Un año y medio después del anuncio a bombo y platillo de esta medida para facilitar una vivienda a personas desahuciadas, las cifras ponen en evidencia su fracaso. De todos los pisos que las entidades pusieron a disposición del fondo, hasta hoy solo se han tramitado 750 solicitudes. El ministerio de Economía ha anunciado que flexibilizará los requisitos necesarios para que más familias puedan acogerse.

Los cacos se valen de las redes sociales para asaltar viviendas en vacaciones. Facua advierte que los nuevos contadores de la luz de las viviendas unifamiliares ofrecen información sobre si éstas están ocupadas en tiempo real.

En una economía de mercado, la producción de vivienda siempre ha tenido una consideración de objeto económico, así como, marginalmente, de un bien necesario para la satisfacción de una necesidad básica de subsistencia/salud, ya que la vivienda es un espacio vital imprescindible para la socialización, y además es un factor de inclusión de primer orden.

La delegada del Gobierno en Madrid y candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha comprometido este martes a dar "una utilidad social" a las viviendas vacías de la Comunidad de Madrid para que puedan ser ocupadas por familias necesitadas a través de un alquiler pequeño.

El Fondo Social de Viviendas cuenta ya con casi 10.000 pisos, aportados por 29 entidades financieras con el objetivo de ayudar a las innumerables familias que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca.

En España hay 31.000 personas sin hogar. A este problema social lo llamamos 'sinhogarismo'. Aproximarnos a la realidad social de una manera distinta necesita de nuevas palabras, de nuevas miradas. Hablar de 'sinhogarismo' en lugar de hablar de personas sin hogar supone tener una mirada más amplia no solo del problema sino, sobre todo, de sus causas. Significa tener en cuenta otros factores que influyen de manera determinante para que una persona llegue a situación de calle, como son las ridículas políticas sociales de vivienda.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, negocia con la Sareb, el "banco malo", la compra de viviendas para sacarlas en alquiler social. Formarían parte de las 20.000 viviendas que el Gobieron quiere poner a disposición de los colectivos más necesitados en los próximos 4-6 años. Ábalos ha descartado este jueves que el Gobierno vaya a fijar un precio tope para moderar el precio de las viviendas en alquiler y ha confirmado su intención de elevar de tres a cinco años la duración de los contratos de alquiler.

España se sitúa a la cola de la Unión Europea (UE) en ayudas para fomentar la vivienda y combatir la exclusión social: destina sólo un 1,5% de su PIB a este fin, frente al 4,2% que dan de media los países de la UE, con lo que se sitúa entre los ocho países que menos destina a estos conceptos y a mucha distancia de otr

El Gobierno autonómico va a poner en marcha cinco experiencias piloto, una en cada provincia, para transformar edificios públicos en desuso en vivienda de alquiler social en municipios afectados por la despoblación.

Hay una nueva modalidad de vivienda pública que podría convertirse en el remedio para el drama habitacional de los centros urbanos. Las viviendas dotacionales, solares de titularidad pública que pueden destinarse a diferentes usos municipales, irían destinadas a jóvenes y colectivos vulnerables, y podrían compartir espacio con servicios sanitarios, culturales o deportivos. "En el centro de las ciudades hay suelos dotacionales por un tubo y podría aplicarse una política de vivienda muy dinámica".

El juez que instruye el caso sobre la venta de viviendas sociales del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) a un fondo buitre tomará declaración a Fernando Gumuzio Iñiguez de Onzoño y María Concepción Osacar Garaicoechea, dueños de Azora Gestión, la empresa que está detrás de la adjudicataria del contrato de los 2.935 inmuebles, Encasa Cibeles. La venta se formalizó en 2013, cuando Ignacio González era presidente de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid quiere incrementar su parque de vivienda social en alquiler. La decisión fue tomada el pasado mes de septiembre en el consejo de administración de la EMVS, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha iniciado la campaña de 'marketing' para atraer la atención de particulares y empresas... Eso sí, no vale cualquier inmueble, sino que debe tratarse de pisos "libres de cargas y gravámenes, arrendatarios, ocupantes...precaristas". Es decir, tienen que estar vacíos. Por ellos, el ayuntamiento pagará entre 65.000 y 160.000 euros

Para conseguir el cierre del CIE de Aluche, Carmena propone una estrategia diferente a la del Ayuntamiento de Barcelona.El plan consiste en vaciarlos: disminuir el número de personas encerradas y el tiempo de internamiento con la colaboración de los servicios sociales municipales.Proponen viviendas municipales para ofrecer a los jueces "los recursos suficientes" para evitar el encierro en el CIE .También hay propuestas concretas para cuando se dictamine que un interno debe abandonar el CIE. El Ayuntamiento de Madrid quiere tener un conocimiento

Un total de 8,5 millones de personas en España están en situación de exclusión social, un 18,4% de la población, según un informe de Cáritas.Un total de 2,1 millones de personas en España viven con la incertidumbre de quedarse sin vivienda, un 4% de los hogares, según revela el VIII Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España.

