El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón abrió una nueva pieza del caso Tándem para comprobar si los encargos efectuados a José Manuel Villarejo, que fueron descubiertos en los últimos meses por la Policía, realmente se materializaron y cobraron por el excomisario para así poder investigarlos.

El juez García Castellón autorizó la instalación de software que permitió espiar conversaciones con destacados dirigentes políticos.

Por contra, el magistrado sí que ha visto indicios para sentar en el banquillo a quien fuese secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados y al exgerente Beltrán Gutiérrez

En su auto, tipifica los hechos como delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsificación, cohecho, delito electoral y tráfico de influencias, pero Gallego considera que este auto es "injusto" y concluye su recurso con una pregunta que amenaza a los 71 exonerados: "Por qué lo que para unos es lícito, para Isabel Gallego es delictivo".

El ciudadano sueco Lars Gunnar Sune Brogerg, marido de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, será juzgado, si su estado de salud lo permite, por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Es el resultado de la investigación de la Audiencia Nacional y en la que también está implicado su hijo, Joakim Broberg.

La Audiencia Nacional ha rechazado archivar la causa al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero por presunto blanqueo y falsedad documental en torno a unas transferencias por la elaboración de un informe de asesoría sobre países de Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). La sección tercera de la Sala de lo Penal ha desestimado el recurso que interpuso Monedero -apoyado por la Fiscalía- contra el auto en el que el juez Manuel García Castellón acordaba abrir una investigación contra él.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que investiga la operación Kitchen ha echado en cara a la Fiscalía Anticorrupción que pida que se abra una pieza bis en esa causa para investigar el papel de María Dolores de Cospedal en el espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas. Señala que esa "pieza espejo" es una pretensión "más cercana a la figura del fraude de ley que a la función propia del Ministerio Público".

Imagínense que que varios jueces conservadores del Supremo, de la Audiencia Nacional y del CGPJ se juntan con varios cargos públicos del PP para irse de viaje a la mansión que tiene un multimillonario extranjero en Canarias. Imagínense que el multimillonario anfitrión pudo hacerse la mansión gracias a favores judiciales del juez Alba, contra toda la legislación urbanística española. Imagínense que en el aeropuerto de Gran Canaria les esperan y les reciben con abrazos Mauricio Casals y Antonio García Ferreras, de Atresmedia.

En todo este embrollo, el juez García Castellón es el mago del reloj que siempre llega puntualmente retrasado. Es indiscutible que la causa Ausbanc fue puesta en marcha por la cúpula policial a petición del BBVA, incluso con una reunión plenaria de los máximos directivos del Banco y los Comisarios de la Policía con su director a la cabeza (Cosidó, Sánchez Aparicio, Villarejo…). Pocos meses después de esta reunión Ausbanc y Manos Limpias dejaron de existir, sin juicio, sin proceso y sin nada, simplemente con el encargo al ejecutor Villarejo.

La Audiencia Nacional ha exigido al juez Manuel García Castellón que le dé al exfundador de Podemos Juan Carlos Monedero acceso a todos los documentos de la causa en la que se investigó al partido y al propio político y con la que está pretendiendo incriminarle. Esta orden por parte de la Audiencia se ha producido después de que la defensa de Monedero alegara en un escrito que se estaban vulnerando sus derechos.

La Fiscalía de Madrid ha pedido que se inadmita la denuncia que una particular presentó contra el exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, por llamar “prevaricador” al juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Dina’, Manuel García Castellón.

La Sala de lo Penal ordena a García-Castellón que siga investigando en el marco de una pieza que el juez del caso Villarejo había abierto y cerrado en secreto de forma “prematura” y que, como en el caso Kitchen, perjudicaría los intereses del Partido Popular

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado un recurso de Podemos, al que se adhirieron la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el PSOE, en el que pedía que se reabriera la pieza 7 del caso Tándem, conocida como operación Kitchen, y que se investigara a la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

La CUP ha conseguido una nueva victoria judicial que ha abierto un segundo capítulo de la crisis interna en la Audiencia Nacional a raíz de unas diligencias secretas contra el independentismo que el tribunal abrió hace seis años. El diputado cupaire Xavier Pellicer ha vuelto a conseguir que la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional enmiende la plana al magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, a quien ha obligado a compartir con las defensas las diligencias previas 99/2018.

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha procesado a 42 personas por la supuesta adjudicación y ejecución irregular de una veintena de obras hidráulicas y encendiendo en la cuenca del Mediterráneo en el conocido ‘caso Acuamed’.

Las fiscales María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá califican las resoluciones de García Castellón como "Se solicita del magistrado que se valoren los hechos de corrupción por las evidencias sólidas de haberse pagado dádivas por ilícitos de cohecho, por importes muy relevantes para asegurar la adjudicación irregular del contrato a la UTE Movilidad Valdemoro en concurso medial con ilícitos de prevaricación, falsificación y revelación de información reservada"

La Audiencia ha refrendado la decisión del juez Manuel García-Castellón de archivar el caso, desestimado el recurso de apelación presentado contra dicho archivo por el propietario de la agencia de investigación Método 3, Francisco Marco. La denuncia inicial fue presentada también por Marco por los registros policiales realizados en 2013 en su sede, con los que, sostiene, le arrebataron ilegalmente documentación que guardaba.