Teresa Ribera, exsecretaria de Estado de Cambio Climático con Zapatero, validó la declaración de impacto medioambiental favorable al almacén de gas submarino.

El Gobierno se niega a explicar cómo será el cargo de 1.350 millones de euros que se realizará en el recibo del gas de los consumidores como consecuencia de la indemnización a Escal UGS –controlada en el 66,67% por el grupo que preside Florentino Pérez, ACS– por del cierre del almacén de gas Castor, y se limita a anunciar que realizará estudios adicionales sobre el almacenamiento subterráneo de gas por el "interés estratégico" que mantiene para España.

El Gobierno realizará estudios adicionales sobre el almacenamiento subterráneo de gas Castor, construido frente a las costas de Levante, antes de decidir si desmantelar las instalaciones de forma definitiva o volver a ponerla en funcionamiento, ya que el proyecto "mantiene su interés estratégico" para España.

La respuesta parlamentaria de Soria de que se harán nuevos estudios para ver si se vuelve a poner en funcionamiento es contradictoria y carece de sentido. Las condiciones del emplazamiento no han cambiado y reanudar las operaciones de reinyección de gas conllevaría la reactivación de la sismicidad. El almacén y sus pruebas fallidas de reinyección de gas han dejado una factura para el contribuyen de 4400 millones de euros.

Los socios canadienses de Florentino Pérez en la fallida plataforma gasista de Castor han llevado a la compañía que preside, ACS (ver cotización), ante el tribunal de arbitraje Cámara Internacional de Comercio con sede en París, por un desacuerdo en cómo se ha repartido la indemnización abonada por el Gobierno tras hibernar el almacén de gas.

Hacienda dispondrá de una Oficina Nacional de Evaluación que, con carácter previo a la licitación, analizará la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y servicios públicos.

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, advirtió en Vinaròs (Castellón) de que la formación luchará desde todas la instituciones hasta garantizar que el proyecto Castor deja de ser un “peligro potencial“. “Es un insulto que una planta que ha costado cerca de 1.700 millones de euros siga siendo un peligro potencial para la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de estas comarcas”, ha indicado Mulet.

(..)De esta forma, el Supremo desestima los recursos de casación interpuestos por la Administración General del Estado, Enagás y Escal UGS, y estima, al igual que hizo la Audiencia Nacional, que el proyecto de gasoducto entre la red troncal y una estación en tierra con conexión posterior a Castor debió ser sometido a estudio de impacto ambiental al ser un "elemento inescindible e indisociable del almacenamiento".El Tribunal Supremo ha avalado la sentencia de la Audiencia Nacional del 15 de abril de 2013 que anuló la resolución de la Secretaría

La Fiscalía considera que el Ejecutivo no exigió a ACS un informe sobre los riesgos sísmicos de inyectar gas en Castor. La Administración aceptó "sin objeciones" el documento presentado por la concesionaria. Estos informes sirvieron de base para conceder la adjudicación a la empresa del grupo de Florentino Pérez, que años más tarde (septiembre de 2013) provocó 512 terremotos en la zona. La empresa de ACS "minimizó el riesgo, ocultó información relevante" y tardó cuatro días en frenar el ritmo de inyección de gas pese a que ya iban 140 seismos.

Los imputados por la investigación de los terremotos generados en la zona próxima al proyecto Castor empiezan hoy a declarar en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón). Las actividades de esta plataforma de almacenamiento de gas subterráneo, construida por una empresa controlada por ACS, fueron finalmente paralizadas cuando se detectaron numerosos movimientos sísmicos mientras estaba en funcionamiento.

