La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha rechazado este miércoles que el presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, y el resto del Govern cesado puedan ser encarcelados: "Hace falta política, no venganza". En un apunte en su cuenta de Twitter ha defendido que quiere "confrontar la irresponsabilidad del Govern" en las elecciones.

Todo el Govern irá a prisión. La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado prisión incondicional para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsejeros Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Joaquim Forn y Carles Mundó. Tan sólo el exconsejero Santi Vila se libra de la prisión, al acordar la magistrada prisión eludible bajo fianza de 50.000 €. Vila, sin embargo, Ingresa en prisión hasta que deposite dicha cantidad.

Ayer mantuve, en tuiter, sobre la prisión de varios exmiembros del gobierno catalán, una conversación con un magistrado instructor con el que he conversado a menudo, y que me parece hombre cabal y sensato. Hoy Rodrigo Tena, en Hay Derecho, escribe este artículo en el que critica el auto de prisión, que califica como poco fundamentado. Como son opiniones que respeto y que son básicamente coincidentes, voy a explicar por qué discrepo de forma muy acusada de lo que sostienen. Rel: www.meneame.net/m/actualidad/auto-prision-poco-fundamentado

Felipe González, ex presidente del gobierno de España está en Buenos Aires y es uno de los disertantes en la XVIII edición del Foro Iberoamérica que tendrá lugar hasta mañana en el hotel Alvear Icon. En un respiro de los debates, el también ex líder del Partido Socialista Obrero Español habló con Clarín de la crisis en Cataluña.

Javier Pérez Royo: La Audiencia Nacional de estas últimas semanas no ha sido la Audiencia Nacional de la democracia, sino el Tribunal de Orden Público del régimen de Franco

Los miembros del Govern encarcelados son presos políticos. ¿Qué si no? ¿“Políticos presos”, como se repite machaconamente en los medios de comunicación y desde los cargos del gobierno? Ignacio González es un político que está preso por corrupción. Él no llevaba la corrupción en su programa electoral, no robó lo que robó por mandato de sus votantes y sus votantes –es de imaginar– no se corresponsabilizan de esos actos delictivos.

"- Digo yo que estos (furgones) van a ir ‘follaos’... - Las van a pasar … hasta allí…salen y se empotran con el Polo. - Al osito [Junqueras] ya verás cómo lo van a poner... - Está llegando un osito a la cárcel. - Hasta que lo pongan a cuatro patas... [gesticula una pose sexual] - Le arreglan el ojo [Junqueras sufre estrabismo]”.

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha dirigido este viernes al PNV para decirle que "no hay margen" para que mañana no se manifieste por las calles de Bilbao para mostrar su rechazo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, más después de que ayer se encarcelara a los miembros del Govern. Tras advertir de que el Estado "está poniendo en marcha una democracia a la turca", ha mostrado su convicción de que "el ataque antidemocrático no se va a limitar a Catalunya".

Podemos Euskadi también ha realizado un llamamiento a la ciudadanía vasca a movilizarse esta tarde en Bilbao y ha apostado por "una movilización plural y unitaria, y un frente común en favor de los derechos civiles y políticos y contra el 155".

Lo bueno de estar enamorado o de, todo lo contrario, convivir con un psicópata, es que cada día es una aventura imprevisible. Y ahí estamos. El Govern, del que una mayoría social cat está enamorada, ha sido encarcelado por --algo sumamente parecido a-- el Gobierno que, como un psicópata

El Gobierno catalán maniobró bajo mano para conceder los permisos del Eurovegas de Tarragona. La operación estaba tan viciada que ya estaba decidido conceder el concurso a una empresa que todavía no se había constituido. Así se desprende de las conversaciones telefónicas ejecutadas con orden judicial al exsecretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, que fue detenido el pasado 20 de septiembre: dos semanas antes de celebrarse el concurso, ya estaba decidido quién se iba a llevar el gato al agua.

