"Pin parental = a libertad de los padres" . En concreto Vox ha pagado soportes publicitarios en diferentes puntos del municipio de Murcia.

La Comunidad de Madrid ordena a los centros públicos y concertados publicar sus programaciones anuales para allanar el voto de Vox a los presupuestos una semana después de que Díaz Ayuso defendiese que es una polémica "estéril"Los profesionales de las charlas a las que ataca el veto parental: "Estos talleres pueden cambiar la vida de los alumnos"

La asociación ultracatólica intenta montar una mesa en la puerta de un centro público de Leganés y los agentes les disuelven ante el enfado de algunas madres

La Audiencia Provincial de Bizkaia recuerda en su auto que el controvertido síndrome no ha sido reconocido por ninguna asociación profesional ni científica y que ha sido rechazada por la Asociación Americana de Psiquiatría y por la Organización Mundial de la Salud. El propio Consejo General del Poder Judicial ha rechazado la existencia del SAP, lo que no significa que los jueces no reconozcan “las interferencias parentales”.

"Me niego y me he negado a solicitar ese permiso parental", arranca la alocución de Diego Reina que lo ha convertido en el primer objetor, al menos explícitamente, al pin.

Los populares valencianos no tienen intención de apoyar la propuesta de Vox para implantar el pin parental en los centros educativos de la Comunidad. Tras estudiar la iniciativa de la formación de derecha populista, el PP considera que pedir el consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad con contenido de valores éticos, morales, sociales o cívicos contraviene la jurisprudencia.

Durante la visita del presidente autonómico, Fernando López Miras, al Centro Integrado de Formación Carlos III, una mujer, María Martínez Conesa, madre de una alumna del centro, ha denunciado el incumplimiento del pin parental en la visita del presidente al centro educativo. Indica que no se le había notificado dicha visita, que no se ha explicado el motivo de la misma.

La senadora del PP por la provincia de Toledo Pilar Alía ha considerado sobre una actividad escolar consistente en una canción de Carnaval impulsada por el centro Ciudad de Nara de la capital regional que hay "adoctrinamiento"; ante lo que el PSOE ha lamentado que "se ponga en duda la labor" de los profesores del colegio y se ha preguntado "si para eso quieren el censura parental".

Declaración institucional de la Universidad de Murcia. Sobre la inclusión en los artículos 15.2 y 25 de las instrucciones de inicio de curso de 29 de agosto de la necesidad de autorización de padres y madres sobre las actividades complementarias de los programas docentes, tras un largo y extenso debate, el Claustro de la Universidad de Murcia manifiesta: 1. Que insta a la eliminación de la autorización por parte de padres y madres de las actividades complementarias que han venido siendo denominadas como “pin” o “veto parental”.

En el escrito señalan que se consideran padres contrarios a la aplicación del pin parental porque todas las actividades del centro son aprobadas por el claustro de profesores a los que consideran profesionales cualificados. Además, estos padres dicen que se niegan a que la educación de sus hijos sea objeto de chantaje entre partidos políticos en la región de Murcia.

Los defensores del veto parental se hicieron escuchar. Padres, algunos con sus hijos, gritaron en la tarde del sábado al unísono contra el «adoctrinamiento en las aulas» en una manifestación diversa. Sobre todo murcianos, pero también algunos venidos de otros puntos de la geografía española como Madrid o Barcelona. Sin embargo, el grupo más numeroso, además del oriundo, fue el de la comunidad latina residente en la Región, que se hicieron notar en la protesta.

El único alumno que no ha llevado la autorización familiar ha quedado al cuidado de un profesor mientras todos sus compañeros de 5 y 6 de primaria participaban en la actividad impartida por un técnico de la Delegación del Gobierno.

Un juzgado de Vizcaya ha decretado la apertura de juicio oral contra los máximos responsables de los servicios sociales y de menores de Vizcaya en 2017. Se enfrentan a cinco años de cárcel y 15 de inhabilitación para ejercer cargo público por la retirada de la custodia de su hija a una madre.

El (mal) llamado “pin parental” es la medida acordada desde el jueves 16 de enero entre PP, Ciudadanos y Vox en la comunidad de Murcia. Consiste en una solicitud de veto que los progenitores podrán imponer en los colegios e institutos a cursos, asignaturas, actividades y demás propuestas formativas obligatorias sobre igualdad o educación sexual. El partido de extrema derecha ha utilizado la implantación de esta disposición a cambio de la aprobación de los presupuestos para el año 2020 en la comunidad.