El primer imputado que declara en Castor desconocía la existencia de riesgos de sismicidad. El primer imputado en declarar en la causa abierta por el juzgado de instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón) por supuestas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación de Castor, Jesús Gómez de las Heras, coordinador del informe que elaboró el Instituto Geológico y Minero (IGM) en 2007 para el Ministerio sobre dicho proyecto, ha señalado que él sólo informó sobre los extremos que le habían sido requeridos y que desconocía "por com

El recibo del gas natural del próximo mes de enero traerá consigo nuevos cargos que pueden acabar con la rebaja esperada para el primer trimestre de 2016 por la caída de los precios de la materia prima. Tras el año de moratoria que se pactó con la banca, a partir del año próximo, la tarifa del gas que tendrán que afrontar los hogares y las empresas españolas incluirá el coste del pago a ACS y Escal del cierre del fallido almacén de gas Castor, así como el déficit del sistema acumulado en los últimos años.

Enagás se reúne con los alcaldes de Alcanar, Vinaroz, Benicarló y Peñíscola para explicarles el proceso de hibernación del Castor. Los ediles insisten en que la única solución que ven al problema es su desmantelamiento definitivo, decisión que tendrá que afrontar el próximo Gobierno.El grupo Enagás en misión didáctica por el Golfo de Valencia. La población de la zona sufrió entre septiembre y octubre de 2013 una oleada de más de 500 terremotos provocados por la inyección de gas en el almacén Castor y el Gobierno se vio obligado a cerrar ...

La Ministra Magdalena Álvarez amplió las aguas de Castellón y redujo las de Tarragona para sacar de Cataluña una plataforma y acelerar el proyecto Castor. La constructora de Florentino Pérez iba a almacenar gas en un antiguo pozo petrolífero del Mediterráneo: era el Proyecto Castor, al que se opusieron ecologistas e instituciones catalanas –el pozo estaba a 21 kilómetros de la costa, entre Tarragona y Castellón–. En marzo de 2008, el Gobierno del PSOE cambió los mapas marítimos para que todo Castor quedara en aguas valencianas.

Recaredo del Potro, presidente de Escal UGS, la filial de ACS que inyectó en el Castor el gas que provocó más de 500 terremotos, declarará este lunes como imputado por un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. El juez acusa a todo el consejo de esta sociedad de no suspender las operaciones pese a la cadena de seísmos que se produjeron a partir del 11 de septiembre de 2013.

El presidente del consejo de administración de la concesionaria del proyecto Castor, Escal UGS, Recaredo Del Potro, ha negado este lunes la relación entre la actividad de inyección de gas y los movimientos sísmicos que se produjeron en la Comunitat Valenciana, y ha apuntado que la sismicidad fue "natural" y que sólo se trató de una "coincidencia en el tiempo".

El presidente de la empresa Escal UGS, compañía controlada por ACS que fue responsable de construir el Proyecto Castor, ha negado el vínculo entre las tareas de almacenamiento de gas frente a las costas de Castellón y la sucesión de 300 terremotos en la zona. Mientras un juzgado trata de esclarecer la relación, Enagás ha completado la primera fase de la hibernación de la plataforma.

Una veintena de organizaciones ecologistas y sociales lanzan una campaña contra el pago de la deuda del almacén de gas submarino Castor, cerrado hace un año y medio después de haber provocado cientos de terremotos.

Diversas organizaciones de la sociedad civil preocupadas por el desenlace del proyecto de almacenaje geológico de gas natural Castor, alertan a la opinión pública y a los partidos políticos que a partir del 1 de enero de 2016 la deuda generada por la compensación a la promotora del proyecto Castor comenzará a ser incluida en las facturas de gas.

La administración catalana considera que el coste de mantenimiento de la instalación, en su actual estado de hibernación, no puede cargarse a usuarios y consumidores. Considera que el coste de mantenimiento de la instalación, en su actual estado de hibernación, no puede cargarse a usuarios y consumidores dado que, entre otras razones, se trata de una infraestructura que nunca ha entrado en servicio, según han explicado fuentes del departamento de Empresa y Empleo.La cuota de mantenimiento de la instalación 17mill€/año

El Gobierno valenciano está estudiando la posibilidad de hacer "alguna intervención de carácter pública" para evitar que la indemnización del Estado concedida a las empresas promotoras del proyecto de almacén de gas Castor la paguen finalmente los ciudadanos.