El Tribunal Constitucional se orquesta como una supraestructura que puede imponerse sobre la voluntad de los ciudadanos libremente expresada en las diferentes elecciones.Ahora se exige que se imponga la ley.En un país donde estas cosas funcionaran,nuestro actual presidente del Gobierno no habría podido ser elegido y su partido se habría disuelto por imperativo legal.En un proceso de retroalimentación,donde el poder judicial debería controlar al legislativo,se está dando lo contrario.La ley como arma de uso exclusivo para derrocar a los adversar

Sesión de control: Iglesias arremete contra Rajoy y asegura que la separación de poderes se la bufa. Lo que usted llama veto no es más que el ejercicio de una facultad constitucional atribuida al Gobierno, ha contestado el presidente

Donald Trump está descubriendo de la forma más dura que el hecho de presidir la mayor potencia mundial está lejos de permitirle salirse siempre con las suyas. Para comprender semejantes fracasos se han señalado varios motivos, desde la falta de experiencia gubernamental del mandatario, hasta el desorden o las batallas al interior del oficialismo. Pero hay algo anterior a todo esto que también puede explicar los problemas de Trump, un mecanismo que data de siglos y sin embargo parece moverse de modo aceitado ahora en Washington.

El TSJ no puede asumir las funciones de la Asamblea Nacional. Ni siquiera admitiendo la falsa tesis del desacato, la Sala puede ejercer esas funciones. Esto es así por una razón elemental, que la Sala elude en sus decisiones: las funciones de la Asamblea Nacional le fueron atribuidas por la Constitución pues la Asamblea –y solo la Sala– representa al pueblo de Venezuela. El TSJ, por el contrario, no representa al pueblo, pues no tiene origen democrático. Por esto, la Sala no puede asumir una representación popular que no tiene.

En dos sentencias emitidas este sábado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia suprimió dos puntos de sus polémicas decisiones de esta semana, en las que asumía todas las competencias correspondientes a la Asamblea Nacional y despojaba de inmunidad a los parlamentarios venezolanos.

Responsabilizan a Dancausa de un "abuso de poder" porque "dio órdenes a las fuerzas policiales para proteger y apoyar a la inmobiliaria InmoGlaciar que acababa de cometer un delito de allanamiento, consolidando ese delito". Pero también "porque procedió al desalojo improcedente, sin ninguna orden judicial que lo respaldase y desobedeciendo el auto de un juez que meses atrás había denegado el desalojo del Centro Social". Y añaden que Dancausa ordenó la detención de 32 personas, quienes a día de hoy siguen sin conocer los cargos.

El fiscal general del estado, José Manuel Maza, recibió un escrito el pasado 14 de febrero aportado por la teniente fiscal Anticorrupción, Belén Suárez, en el que era advertido de que su candidato a la jefatura de esta Fiscalía especial, Manuel Moix, aparecía en una conversación grabada el verano anterior entre el supuesto líder de la organización criminal, Ignacio González, y el exministro Eduardo Zaplana, como el favorito para ocupar el cargo.

Lo cierto es que la Sala para gobernarlas a todas se creó sobre el papel, pero apenas tres meses antes de que Aznar fuera derrotado en las urnas y llegara Zapatero al poder. Con gesto suficiente, Enrique López López me respondió que él iba a ser presidente de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional que Michavila iba a crear. La nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional entra en funcionamiento en menos de un mes y toda una batalla de poder se libra en torno a ella.

Resulta difícilmente comprensible que un magistrado que únicamente ha dictado sentencias de juicios de las antiguas faltas, ahora delitos leves, pueda revisar las resoluciones dictadas por personas que llevan años enjuiciando delitos de la gravedad de los terroristas o de corrupción política. Resulta reiterativo indicar que el modelo procesal penal en España es anacrónico, regido por una centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal, y basado en el principio inquisitivo, a diferencia de los países de nuestro entorno que optan por el acusatorio..

