Una exprofesora del centro las acusó, sin pruebas documentales, de malversar 139 euros en la gestión del comedor escolar. Para ellas comenzaba así un calvario que ha durado casi cuatro años. La absolución ha sido un mal menor: «O dano xa está feito», sentencian. Todo el proceso para aclarar el gasto de 139 euros tuvo un coste de unos 20.000. Es una estimación prudente si se tiene en cuenta que el proceso de instrucción se inició en 2013, generando un sumario de más de 400 folios.

La Guardia Civil sostiene que el diputado autonómico y secretario general del PP en Gandía, Víctor Soler, era el "interlocutor directo" con el conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro, para los trabajos reputacionales del alcalde de Gandía, pagados de forma irregular con dinero público del ayuntamiento y a través de una adjudicataria municipal. Soler incluso pidió a De Pedro que despidiera a una periodista porque no le gustaba cómo trataba al alcalde del PP.

Los juzgados y tribunales españoles han procesado o abierto juicio oral por delitos de corrupción contra 1.378 responsables públicos implicados en un total de 166 casos entre julio de 2015 y septiembre de 2016, según el mapa de la corrupción presentado este jueves por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El Parlamento Europeo (PE) informará a la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, que a partir de este mes empezará a cobrar la mitad de su sueldo por la supuesta malversación de 340.000 euros de los fondos que recibió en su dotación como eurodiputada, explicaron fuentes parlamentarias.

'Génova' reafirma su confianza en Pedro Antonio Sánchez porque no es un caso de corrupción El PP nacional ha reafirmado este jueves su confianza en el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, alegando que no está imputado, no se ha abierto juicio oral, ni se trata de un caso de corrupción, según han señalado a Europa Press fuentes de la dirección nacional.'El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) se ha declarado competente para investigar el caso 'Auditorio'

La denuncia por el uso indebido de las subvenciones que recibe el Grupo Municipal ha sido admitida a trámite por el juzgado

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido una pena de ocho años de prisión para la diseñadora cordobesa Juana Martín por los delitos de malversación y prevaricación tras las ayudas públicas que recibió entre 2006 y 2011 de la Junta de Andalucía, que habrían provocado un perjuicio de 849.749 euros. La petición de cárcel se recoge en un escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, relativo a la investigación judicial sobre la sociedad pública andaluza de capital riesgo Invercaria, que está dividida en varias piezas.

La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto una investigación a la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián, por posible malversación en relación con unas adjudicaciones de trabajos --encomiendas de gestión-- a la empresa pública Tragsa, dependiente del Ministerio, en detrimento de Vaersa --mercantil dependiente de la Generalitat--.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ribadavia (Ourense) ha ordenado la apertura de juicio oral contra el que fuera durante seis años el hombre de Alberto Núñez Feijóo en la provincia, Rogelio Martínez González, al considerar que existen suficientes indicios de que él y una decena de cargos, técnicos y particulares vinculados al Partido Popular idearon y ejecutaron una trama corrupta para obtener fondos europeos para financiar varios proyectos inexistentes o parcialmente ejecutados mediante la emisión de facturas falsas

Una nueva trama castiga al PP La detención del ex presidente madrileño Ignacio González en el marco de la Operación Lezo que investiga malversación y...

La compra en 2013 por Inassa, la filial suramericana del Canal de Isabel II, del 75 por ciento de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes supuso una malversación de 25 millones de euros al patrimonio público madrileño y se realizó "a través de cuentas no autorizadas en paraísos fiscales".

Dos peritajes independientes han constatado la existencia de trabajos por valor de 1,43 millones de euros sin cobertura contractual en el Institut Municipal d'Informàtica (IMI) de Barcelona durante el anterior mandato de CiU, en nueve facturas a ocho empresas, han detallado fuentes municipales a Europa Press.

Hebe de Bonafini, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo,fue procesada en una causa de defraudación al Estado argentino a través de un plan de vivienda del anterior gobierno kirchnerista. El juez procesó a Bonafini junto a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, y el ya detenido exsecretario de Obras Públicas José López, entre otros. El caso aborda un desvío de unos 13 millones de dólares en el programa "Sueños compartidos" para la construcción de viviendas sociales y administrado por la fundación de Madres de Plaza de Mayo

La causa está archivada al no considerarse el gasto particular que hicieron suficiente para implicar malversación, pero el juzgado ha dado la posibilidad de reclamar el gasto por la vía administrativa. Entre los gastos que se reflejaban en el sumario figuran más de 3.000 euros del edil Javier Montoro a su pareja sentimental (que reintegró, pidiendo disculpas públicas), o más de 2.000 de la asesora Juana López, por llamadas a concursos de televisión.

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, investiga a 26 personas, todas ellas al menos por un presunto delito de malversación, por las ayudas y subvenciones públicas concedidas desde el Ministerio de Trabajo y desde la Junta de Andalucía a cinco empresas mineras de la Faja Pirítica de Huelva por una cantidad estimada en más de 40 millones de euros.Esta nueva pieza abierta de los presuntos ERE fraudulentos investiga a seis altos excargos de la Junta de Andalucía, dos exaltos cargos del Ministerio de Trabajo

La Fiscalía francesa ha imputado a la líder del ultraderechista Frente Nacional (FN) Marine Le Pen por apropiación indebida al emplear a una persona dentro de su partido con fondos públicos del Parlamento Europeo, ha anunciado el abogado de la política.

El artículo analiza los ejes fundamentales sobre la validez de las pruebas obtenidas por medios ilícitos en términos generales y más concretamente cuando los delitos juzgados se enmarcan dentro de la temática de la corrupción.

Las facturas de los viajes del ex alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato, son ficticias. Me da que todo es falso en el PP, hasta su nombre. Se hacen llamar partido y no son ni partido ni popular.

Los promotores de Hiriko, el fallido coche eléctrico vasco, han asegurado hoy que trataron de salvar este proyecto hasta el final y que durante su desarrollo nunca recibieron queja alguna por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación, sino al contrario, recibieron "felicitaciones"Así lo han afirmado hoy los cuatro administradores de Afypaida,, durante su declaración en el juicio que se sigue en el Juzgado de lo Mercantil 1 de Vitoria por la quiebra de esta iniciativa, que recibió 15,7 millones de ayudas públicas

El exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Luis Miguel Rodríguez, ha llegado a un acuerdo con al Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por el que acepta los cargos del malversación de caudales públicos. El exedil reconoce que realizó un total de 2.496 llamadas a un número privado desde su teléfono corporativo. En total, la factura a cargo de las arcas públicas ascendió a 9.304 euros.

Decenas de altos cargos de la Generalitat de Cataluña podrían acabar en prisión en virtud de los datos que acumula la Guardia Civil.

El Juzgado de Instrucción 50 de Madrid, coordinado por la Fiscalía Anticorrupción, ha desmantelado una supuesta red corrupta de funcionarios de la Dirección General de la Policía y de la Dirección General de Tráfico que presuntamente han favorecido contratos públicos a cambio de sobornos.

La investigación policial evidencia que el gobierno de Carles Puigdemont desvió fondos desde el presupuesto del Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales destinado a políticas de empleo e inclusión social, para financiar a las empresas encargadas de crear las nuevas estructuras de recaudación de impuestos de la República Catalana.