Vivimos en un sistema de gobierno, capaz de pisotear y pasar por alto los puntos que en su carta magna defienden a la ciudadanía, mientras la injusticia y la corrupción hacen de nuestros derechos, de nuestro derecho a la vivienda particularmente, un negocio para unos cuantos privilegiados por las particulares reglas de juego de nuestra democracia

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca/la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAH-PAVPS) ha denunciado ante la Comisión Europea la venta de vivienda social a ‘fondos buitre’ por parte de la Comunidad de Madrid y le ha reclamado paralizar este proceso.Denuncian el “proceso en la Comunidad de Madrid de desmantelamiento de todo el parqué público de viviendas” dado que el Gobierno de Ignacio González “está vendiendo una gran parte de la vivienda pública a fondos de inversión internacionales, a los conocidos fondos buitre”.

“La vivienda en Madrid, al alcance de todos”. Así se titula el artículo que la exalcaldesa Ana Botella se firma hoy en la páginas del ABC y en el que presume de que la capital ha sido “la primera en aplicar medidas innovadoras para reducir la exclusión a través de la vivienda”. “Los madrileños cuentan con un amplio patrimonio público de viviendas a disposición de quienes más lo necesitan”, destaca la popular.

El Gobierno y Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea tienen discrepancias sobre cómo debe plasmarse en la práctica el acuerdo presupuestario que alcanzaron en materia de vivienda. El plan del Gobierno es hacerlo en dos partes: un primer real decreto de medidas urgentes antes de que acabe el año en el que se regule sobre todo la longitud de los alquileres (los contratos pasarán de ser de tres años a cinco o siete si los arrendadores son personas jurídicas) y se limiten las fianzas, entre otras cosas.

El medio económico señala que la subida de precios de la vivienda en la capital de España amenaza con colapsar el mercado inmobiliario. Con este tajante titular publicaba el medio especializado Bloomberg un artículo este pasado viernes 17 de mayo en el que señalaba la ciudad española como la capital europea donde más se está encareciendo la vivienda.

"El Gobierno español no ha tomado medidas suficientes", señala el informe de la organización. [...] "El sueño de tener casa propia se ha convertido en una pesadilla de ejecuciones hipotecarias, desahucios y sobreendeudamiento", dijo Judith Sunderland, investigadora para Europa Occidental de la organización y autora del informe. "Pero no se trata simplemente de una cuestión de aspiraciones aplastadas. Esto es una cuestión de responsabilidades del gobierno de garantizar derechos humanos básicos, incluido el derecho a una vivienda adecuada".

Vídeo de Oficina de Vivienda de Madrid dentro de la campaña contra los desahucios de alquiler y por los derechos de las inquilinas. Stop Desahucios son todos los desahucios.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CDESC) comunicó el jueves la resolución.

En los últimos tiempos estamos asistiendo a una especie de campaña generalizada a través de ciertos medios de comunicación y de los partidos de Derecha y Extrema Derecha en torno a la “okupación” de viviendas. Ante esto, cabe hacer una serie de consideraciones…

Tener una vivienda digna es un derecho fundamental consagrado en numerosos tratados internacionales de Derechos Humanos. Sin embargo, ya en el año 2005 se estimaba que 100 millones de personas a lo largo del mundo no tenían hogar. Muchos duermen sin refugio por la noche, o lo hacen albergues transitorios. Según las investigaciones, del 30 al 40 por ciento de las personas sin hogar tienen un deterioro cognitivo. Una revisión reciente encontró que las personas con discapacidad intelectual corren un mayor riesgo de quedarse sin hogar.

La población más pobre —con menos gasto por hogar— destina un 39,6% de su dinero disponible para gasto a la vivienda y apenas un 0,6% a enseñanza. La publicación de la Encuesta de Presupuestos Familiares por parte del Instituto Nacional de Estadística muestra que la vivienda y los suministros (gas, agua, electricidad) es el principal gasto del conjunto de hogares, aunque hay evidentes diferencias entre los quintiles más pobres, los medios y los más altos. Aquellas personas que tienen un ingreso mensual inferior a 500 euros son las que más

Una familia del Ensanche de Vallecas -que reside en una de las viviendas del Ivima que la Comunidad de Madrid vendió a un fondo de inversión durante el mandato de Ignacio González- ha logrado una importante victoria judicial, ya que una jueza de Madrid ha fallado a su favor y ha dictaminado que Encasa Cibeles no puede desahuciarles de la casa en la que viven desde 2007. La sentencia establece que Encasa Cibeles tiene que someterse a la normativa de vivienda pública de la Comunidad de Madrid y no puede rescindir el contrato unilateralmente.

