El arzobispo de Sevilla, conocido por su papel en las inmatriculaciones de la Iglesia, tendrá una calle en la ciudad.

Además del camposanto de Barbate, el Obispado de Cádiz también inscribió a su nombre el de Zahara de los Atunes, cuya parcela pertenece al Ayuntamiento. El Consistorio tuvo conocimiento de la apropiación este mismo verano y de forma accidental, después del revuelo vecinal ocasionado por el incremento exponencial de las tarifas de enterramientos ordenado por el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza...

Navarra anunció en 2021 la creación de un grupo de expertos para identificar y reintegrar fincas comunales protegidas por la Constitución y las leyes forales. Dos años después, el proyecto duerme en un cajón de la Administración autonómica.

Las sombras que rodean a esta oscura trama de inmatriculaciones de bienes se deben, en buena medida, a las modificaciones legales que impuso el Partido Popular en 1998, durante la etapa de Gobierno de José María Aznar. Entonces se amplió la potestad legal que ya arrastraba la Iglesia católica, a la que se dio vía libre, además, para registrar a su nombre templos de culto, lo que conllevó un incremento sustancial de inmatriculaciones a través de diversas entidades jurídicas asociadas.

Los privilegios económicos que disfruta la Iglesia católica resultan esenciales para mantener su estructura interna. Así vuelve a desprenderse de su última memoria y así lo remarcan en Europa Laica, donde cada año someten ese documento de la Conferencia Episcopal Española (CEE) a un riguroso análisis. Según avanzan desde ese colectivo, las ausencias y olvidos vuelven a reinar en torno a esta institución religiosa. Donde los obispos ven un ejercicio de "transparencia", otros aprecian un intento de camuflar la realidad.

Fue un informe del servicio de Intervención foral el que bloqueó el proceso. "La competencia para investigar la situación de los bienes de las entidades locales no es propia del Gobierno de Navarra". El Reglamento de Bienes de Entidades Locales, en su artículo 46, estipula que el ejercicio de la acción investigadora puede efectuarse de oficio por la Corporación y también a iniciativa de "cualquier otra Administración" en virtud de los deberes de "información mutua y colaboración".

La Secretaria de Estado de Relaciones con las Cortes y Relaciones Institucionales, dependiente del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que dirige el socialista Félix Bolaños, ha respondido a una pregunta por escrito de Sumar que el Gobierno no tiene pendiente "obligación alguna" en relación a elaborar un listado con las inmatriculaciones de la Iglesia entre los años 1945 y 1998.

Más del 80% del patrimonio histórico de nuestro país está en manos de la Iglesia Católica. Se estima que al menos 100.000 son los bienes inmatriculados hasta 2015, año en que se acabó con este privilegio de la jerarquía eclesiástica. Entre ellos no solo hay lugares de culto (catedrales, ermitas, iglesias), sino edificios civiles, cementerios, plazas públicas, fincas, kioscos, tierras de labranza y hasta ruinas con las que el episcopado español sigue haciendo negocio. La magnitud es tan grande que habría que tratarlo como “cuestión de Estado".

(...) la presidenta del Congreso peregrinó al Vaticano para mantener una reunión con el jefe de la Iglesia católica y reafirmarle, una vez, más, que estuviera tranquilo, que el Concordato y los demás privilegios de los que disfruta la Iglesia católica en España se mantendrán, incluida la gestión diocesana del patrimonio histórico artístico, la mayoría inmatriculado gracias a la Ley Hipotecaria que lo promovía desde 1946-47, más la reforma de 1998 (que permitía los lugares de culto), y ello hasta el año 2015, (...)

La Diócesis de Pamplona inscribió a su nombre en 1980 dos parcelas que sumaban 658 metros cuadrados en el Concejo de Galar, una pequeña localidad situada a 11 kilómetros al suroeste de la capital navarra. Así consta en las notas simples expedidas por el registro de la propiedad número 3 de Pamplona, que obran en poder de este periódico. Sin embargo, ambas fincas ya estaban registradas por el propio Concejo de Galar y eran, por tanto, bienes comunales explotados colectivamente por el pueblo.