Artadi cree que Llarena no tendría miedo "si estuviera seguro de que todo lo que ha hecho es inmaculado" y ante el rumor de que se emita una nueva euroorden, asegura que no impedirá que Puigdemont siga trabajando

El episodio ocurrido en febrero de este año cuando el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena devolvió el escrito presentado por la representación procesal de Carles Puigdemont, indicándole que no se le tenía por personado en tanto en cuanto no fuera hallado -a pesar de que se sabía que tenía su residencia en Waterloo- o se pusiera a disposición del tribunal, suponía la puesta de largo de un nuevo concepto jurídico, el del “huido”, del que sin embargo no existe una sola referencia en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Consideran que los exiliados buscan hacer daño personal al magistrado y no sólo desacreditar el proceso y que Justicia ha caído en la estrategia de éstos, dejando "vendido" a Llarena, que ahora tendrá que pagar un abogado de su bolsillo que le costará miles de euros.

El Ministerio de Justicia advierte que el Estado español no asumirá en ningún caso la defensa del juez Pablo Llarena por los actos privados que se le atribuyen.

En domingo y a media tarde el Gobierno ha reaccionado a la defensiva en el caso Llarena ante la tormenta que le cae encima por haber, supuestamente, abandonado a su suerte al magistrado del Tribunal Supremo y principal instructor de la causa general contra el independentismo, Pablo Llarena. Por medio de una nota de prensa distribuida poco después de las cuatro y media, el ejecutivo español ha defendido que ha actuado con "total diligencia" y ha puesto en marcha "todos los mecanismos necesarios para la defensa de nuestra soberanía jurisdicciona

Por esa razón la artimaña de Pablo Llarena, a través de la vía oblicua que supuso la declaración de rebeldía y el cierre en falso de la instrucción del ‘procés’, constituyó un fraude de ley intentando evitar la influencia que podía tener en la causa catalana un eventual pronunciamiento de la justicia belga sobre las palabras del magistrado pronunciadas a título particular.

El Ministerio de Justicia ha encomendado al bufete belga Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick la representación del Estado español y del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena frente a la demada civil interpuesta en Bruselas por el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros, todos ellos prófugos de la Justicia española.

El Ministerio de Justicia ha encomendado al bufete belga Liederke Wolters Waelbroeck Kirpatrick la representación de España y del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en la demanda civil que contra éste ha interpuesto el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers con un coste de medio millón de euros.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha criticado que el Gobierno pague 544.982 euros a un bufete de abogados en Bélgica para la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por la demanda civil presentada contra él en aquel país por los independentistas fugados de España. "Se le mete una querella por bocazas y ahora pide amparo al poder político, eso es un problema. Lo que ha hecho el Gobierno ha sido ceder ante un chantaje del sector más conservador que vulnera la independencia judicial", ha sentenciado,

El eurodiputado Enrique Calvet, del grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, ha presentado en el Colegio de Abogados de Madrid una denuncia contra el letrado Gonzalo Boye, miembro del equipo jurídico que defiende al expresidente catalán Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia. Boye firma, junto a sus colegas belgas, la demanda civil interpuesta por Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros ante un tribunal de Bruselas contra el juez del Supremo Pablo Llarena. La demanda manipula unas manifestaciones hechas por el magistrad

El caso de Pablo Llarena no ha sido la primera vez que se han violado en el Tribunal Supremo sus propias Normas de Reparto para “seleccionar” al magistrado instructor en las causas catalanas

Fueron los propios integrantes de la Comisión Permanente del CGPJ los que hicieron públicas sus dudas acerca de la validez de los acuerdos adoptados el día 14 de enero de 2016, entre cuyas decisiones se encontraba la composición de la terna que llevaría a Pablo Llarena a la Sala 2ª del Tribunal Supremo..los acuerdos que se llevaron a un acta de una inexistente Comisión Permanente supuestamente celebrada dos días antes, lo que era físicamente imposible porque el día 12 de enero las entrevistas duraron toda la tarde/noche y no hubo tiempo..

La demanda de Carles Puigdemont acusa al juez Llarena de falta de imparcialidad por unas declaraciones hechas tras una conferencia. La defensa de Llarena ha pedido que el asunto sea analizado por un tribunal de tres jueces porque se "trata de un caso excepcional"

La asociación Movimiento 24DOS ha decidido presentar una querella en la Audiencia Nacional contra la magistrada en la que solicita la declaración de todos los querellados.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela está estudiando si admite las dos querellas presentadas por el partido Vox y la asociación de juristas Movimiento 24DOS contra la juez belga que admitió la demanda civil contra el magistrado del Tribunal Supremo que ha instruido la causa del 'procés', Pablo Llarena, el expresidente catalán Carles Puigdemont, el abogado de éste Gonzalo Boye, los cuatro exconsejeros huidos y la traductora de la demanda que presentaron.

Después del revuelo que causó la inmediata divulgación pública sobre las “dudas en las decisiones tomadas en la Permanente” del CGPJ del día 14 de enero de 2016, entre cuyos acuerdos se encontraba la composición de la terna que llevaría a Pablo Llarena a la Sala 2ª del Tribunal Supremo, se hizo desaparecer del acta el voto particular de la vocal Nuria Díaz Abad

Antes de que Pablo Llarena resolviera rechazar formalmente la entrega de Carles Puigdemont, la Fiscalía del Tribunal Supremo ya anunciaba públicamente que no era asumible una entrega parcial, como la establecida por el tribunal alemán.

El nombramiento de Pablo Llarena como magistrado de la Sala Segunda del Supremo fue tan irregular que la asociación Jueces para la Democracia presentó una demanda pidiendo su anulación por vulnerar la Ley el reglamento del Tribunal y hasta la Constitución. Menos de un año después se le asignaba la instrucción del proceso contra los políticos soberanistas catalanes quebrantando claramente las normas de reparto de las Causas Especiales aprobadas por ese mismo Alto Tribunal.

Juan Martínez Moya, uno de los vocales de la polémica Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del día 16 de agosto pasado que concedió el controvertido amparo a Pablo Llarena, es también ahora objeto de polémica al haber sido denunciado por usurpar los derechos de propiedad intelectual sobre una idea que varios magistrados presentaron en un concurso organizado precisamente por el órgano de gobierno de los jueces.

El mismo día 11 de septiembre, mientras un millón (según la guardia urbana) de catalanas y catalanes se manifestaban en Barcelona en favor de la república, la ministra de Justicia, Dolores Delgado hacía en las Cortes una defensa sin fisuras del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, afirmando que el Gobierno español iba a defenderlo ante Bélgica hasta donde hiciera falta.

La falta de preparación de Pablo Llarena y su inexperiencia como magistrado del Tribunal Supremo estarían detrás de los continuos errores en la investigación de la causa del Procés, que ha provocado la crisis política más grave en toda la historia de nuestra democracia reciente.

El 22 de octubre la web Diario16 y, posteriormente, ElNacional.cat publicaban un artículo afirmando que Pablo Llarena “manipuló” el número de identificación de la causa del Procés “como medio de ocultación para que resultara imposible, o muy difícil, comprobar luego el cumplimiento de las normas de reparto y asignación de ponencias por parte del órgano judicial.”