investiga, entre otras causas, el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha ordenado este martes a la Guardia Civil "retener" el teléfono móvil a un periodista del diario La Razón porque creía, erróneamente, que le había grabado con dicho dispositivo.

Varios exaltos cargos se niegan a prestar declaración amparándose en la tesis de la Fiscalía Anticorrupción de que la investigación está "agotada en sede judicial" por la presencia de personas aforadas. La jueza se ha negado varias veces dividir la causa o remitirla al Tribunal Supremo e insiste en que la instrucción se encuentra en la "recta final". Alaya esquiva la imputación de diputados o senadores.

La juez dice que Granado suscribió los boletines de adhesión de los tres “intrusos”, que eran conocidos del “conseguidor” Juan Lanzas, y de su propia esposa, quien “cobraría ilegítimamente rentas financiadas por la Junta de Andalucía”.

De los grupos políticos al programa 31L entre 2002 y 2009. La juez reclama los documentos "a la mayor brevedad posible". Son los informes popularmente conocidos como fondo de reptiles.

La magistrada acusa al exconcejal del PP en La Carolina, de haber sido incluido en el ERE de una empresa donde solo trabajó seis meses. Polo compareció ante la juez el pasado día 16 e intentó hacer valer dos sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

González de Lena [disclaimer: Fue director del Gabinete de Presidencia con José Luis Rodríguez Zapatero y formó parte del equipo de José Antonio Griñan cuando éste ocupó la cartera de Trabajo] disecciona la instrucción del caso de los ERE con sólidos argumentos jurídicos, políticos y hasta filosóficos, aunque bien aderezados con ironía e ingenio. El artículo se publicó inicialmente en fabianoshoy.org.

La juez instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, considera "imposible" que los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán desconocieran que sus gobiernos usaban un sistema ilegal y opaco para pagar prejubilaciones y ayudas "de forma absolutamente libérrima" a empresas y personas afines a los sindicatos UGT y CCOO y al PSOE.

Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el resto de aforados citados en la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo (TS) por la juez que investiga el caso de los ERE irregulares, Mercedes Alaya, quieren que se investigue el "origen de la filtración" de este documento por considerar que su publicación está provocando una "nueva situación de indefensión y la creación de un ambiente de falsa culpabilidad".

La jueza califica el procedimiento empleado de "subversión del orden jurídico" Cree que se permitieron de "manera intencionada" una serie de irregularidades para favorecer a personas y empresas cercanas al PSOE, la Junta y los sindicatos

El secretario general de los socialistas ha prometido “limpiar de manzanas podridas la política” y se ha desmarcado de las declaraciones del preimputado por el caso de los ERE, José Antonio Viera, que aseguró que contaba con el apoyo de Sánchez.

Los vocales de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han expresado este martes su preocupación por la filtración a los medios de comunicación del contenido de la exposición razonada remitida al Tribunal Supremo por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya en relación con el caso de los ERE irregulares en Andalucía.

Los sindicatos UGT y CCOO cobraron entre 2001 y 2009 un total de 7,6 millones de euros de dos aseguradoras implicadas en los ERE fraudulentos de Andalucía pese a que "no prestaron ningún servicio efectivo", según la exposición razonada elevada por la juez Mercedes Alaya al Tribunal Supremo.