Aunque el calendario electoral ya aprieta, porque apenas quedan tres meses para las elecciones generales, y esta medida no figura entre las más populares, ya que puede traducirse en un incremento de tributos como el del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), los Presupuestos de 2016 no olvidan esa actualización. Habrá cambios a la baja, pero la inmensa mayoría será al alza.

De momento, España pagará caro la incapacidad de sus políticos. No podrá aprobar los presupuestos generales de 2017 ni presentarlos a la Unión Europea antes del 15 de octubre. Salvo que Rajoy logre negociar nuevos plazos con la UE como ya hizo en julio pasado, España será sancionada con una multa de 5.000 millones y la congelación de fondos por valor de otros 1.100 millones.

La subida del SMI y el aumento de la presión fiscal en el Impuesto de Sociedades son las dos piezas que se han cobrado los socialistas por respaldar la nueva senda de reducción del déficit público pactada con Bruselas. Esto supone que el techo de gasto -que es el pistoletazo de salida a la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado- saldrá adelante con un amplio respaldo.

La partida de los Presupuestos Generales del Estado en materia de Sanidad aumentará este año –si el Congreso lo aprueba- hasta llegar a los 4.093 millones de euros, un 2,3% más frente a los 4.000 que se destinaron en 2016. Pese a que el gasto va aumentando lentamente, aún queda mucho para alcanzar los 4.263 millones que se le asignaron en 2011, ya en tiempo de crisis, y un año antes de que el Partido Popular llegara al poder. (...)

Pero no nos engañemos. Hasta ahora también hemos estado pagando el “sistema equitativo de compensación por copia privada” (nombre oficial de este mecanismo) a las entidades de gestión de derechos de autor. La diferencia es que el asalto a nuestras carteras se realizaba vía impuestos. Cuando el Gobierno eliminó el mecanismo ahora recuperado lo que hizo fue compensar a la SGAE y compañía con una partida de los Presupuestos Generales del Estado. Hay que reconocer, eso sí, que esas organizaciones salieron perdiendo.

Algo más de 1.400 municipios de toda España, alrededor de un 20% del total, actualizarán en 2018 el valor catastral de los inmuebles urbanos no revisados al menos en los cinco años previos, antes de 2013. La relación de este nuevo catastrazo se recoge ya en la orden preceptiva aprobada por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, falta por saber qué coeficientes se aplicarán, puesto que estos se recogerán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año.

El Gobierno que dirige Mariano Rajoy impone una fuerte restricción provisional hasta que no haya nuevos Presupuestos Generales, pero no ha informado de ello públicamente. Ha decidido prorrogar las cuentas de 2017 a este nuevo año pero con un fuerte límite al gasto público: los departamentos no podrán gastar o comprometer más del 50% de las partidas ejecutadas en 2017. Las únicas excepciones son las pensiones y las prestaciones al desempleo.

La partida de prevención del cambio climático en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 pierde un 20%. Los recortes presupuestarios en medio ambiente son del 56,5% desde 2008. “Somos suelo, somos tierra. Y lo que le hacemos al suelo, nos lo hacemos a nosotros mismos”, defiende Vandana Shiva en su libro ¿Quién alimenta realmente al mundo? Y al igual que al suelo: al aire, a la biodiversidad y al agua. “Que la tierra está viva debería formar parte del lenguaje de todos”, afirma. Pero no lo está. No está en el lenguaje y no está

Desde la Asociación española de víctimas de la talidomida, su presidente José Riquelme acusa a PP y C´s de pactar estas ayudas "a nuestras espaldas y sin contar con nosotros". Desde AVITE se posicionan "totalmente en contra" de la enmienda que ambas formaciones presentarán a los Presupuestos Generales del Estado. Riquelme explica que las víctimas españolas de la talidomida cobrarán una indemnización de 56 euros al mes, frente a los 4.000 euros que cobran de media los afectados por este medicamento en el resto de Europa.