El comité directivo del club Bilderberg ha convocado el próximo foro para los próximos cuatro primeros días de junio. Se llevará a cabo en una pequeña localidad del estado estadounidense de Virginia, Chantilly.

El actual presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda,no sólo estaba al frente del Canal de Isabel II cuando se realizó la compra sospechosa de Inassa (empresa colombiana de gestión de agua),sino que fue el principal defensor de la operación que ahora investiga la Audiencia Nacional.Según las actas del Consejo de Administración del Canal de Isabel II,Canalda describió la operación como “un negocio básico seguro” y “un atractivo trampolín para el inicio de las operaciones del Canal en el continente americano"..

El rasgo que determina si estamos ante un Estado de Derecho es que los poderosos estén sometidos a la Ley.Cuando España fue rescatada para salvar a sus bancos se evidenció que la gestión de la economía no estaba favoreciendo a quienes estaban siendo castigados por la crisis.El marasmo de ilegalidades cometidas por el poder político/económico no ha tenido consecuencia alguna para ellos salvo la de ayudarles a mantenerse en el poder político.Causa bochorno que el partido que destrozó a martillazos un disco duro que el juez le exigía conmine..

¿Buena? ¿Mala? Depende... La BBC le pidió a expertos en la droga que le explicaran por qué la evidencia respalda tanto a quienes advierten sobre los peligros como a quienes pregonan sus beneficios.

La cruda realidad de nuestro sistema.

El ministro de Justicia belga, Koen Geens, ha avisado este viernes de que la ejecución de la orden europea de detención que la Audiencia Nacional ha dictado contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont es un proceso que depende de las autoridades judiciales del país y que el Gobierno federal "no tiene rol" alguno que desempeñar en él.

En el país de los ciegos, el tuerto es rey. Dichoso refranero, qué sabio es. El dicho que arranca este artículo bien se podría aplicar a un país y a sus gobernantes. Los ciegos, claro está, sería la ciudadanía, el tuerto, los poderes fácticos y gobernantes -¿acaso no son lo mismo?

Lejos de aceptar esta fragmentación como una buena noticia (oportunidad para parlamentar,buscar consensos),los gobiernos “en minoría” han encontrado un salvoconducto legal para poder paralizar la iniciativa de los parlamentos y,así,conservar el monopolio de la acción legislativa.Este salvoconducto es conocido como “veto presupuestario”,y se recoge en el artículo 134.6 de la Constitución.El Gobierno tiene la prerrogativa de poder vetar proposiciones o enmiendas parlamentarias que supongan una alteración del presupuesto aprobado (aumento de gasto

En este nuevo mundo que nos ha tocado vivir aparecen de vez en cuando historias que nos obligan a reflexionar sobre el papel de lo que somos, lo que simulamos ser, la gente con la que nos relacionamos y la verdadera importancia de nuestra privacidad.

Llamarlo dictadura es una exageración que trivializa el fascismo y oculta el verdadero problema: que vivimos en un régimen fallido ante el que la mayoría no se rebela porque la simulación de democracia es un éxito. Los controles sólo funcionan para la masa, nunca para el poder. La oposición legitima a un ejecutivo corrupto y juntos sirven a las élites en contra del interés general. De la monarquía a la banca, el orden establecido es intocable e impositivo. Tenemos además un gobierno autoritario y antidemócrata que se niega a juzgar..

Jack Ma habla Ceo de Alibaba sobre BTC: tenga cuidado, pero es poderoso Cómo ve Jack Ma la tendencia de desarrollo de bitcoin? Dio la siguiente respuesta a un fan de BTC en un evento público reciente:

Cuando los poderes del Estado y la nación no están separados y además la Justicia no es independiente, resulta imposible distinguir entre la responsabilidad política y la penal. La politización de la Justicia y la judicialización de la política son las consecuencias de esta inseparación. El control de los titulares de la jurisdicción mediante la designación de sus órganos de gobierno y puestos más relevantes en la curia pone luego en la arena judicial la discusión política. Así, los partidos tienden a dirimir judicialmente cuestiones de orden e