Lo que empezó siendo una concesión del Gobierno de Felipe González en 1985 a las demandas de la Iglesia Católica ha devenido en 2016 en un suculento negocio que tiene por nombre “educación concertada”. Año tras año los Presupuestos Generales del Estado destinan varios miles de millones de euros a los colegios concertados. Los Gobiernos del PP -nacional, autonómicos y locales- se han esforzado en dotar a la enseñanza concertada de mejores condiciones cada año, todo en aras de un gran principio de la derecha española: “la libertad de elección".

El Justicia sugiere que se analice la demanda antes de suprimir aulas de la concertada. La institución ha argumentado de acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo (TS) que ha considerado que si el descenso demográfico no se traduce en una reducción de las solicitudes en un centro privado concertado, en aplicación del vigente marco normativo, no es legalmente admisible que se suprima en dicho centro concertado una unidad que tiene una demanda de plazas suficiente para alcanzar la ratio profesor/alumnos exigida.

El presidente madrileño, Ángel Garrido, ha cifrado en 3.000 euros por alumnos la cuantía del cheque-bachillerato que destinarán el próximo curso en la escuela concertada. No se trata, precisamente, del último guiño a este modelo. Según ha explicado Garrido, esta beca tendrá como destinatario a aquellas familias de alumnos de la concertada “que más lo necesiten”. “La educación pública y la concertada son son igual de necesarias y simplemente es una cuestión de libertad de elección”, ha justificado.

La dinámica es constante: la concertada deja atrás la crisis a costa de la pública, una tendencia que se está extendiendo al bachillerato, pese a no ser obligatorio. Y se observa con los datos del último año vistos en perspectiva histórica. El porcentaje de lo que la educación concertada supone con respecto al total de inversión educativa está en 2017 en un 12,49%. Diez años antes, en 2008, era de un 9,38%. El gasto en concertada alcanza su récord por cuarta vez seguida, alcanzando los 6.179,44 millones

"La mayoría de las acciones que ha realizado la Comunidad en materia de educación pública han sido negativas. Por un lado hay una política privatizadora, se ha beneficiado a la privada, a la concertada, en detrimento de la pública, y eso es evidente viendo solo los presupuestos. Seguimos teniendo unos presupuestos paupérrimos para la educación pública y en cambio para la concertada sigue subiendo el presupuesto, que además se ejecuta en un 100%, mientras el de la pública no. Además, la mayoría de la concertada es de carácter religioso".

La Comunidad de Madrid aumentará un 15% los fondos para centros educativos concertados en la partida de gastos de funcionamiento y la destinada a personal no docente. Ha cifrado en un 50% de los alumnos de la región que acuden a centros públicos y un 30% los que lo hacen a la concertada."Es una composición equilibrada y reflejo de la demanda social existente", ha apuntado la mandataria quien ha apuntado que casi 350.000 estudiantes asisten a uno de los 558 centros concertados.

Los responsables de la Consejería de Educación y Universidades sintieron ayer cómo desde la Asamblea Regional desestabilizaban sus planes económicos para atender a los colegios concertados y a los profesores interinos. La Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos autorizó enmiendas consensuadas por los tres partidos de la oposición, PSOE, Podemos y Ciudadanos, que suponen un bocado de 3 millones de euros a los centros de enseñanza concertados

En los últimos días la escuela concertada ha ocupado más de una portada en los periódicos y es posible que juegue un papel importante en la campaña electoral del 26-J. Recientemente, el Gobierno de la Comunidad Valenciana ha decidido tomar dos importantes decisiones. Por un lado, se han reducido las asignaciones presupuestarias de la escuela concertada para el próximo curso y se ha llevado a cabo una oferta pública de empleo para maestros y profesores en la escuela pública.

El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha asegurado que "hasta hace bien poco, parece que la Conselleria pagaba a docentes de la concertada sin tener ningún comprobante ni justificación de titulaciones u horarios", por lo que cree que el departamento gestionado en el anterior Consell "no parecía tener ningún control de las horas que realizaban los profesores de la concertada".