El Ministerio de Igualdad ha abordado con la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la posibilidad de proponer formación “con enfoque de género” para juristas, incluidos los del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal. El departamento dirigido por Irene Montero explica que se ha abordado la “preocupación por la figura del coordinador parental en casos de violencia de género y la utilización del denominado síndrome de alienación parental, que puede suponer un grave obstáculo para la investigación y protección de violencias contra menores de edad”.

En su comparecencia ante la comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Montero afirmó que "ser escuchado a cualquier edad es un derecho consignado en las leyes, y en una ley contra la violencia en la infancia es necesario reforzar este derecho". La ministra defendió que es necesaria "una cautela estricta" hacia este supuesto síndrome que se sigue aplicando y que invalida la declaración de los niños niñas que han sufrido violencia, "por entender que existe una interferencia adulta (normalmente de la madre)". Esto es "enormemente preocup

La Comunidad de Madrid financia con dinero público a la Fundación Filia de Amparo al Menor, para que los madrileños accedan de forma "gratuita" al servicio de coordinación de parentalidad que esta organización intenta implantar en nuestro país desde hace varios años. Se trata de una figura que no está regulada en ninguna ley, que no tiene funciones definidas, ni un programa homologado de formación de los profesionales que la practican, pero que cada día se utiliza más en juzgados españoles en procesos de separaciones conflictivas.

...por aplicar el síndrome de alienación parental en su caso En el auto judicial, a pesar de que se reconoce que las visitas entre Costumero y su hija “son muy restringidas, pues no ha habido pernocta en tres años” y que "la propia menor desea una relación más normalizada con su madre", la jueza desestima la petición de la madre de restablecer la custodia compartida y se la concede provisionalmente al padre

Con los presupuestos regionales pendientes de aprobación cada gesto cuenta. La débil situación parlamentaria del Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso —que gobierna con Ciudadanos, pero sin mayoría— es el principal motivo por el que no se ha hecho público ningún dato concreto del proyecto, a la espera de las correcciones que pueda aportar Vox. La presidenta madrileña ha querido escenificar su acercamiento a la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio

Lluís llegó a odiar a su padre durante años. El divorcio de sus padres supuso un cambio radical en su vida ya que, según el joven, su madre le utilizó para ganar la demanda de divorcio. Dice que junto a su abogado, le presionaron para que testificara en contra del padre y le pintaron una "realidad distorsionada".

Se trata de una figura no regulada, que genera inseguridad jurídica y que se aplica sin perspectiva de género, incluso en aquellos casos en los que ha existido violencia de género, algo que prohíbe tajantemente los tratados internacionales sobre derechos de las mujeres firmado por nuestro país. El hecho de que estos profesionales no estén regulados, ni tengan estudios específicos sobre violencia de género "no solo puede ser ineficaz, sino también lesivo para los menores o las madres y tiene consecuencias en la salud de las personas".

Diversos expertos del área de la psicología, la psiquiatría, la ciencia forense o del derecho explican que el SAP es una construcción misógina para perpetuar el estereotipo de la mala madre y que no tiene ninguna base científica.

Tampoco existe el síndrome de la mujer maltratada o del hombre maltratado. Pero que hay mujeres y hombres que sufren maltrato en la pareja, es otra realidad incuestionable. El síndrome del efecto espectador tampoco existe, pero sí existe gente que prefiere grabar cómo sufre una persona para subirlo a la red, en vez de ir a auxiliarla. Ninguno de los “síndromes” arriba mencionados se encuentran reflejados en el CIE 11 ni en el DSM5. Aún hay gente fanática que niega su existencia.

Ione Belarra: La Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia aprobada ayer en el Congreso ponemos fin, por fin, al falso síndrome de alienación parental (SAP) que quedará prohibido también en nuestro país y deja clara una cosa:un maltratador nunca será un buen padre. Gracias Irene Montero y Ministerio de gualdad por incorporar esas mejoras en esta ley.

Se ha propuesto "paliar como sea el desastre que va a suponer la Ley Celaá" aunque, para empezar, ha tenido que descafeinar su medida estrella