El Gobierno de Cantabria ha suspendido de forma extraordinaria el pago del alquiler a inquilinos de viviendas de propiedad directa del Ejecutivo regional que se hayan quedado sin empleo o hayan visto empeorada de forma "considerable" su situación económica por el coronavirus y ha adelantado las ayudas sociales.

El proyecto tendrá como escenario piloto los concejos de «Ponga y Pesoz», que son en los que los ayuntamientos han detectado la necesidad «de profesionales de este sector y no lo han podido cubrir». Con esos nuevos equipos se lograría «un doble objetivo: dar servicio a las personas que lo necesitan y, también, fijar población en los pueblos con menos residentes». Con el acceso a la vivienda y al empleo, «se logran nuevos vecinos, que generarán riqueza en el municipio» así como garantizar el acceso universal a los servicios sociales.

Cada vez se van creando por toda España más proyectos sociales de vivienda colaborativa destinada a las personas mayores. Una alternativa a la vivienda convencional que funciona desde hace más de 100 años en los países escandinavos, Alemania, Latinoamérica, Estados Unidos o Gran Bretaña.Trabensol (Trabajadores en Solidaridad) es una cooperativa formada por personas de 50 a 70 años, con diferentes ideologías, cuyo objetivo fundamental es buscar en común una forma satisfactoria de pasar los últimos años de la vida.

El Ayuntamiento de Madrid inicia la vía para expropiar y rehabilitar un bloque de viviendas en Lavapiés. Tras años de incumplir reiteradamente las órdenes de ejecución dictadas desde 2001 para la reparación de las graves deficiencias que afectaban a la habitabilidad por parte de sus propietarios, el Ayuntamiento va a iniciar el procedimiento para declarar el incumplimiento del deber de conservar o rehabilitar que puede concluir con la expropiación del edificio. Las viviendas adquiridas se destinarán al alquiler social.

Euskadi va a dejar de promover pisos sociales para la venta. En 2020 todas las promociones públicas serán para alquileres, habida cuenta de que de los 64.000 demandantes de vivienda social inscritos en el registro autonómico, 52.000 lo reclaman. No tiene vuelta atrás. La primera comunidad en considerar la vivienda un derecho subjetivo, y por tanto exigible dentro de unos requisitos de ingresos, ha diseñado una hoja de ruta respaldada por el Parlamento vasco. La meta es evitar que el precio del mercado libre de alquilerprovoque una burbuja

Asociaciones de consumidores y el movimiento por la vivienda denuncian que el “escudo social” frente al covid19 no está funcionando como debería. La burocracia, las dificultades añadidas en tiempos de confinamiento, la brecha digital y unos requisitos “excesivos”, según denuncian, hacen que buena parte de las personas que las necesitan no puedan acceder a las ayudas.

Tras el anuncio, el vicepresidente y conseller de Vivienda Héctor Illueca destacó la importancia de esta vía "al ser la Valenciana la primera comunidad que podrá ampliar de esta manera el parque público de vivienda con activos de Sareb "."La ampliación del parque público de la Generalitat es una prioridad para el Gobierno valenciano para hacer así frente a la emergencia residencial en un escenario de crisis económica”. Illueca lleva más de un año en una cruzada para que las autonomías asuman la gestión de estas casas del llamado "banco malo".

Una familia de Antequera está a punto de quedarse en la calle. Se trata de una pareja con dos hijos, de tres y de seis años. Ambos están en paro y en “riesgo de exclusión social”. El Ayuntamiento los ha llevado ante los juzgados y por la vía penal por un presunto delito de “usurpación de vivienda"

A continuación, desglosamos cuánta vivienda en alquiler social y asequible se ha hecho en cada comunidad a lo largo los últimos años. Hay que tener en cuenta que administraciones como Galicia, Euskadi, Catalunya y Andalucía tienen un calendario electoral diferente. A todas las comunidades se les han hecho las mismas preguntas: cuántas viviendas en alquiler se han hecho en esta legislatura y cuales están ya previstas para la próxima.