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno del PP y Ciudadanos planifica un ligero aumento en educación. No obstante, lo firmado no revierte lo que se ha visto en los últimos años: la concertada recibe más dinero que la Educación Secundaria –FP incluida-, la enseñanza universitaria o la Educación Infantil, Primaria y Especial. Las ayudas a la enseñanza en centros concertados absorbe el mayor grueso de estos presupuestos en educación: un total de 987,75 millones de euros. En comparación con 2016, esta partida crece en 19,7 millones.

5 falacias sobre la Concertada-CGT Enseñanza Aragón y La Rioja: la elección de centros concertados es un derecho constitucional, la matrícula es gratuita, no hay ideario ni adoctrimamiento, no hay segregación de alumnado y las ratios son las mismas que en la Pública.

La educación concertada y privada está de enhorabuena en Madrid. El crecimiento de estas enseñanzas se ha disparado en los últimos años. Así se ha apreciado en los presupuestos madrileños y en el número de alumnos que han ido absorbiendo en la última década. De hecho, ambas salen ganando en la comparación con el crecimiento de la escuela pública. Los datos oficiales ofrecidos por la Comunidad de Madrid confirman esta situación: del curso 2007/08 al curso 2017/18, la privada y la concertada han captado al 77,7% de los ‘nuevos’ alumnos.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, declaró tras reunirse con representantes de Escuelas Católicas de Madrid que “defiende la extensión de la educación concertada a la etapa de 0 a 3 años”. Aguado, quien anunció que ha registrado una proposición no de ley en ese sentido, califico esta iniciativa de “reivindicación histórica” e insistió en la necesidad de “potenciar la libertad de elección y que se pueda elegir entre llevar a tus hijos de 0 a 3 años a escuelas públicas, privadas o concertadas”.

Recientemente los medios de comunicación se han hecho eco de la decisión de la Agencia Tributaria de considerar no deducibles en el IRPF las aportaciones mensuales que, en muchos colegios concertados, vienen realizando los padres de los alumnos. Esta decisión se ha querido relacionar por algunos medios con el reciente cambio de Gobierno y se ha querido ver en ella una decisión ideológica que supondría un ataque injusto a la educación concertada.

Propongo un supuesto a los defensores de la escuela concertada: la creación de un centro educativo islámico concertado. Los musulmanes, al igual que los católicos, tienen el mismo supuesto derecho torticero a la libertad de educación de sus hijos y a elegir el tipo de centro más acorde con sus valores y creencias

La Iglesia Católica, principal patronal del sector, es muy consciente de esta situación y no quiere perder su parte del pastel. La escuela concertada ha capeado la crisis mejor que la pública. Mientras la red de titularidad estatal ha visto cómo en diez años su presupuesto ha subido un 1,4%, la concertada ganó en el mismo periodo un 25% de financiación.

Educación avisa de que no se deben cobrar actividades extraescolares y la FAPA Giner de los Ríos invita a los padres a devolver los recibos. Sorpresa en los extractos bancarios, la cuota de abril del cole concertado. La FAPA (Federación de la Comunidad de Madrid de Padres y Madres de Alumnos) Giner de los Ríos ha denunciado este jueves que los centros concertados de Madrid siguen cobrando a las familias las llamadas “cuotas voluntarias”.

Las patronales de las escuelas concertadas han reclamado un plan de rescate para el sector a fin de tener "liquidez con carácter urgente y salvar la escuela concertada" y cuyo coste han cifrado en 16.835.049,49 euros por cada mes de confinamiento.

La portavoz del PP en la Junta General del Principado, Teresa Mallada, ha anunciado este miércoles que el Grupo Popular está estudiando llevar a los tribunales el "ataque" del Gobierno de Adrián Barbón a la educación concertada en Asturias, tras anunciar el Ejecutivo autonómico que pretende excluir a la enseñanza concertada del fondo de ayudas a Educación a raíz de la crisis generada por el coronavirus.

La presidenta del PP de Cádiz, Ana Mestre, ha pedido a la ministra de Educación, Isabel Celaá, “que rectifique y que incluya a la escuela concertada en el reparto de los fondos por el Covid-19”, y al PSOE de Cádiz “que defienda al alumnado que estudia en la concertada en la provincia”.