El juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena ha archivado la causa al presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los consellers procesados declarados en rebeldía, mientras sigan en el exilio.

El magistrado de la Sala Penal del Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa sobre el 'procés', ha activado este lunes una nueva euroorden contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia desde el 30 de octubre de 2017, cuando huyó de España.También se ha relanzado una orden internacional de detención con fines de extradición contra él.

Más de una semana después de conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que otorgó la inmunidad parlamentaria al líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Oriol Junqueras desde que fue elegido europarlamentario y por extensión al ex presidente Carles Puigdemont, el juez Llarena se ha replanteado su actuación respecto a éste último.

El Tribunal Constitucional propinó el martes un duro golpe al Supremo. Decidió amparar a César Strawberry y anuló la sentencia del Alto Tribunal que le condenaba a un año de cárcel. Una pena que fue suscrita por tres jueces del procés y el magistrado que rechazó la apertura de una investigación sobre la tesis del líder del Partido Popular, Pablo Casado. La absolución del rapero señala y deja tocados a Manuel Marchena, Pablo Llarena, Juan Ramón Berdugo y Miguel Colmenero.

En agosto de 2018, en plena instrucción por rebelión contra el Gobierno de Carles Puigdemont, el expresident y los consellers huidos en Bélgica dedicieron demandar ante los tribunales belgas al juez Pablo Llarena. Abrieron un procedimiento civil que, ahora, 20 meses después, ha sido archivado. Se impone que Puigdemont pague las costas del procedimiento judicial.

Hasta ocho veces ha intentado el juez del TS Llarena que la Justicia de Suiza, Lituania, Finlandia, Bélgica, Alemania o Escocia detenga y entreguen al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los tres exconsellers que se marcharon junto a él antes de ser detenidos y acusados de presuntos delitos de prevaricación y rebelión por la Justicia española en 2017. El resultado, según la documentación consultada por NIUS, ha sido dispar en la forma pero común en el fondo: ninguno de esos tribunales ha accedido por el momento a su entrega.

La Fundación Villacisneros ha galardonado al magistrado del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, con su premio anual «en reconocimiento a su trabajo en defensa del Estado de Derecho». Se lo entregará el próximo 16 de noviembre, en un acto en Madrid. Uno de los apartados del decálogo en los que basa su actividad la Fundación Villacisneros es la defensa del Estado de Derecho porque «sin ley y sin separación de poderes no hay democracia, solo su respeto asegura la convivencia pacífica».

Ahora la nueva abogada del estado, Andrea Gavela , se encontrará con el destrozo jurídico que esto significó, y tendrá un papel difícil en la vista oral si se plantea esta contradicción. Habrá que ver hasta qué punto todo ello se traslada en el fondo de las cuestiones que están en juego, en las respuestas que el TJUE dé a Llarena sobre los motivos que pueden justificar la denegación de una euroorden, sobre el riesgo de violación de derechos fundamentales en caso de extradición, sobre el cuestionamiento del Supremo como tribunal competente

Llarena ya ha aplicado la reforma del Gobierno. Ante la derogación de la sedición, los hechos son ahora subsumibles en un delito de desobediencia, pero no en el de desórdenes públicos agravados que introduce el Ejecutivo. Así, mantiene el procesamiento del expresidente catalán por malversación y cambia la sedición por desobediencia, un delito que no conlleva pena de cárcel y deja sin efecto las euroórdenes y las órdenes nacionales e internacionales de detención que estaban dictadas contra contra Puigdemont y los otros cuatro procesados.

«Tengo otras cosas a hacer«. Esta es la respuesta de la ex consejera de Enseñanza al exilio, Clara Ponsatí, ante la citación que tiene con el juez instructor de la causa del Proceso, Pablo Llarena, este lunes al Tribunal Supremo. La también eurodiputada de Libras por Europa dejaba entender que no se personaría ante el magistrado para responder a la imputación de desobediencia que le plantean por su participación en el gobierno del Primero de Octubre. La voluntad de Ponsatí es no presentarse, del mismo modo que hizo en su visita en Barcelona...

El juez Llarena entiende que el exvixepresidente de la Generalitat, los líderes de ANC y Òmnium Cultural y el exconsejero de interior deben permanecer en prisión al hacerles responsables de los choques violentos en las semanas previas al 1-O.

El juez que investiga la declaración unilateral de independencia ultima el auto para rechazar la presencia de Oriol Junqueras en el pleno de constitución del Parlament. Según ha sabido la Cadena SER, la decisión de Pablo Llarena irá acompañada de las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos políticos y que pueda delegar su derecho al voto. El título preliminar del Código Civil ofrece una fórmula y permite "la aplicación analógica de las normas cuando no contemplen un supuesto específico pero regulen otro semejante".

El juez del Supremo convoca la audiencia para decidir si debe modificar la situación de libertad y suspender el ejercicio de cargos públicos

Turull no disimuló y subió a la tribuna sabiendo que no saldría elegido presidente y pensando en la comparecencia que le espera ante Pablo Llarena. Aunque C's crea que es incompatible, Iceta y Domènech demostraron que se puede ser muy duro con el independentismo y a la vez buscar una salida conjunta

Vuelve la retórica de la "criminalización de las ideas" y el "ataque a la democracia". Esto es un proceso penal por rebelión, un delito gravísimo en cualquier ordenamiento. ¿Qué esperaban, que los jueces mirasen para otro lado?

La noticia de la detención de Puigdemont no solo atravesó el vermut a media Catalunya. La lanzó a la calle. Manifestaciones masivas, cortes de carretera, invasión de autopistas, etc. El independentismo se ha despertado definitivamente después de una hibernación anodina.

"Si yo fuera un inglés convencional estaria muy sorprendido. Incluso yo, que conozco España, estoy casi en estado de shock (...) El poder judicial ha tomado el control del país. El gobierno no decide nada (...) Leo intelectuales españoles diciendo que España es una democracia moderna. Lo siento chicos, os estáis engañando."

El auto de Llarena ignora olímpicamente la letra y el espíritu de la norma, y aplica la interpretación que los redactores del Código Penal quisieron evitar. Del Auto me ha llamado especialmente la atención el párrafo en el que el Magistrado interpreta la voluntad del Parlamento que en 1995 configuró el delito de rebelión. Este párrafo es poco acorde con el principio de taxatividad que debe inspirar la labor interpretativa de todo juez de lo penal, pero anticipa el tenor del resto de la resolución: una peligrosa equiparación del concepto de viol

La denunciada --que en su cuenta de Twitter se define como "sediciosa y tumultuaria"-- lanzó el siguiente tuit: "La mujer del hijo de puta de Llarena es Gema Espinosa, directora de la Escuela Judicial en Vallvidrera (al lado del Observatorio Fabra). Vive en Sant Cugat (adonde viene el hdp los fines de semana). ¡¡¡¡Hay que difundirlo porque han de saber que no podrán ir por la calle a partir de ahora!!!!".

El juez la deja en libertad provisional después de que se acogiera a su derecho de no declarar

La exdiputada de la CUP, ha pedido que se revoque su procesamiento por desobediencia por el proceso independentista, al considerar que el magistrado del Supremo le atribuye un "delito político" para "criminalizarla por enemiga". Así lo sostiene en su recurso contra la decisión del juez de procesarla en rebeldía por desobediencia, en el que también apela a la separación de poderes para evitar "someter un poder del Estado a otro únicamente por la expresión de los mandatos populares sometidos en las urnas y que han ganado la contienda electoral"

El resto de los países europeos se podrá personar en la causa para aclarar si se puede romper la legalidad de un Estado sin que exista respuesta penal.