Fue empleado de la discoteca Tito's de Mallorca, del Grupo Cursach; colaboró con la Justicia señalando a varios policías locales obsequiados con drogas y prostitución; fue atacado y acosado para que se retractara y tuvo que huir de España. En todo este tiempo, desde aquella primera declaración, al testigo protegido 29 le han dado palizas, rompiéndole varias costillas, varios dientes, abrasándole la cara con un hierro candente y provocándole abrasiones por arrastre por todo el cuerpo; le han amenazado de muerte...

Uno de ellos, José María Rodríguez, expresidente del PP balear, cumple en la actualidad condena por un caso de corrupción.

Bartolomé Cursach no pudo aguantar la noche de este jueves que una ambulancia le entorpeciera el paso de su voluminoso Porsche Cayenne a la salida del Megapark, mientras atendían a un joven herido con una brecha en la cabeza. El magnate del ocio mallorquín se apeó de su vehículo mientras esgrimía su pala de pádel y propinó palazos a algunos de los presentes para tratar de abrirse paso.

El comisario Juan Márquez, de la Jefatura Superior de Policía de Balears, se ha investigado a sí mismo y se ha exculpado de la acusación de filtrar informaciones de la causa contra el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán (ambos jubilados), los instructores del caso Cursach, que están siendo juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears, junto con cuatro agentes de la Unidad de Blanqueo de la Policía.

El pasado 3 de octubre llegaba al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la queja del empresario de origen francés Bruno Alexandre Da Silva, afincado en Mallorca desde hace más de 20 años, contra la magistrada Samantha Romero, que fue presidenta del tribunal que absolvió al magnate de la noche mallorquina Bartolomé Cursach y al resto de los acusados del caso Cursach, sobre una mafia policial, política y empresarial.

El exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y tres agentes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional han sido condenados por su actuación durante las investigaciones del caso Cursach. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) impone 9 años de prisión a Penalva, 9 años a Subirán por tres delitos de obstrucción a la Justicia y un delito de coacciones. La sala impone penas de entre uno y cuatro años a los tres policías y absuelve al cuarto, el jefe del grupo. Los magistrados acuerdan además que indemnicen con 6.500 euros