En España jamás se ha hecho una inversión suficiente y continuada en la creación de un Parque Público de Vivienda, que al menos garantizaría el ofrecer realojos y alquileres sociales a las familias desahuciadas y todas las ayudas van en la única dirección de facilitar el endeudamiento con los bancos o en la de que los grandes tenedores de vivienda cobren sus rentas, y de que grandes fondos buitre puedan acaparar cientos de miles de viviendas para especular con ellas. No solo no se ha potenciado la creación de vivienda pública, también se ha per

El Gobierno francés busca acabar con el problema de las viviendas vacías. El Ejecutivo galo prepara un plan que busca incentivar a los propietarios de los inmuebles a alquilar esos hogares contemplando, como último recurso, la expropiación a bancos o aseguradoras en caso de que se precise un alojamiento de urgencia.

El Gobierno mantiene las constantes que generaron la burbuja inmobiliaria. El gasto público en vivienda se sitúa en el 0,7% del PIB. “Este gasto es dos y tres veces inferior al que tienen otros países de nuestro entorno, pero aún más grave es la estructura que ese gasto público tiene en nuestro país”. Esto se ha traducido en que “en los últimos diez años se han destinado 53.000 millones de euros a desgravaciones por inversión en vivienda, frente a la práctica inexistencia de subvención al alquiler o a la vivienda pública”.

En la actualidad, dos de cada tres operaciones de compra de inmuebles en España corresponden a fondos de inversión. Es la principal conclusión a la que llega el Observatorio para la Protección del Propietario de Alquiler Protegido. El endeudamiento de las familias y la falta de acceso al crédito son algunas de las causas que este organismo da como motivos de que los particulares no accedan a la compra de viviendas.

Es inaceptable que un país que se considera una democracia avanzada no garantice una vivienda digna a todos sus ciudadanos. Ese es uno de los puntos que recoge nuestra Constitución, ahora que tanta gente nos exige cumplirla". Son las palabras con las que el periodista Jordi Évole inaugura una campaña de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) en medios y redes sociales bajo el lema #EstaEsMiLey

"Todo lo que son políticas de regulación, de que los poderes públicos digan lo que tiene que hacer uno, ya se han demostrado en Europa como fracasadas", ha afirmado el dirigente empresarial.

El concejal de Vivienda, Óscar Mengual, puso de relevo que el ayuntamiento ha mantenido al menos tres reuniones con la Sareb en las cuales pidió la cesión de viviendas para poderlas destinar a personas y familias vulnerables, pero en todos los casos el ente creado con motivo del rescate bancario de la crisis de los años 2008-12 se ha negado

El derecho a la vivienda en España no se cumple. Como todo conflicto, genera sus contradicciones, pero también deja claro quién está al lado de quién.

Tep Vanny, activista del derecho a la vivienda que hace 10 años lidera una resistencia pacífica en defensa de su comunidad, ha sido hostigada y golpeada, y las autoridades han presentado contra ella cargos penales de motivación política. Sólo desde las últimas elecciones generales, celebradas en 2013, ha sido detenida al menos cinco veces. La última de ellas, en agosto de 2016, fue detenida y posteriormente condenada a dos años y medio de prisión. Amnistía Internacional considera a Vanny presa de conciencia y ha pedido su libertad inmediata.

Es la octava reprimida de la ONU por vulnerar el derecho a la vivienda en la región.

Podemos: "Que la derecha intente decir que hay una alarma social por la okupación es una enorme mentira, otro bulo de la derecha y la ultraderecha mediática. Si la gente sale a la calle y pregunta, el principal problema es la dificultad para acceder a una vivienda"