El Gobierno aprueba este martes el "techo de gasto" y la suspensión de la llamada "regla de gasto", que obligaba a mantener equilibrios presupuestarios. En lo político, esas medidas marcan el primer paso en la elaboración de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, pero en lo económico, además, suponen uno de los mayores planes de gasto público desde la Transición.

Según la Auditoría de cuentas de la DGT/Jefatura Central de Tráfico, correspondiente al ejercicio 2019, la DGT realizó un pago al Estado de más 600 millones de euros (622.282.363,93 euros), con la justificación de que 153.180.420 correspondían a una Transferencia al Estado, incluida como un gasto de la DGT, en la correspondiente partida de los Presupuestos Generales del Estado del año 2019. El resto hasta esa cantidad (469.101.943,93 euros) se hizo como Transferencia al Estado para generar crédito en el Ministerio del Interior.

La subida media de los programas de sanidad, cultura y educación será del 5,86%, según los Presupuestos a los que ha tenido acceso eldiario.es

La Iglesia no se toca. El Estado entregará en 2016, cada mes, 13,2 millones de euros, 159,194 millones de euros anuales. En las cuentas de 2007 el Gobierno fijó que, desde el 1 de enero de ese año y "con carácter indefinido" y en desarrollo del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos (que data de 1979), el Estado destinaría al sostenimiento de la Iglesia Católica el 0,7% de la cuota íntegra del IRPF de los contribuyentes que manifiesten su voluntad en tal sentido.

Ambas competencias se encuentran recogidas en el Estatuto de Gernika y que está pendiente su transferencia. La transferencia de prisiones no supone ningún problema para el Partido Popular al tratarse de una competencia de la que ya hacen uso comunidades como la catalana. Respecto a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, existen mayores reticencias entre los populares aunque los jeltzales son optimistas en este sentido.

El Gobierno de Sánchez retrasa el desdoblamiento de la carretera de Sevilla (pendiente desde 2004) ahora hasta el 2021. Reduce la rehabilitación de la Alcazaba de Badajoz a unos “miserables” 50.000 euros. No desdobla el peligroso tramo final de Ricardo Carapeto. Ni contempla una sola de las autovías prometidas desde hace décadas a Zafra, Huelva o Levante. Ni el tramo estatal de la Ronda Sur, desde la carretera de Sevilla a la A-5. Ni la instalación de sistema de aterrizaje antiniebla en el Aeropuerto de Badajoz.

Ve incompatible pactar cuestiones trascendentales con formaciones de la derecha como el PP y Ciudadanos, que gobiernan con la ultraderecha en algunas Comunidades.

El proyecto presupuestario, cuya tramitación ha durado apenas dos meses, no tendrá que volver a la Cámara Baja, ya que el Pleno lo ha respaldado por 145 votos a favor, 118 en contra y dos abstenciones.

Rechazadas las más de 140 enmiendas parciales reservadas por el PP y por Podemos

La publicación de hoy del BOE anuncia el aumento del presupuesto destinado al servicio de cátering del 45º Grupo de Fuerzas Aéreas (empleado para los viajes oficiales de la Presidencia y la Corona), de 65.000 euros en 2013 a 133.000 en 2014.

El 38% del dinero público se destinará a pagar las pensiones, un total de 131.659 millones de euros. La partida más pequeña, con 587 millones de euros, es la destinada a política de vivienda

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015 contemplan un aumento en las dotaciones de destinadas a la política cultural de un 4,3% más que en 2014, es decir, 27,3 millones de euros. En total, hay previstos 749 millones para 2015, según ha adelantado en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

El presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para 2016 sufre una caída del 10,58%. Este fuerte descenso contrasta con el discurso ministerial, que asegura que "se mantiene la apuesta por la reindustrialización y competitividad industrial". En el capítulo de Energía, el Gobierno ha decidido destinar este año al carbón 407,14 millones de euros. En cuanto a las renovables, el IDAE tiene presupuestados 446.000 euros para una instalación geotérmica y 900.000 para dos centrales hidráulicas. ¿Resto renovables? Cero.