Jueces, catedráticos e incluso uno de los autores de la regulación actual del delito de rebelión en el Código Penal, puntan a algunos de sus puntos débiles. Uno de ellos es la competencia de la Audiencia Nacional. La Fiscalía ha considerado que era ese tribunal el competente al haber cesado los exconsellers por el Gobierno central gracias a la activación del 155. Sin embargo, entre los expertos en Derecho Procesal, la cuestión no está clara.

El conseller de Justicia cesado, Carles Mundó, que se encuentra en prisión preventiva en Estremera (Madrid) junto a otros miembros del Govern cesado, ha asegurado que "se pueden encarcelar las personas pero no las ideas".

Él y otros tres miembros del extinto 'Govern' afirman en su recurso que declararon en la Audiencia Nacional "ya como exconsejeros".

Dentro de la enorme relación de publicaciones que durante los últimos años han recibido subvenciones de la Generalitat de Cataluña se encuentra la revista Café amb llet, editada por la empresa Noupaper Editors S.L. yparticipada por el exsecretario general de Podem, Albano Dante Fachín. Esta sociedad fue beneficiaria entre 2009 y 2011 de tres ayudas públicas por la difusión de contenidos en idioma catalán, según figura en los registros del boletín oficial de esta comunidad autónoma.

El exministro de Finanzas griego y fundador del Movimiento por la Democracia en Europa 2025 (DiEM25), Yanis Varoufakis, ha dicho este miércoles sentir "vergüenza como europeo" de que parte del exgobierno de la Generalitat esté en prisión, aunque ha sostenido que para convocar un referéndum jurídicamente vinculante deben ganarse las elecciones con mayoría absoluta de votos y haberlo incluido en el programa electoral.

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont denuncia en una entrevista con Sky News haber sido tratado "como un criminal, un narcotraficante, un pedófilo y un asesino en serie" y lo considera un abuso: "Eso no es política, es usar la justicia para hacer política". Un periodista de la cadena británica afirma que Puigdemont exigió ser tratado como "presidente" para conceder la entrevista. "Por una razón muy sencilla: La ley catalana y española dicen que lo único que puede quitar a un presidente es el parlamento que lo eligió".

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha admitido hoy que el Govern "no estaba preparado para hacer efectiva la declaración de independencia ante un Estado autoritario sin límites para aplicar la represión y la violencia", y ha dicho tener "pruebas claras", que no ha especificado, de que esto podía ocurrir.

El Ejecutivo de Carles Puigdemont estaba preparándose para la posibilidad de que se desatara un conflicto bélico con el resto de España tras la declaración unilateral de independencia.

El secretario de Hacienda del Govern hasta la aplicación del artículo 155, Josep Lluís Salvadó, uno de los cerebros del proceso independentista y mano derecha de Oriol Junqueras, intentó destruir pruebas hasta el último instante para dificultar las investigaciones de la Guardia Civil contra las estructuras de Estado y el referéndum del 1-O. Los pinchazos telefónicos revelan que Salvadó dio órdenes explícitas a sus secretarias para que se deshicieran de documentación comprometedora cuando los agentes ya estaban registrando dependencias.

En Vic, los vecinos se encierran voluntariamente y por turnos en una prisión simulada para sentirse como los 'exconsellers' presos y 'los Jordis'.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela asume que el procedimiento por rebelión que viene instruyendo desde el pasado 31 de octubre contra los exmiembros del Gobierno catalán pase a manos del magistrado del Supremo Pablo Llarena, que tramita la causa, también por rebelión, contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y antiguos integrantes de la Mesa de la Cámara autonómica.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha convertido en el gran controlador de las cuentas de la Generalitat catalana antes y después de la aplicación del artículo 155; sobre todo en lo que respecta a la gestión de cada gasto de su presupuesto, como a la organización y movilidad del personal al servicio de las instituciones públicas dependientes del ‘Govern’.