El Govern ha activado este jueves el formulario para que las personas multadas durante el 'procés', en aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana -conocida como ley mordaza-, reclamen la devolución, que se hará efectiva si se comprueba que se enmarca en los supuestos previstos en la amnistía.

La Ley de Seguridad Ciudadana fue modificada en el año 2015, introduciendo nuevos poderes y facultades para la Policía. Establecía todo un sistema de control sobre la protesta, con multas para reprimir y ahogar a movimientos sociales y activistas. Limitaba, en suma, el ejercicio de derechos fundamentales. Es la conocida como Ley Mordaza, aprobada el 1 de julio del mismo año como reacción del gobierno del PP a las movilizaciones del 15M y hoy, 9 años después, continúa en vigor. Levantó muchas críticas, el PSOE prometió derogarla, pero ahí sigue.

La Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana ha sido una de las leyes españolas más polémicas de los últimos tiempos. Es verdad que todas las leyes de seguridad ciudadana (o de orden público) lo fueron. No hay más que pensar en su predecesora, la Ley Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, bautizada como la “ley de la patada en la puerta”. También la anterior Ley 45/1959 de orden público fue tachada de represora por la época y el régimen en los que nació. Se decía que era una ley franquista.