Agentes de la Policía Nacional de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia han detenido en Alicante a un empresario hostelero acusado de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral al tener a un joven en situación irregular trabajando "en condiciones de esclavitud", y al que únicamente alimentaba con sobras de la comida de los clientes. La víctima trabajaba unas 16 horas al día, 50 horas semanales en el establecimiento hostelero y el resto cuidando a una persona de avanzada edad.

La Policía Nacional ha liberado a dos hombres que trabajan en una finca de Deleitosa (Cáceres) sin contrato y en la que vivían en “condiciones infrahumanas” en un contenedor de obra, sin cama ni cocina, y consumían los alimentos proporcionados para los animales, “como pan mohoso y patatas podridas”.

La Policía Nacional ha expulsado a ocho extranjeros en situación irregular que tenían numerosos antecedentes por robos y tráfico de drogas. Estos delitos los cometieron en Vitoria-Gasteiz, Murcia, Erandio y, sobre todo, en Bilbao. Finalmente, tras su ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) correspondiente, la Policía Nacional les expulsó después de imponerles una prohibición de entrada en España. Algunos anteriormente ya habían burlado las órdenes de expulsión que tenían decretadas.

Desde el 16 de octubre, fecha del despliegue de un avión CN-235 de vigilancia marítima en Dakar, la Guardia Civil ha interceptado en Senegal y Gambia 59 embarcaciones y 7.213 personas, casi la mitad de las salidas irregulares hacia Canarias en ese periodo

El Tribunal Superior de Madrid ha decidido dejar en seis meses la condena de hasta cinco años de prisión de un policía nacional por agredir y detener irregularmente a un hombre que, además, llevaba un bebé en brazos. Los jueces mantienen que el agente retuvo de forma irregular al hombre pero entienden que no cometió un delito más grave de detención ilegal porque habían mantenido enfrentamientos anteriores y actuó, afirman, convencido de que tanto él como su familia estaban siendo amenazados por la víctima.

Ese mismo viernes, en esa serie de catastróficas desdichas, publicaba Miguel González en El País que el tribunal de cuentas ha expedientado a Vox por financiación irregular, por recaudar miles de donaciones prohibidas por ley. Pero vino el sábado y llegó la asamblea nacional. Y segundos después de subirse al micrófono, después de los aplausos y de que los asistentes le gritaran: “presidente”, alguien gritó "Viva Franco" y se oyeron risas, y él, sin corrientes y aun sintiéndose más seguro de sí mismo que nunca, no dijo ni sí ni no

La Audiencia Nacional ha anulado la orden con la que Manuel García Castellón pretendía prolongar de forma irregular durante seis meses la investigación en una de las ramificaciones del 'caso Villarejo': la que analiza si un empresario contrató al comisario jubilado para extorsionar a su expareja. La Sala de lo Penal recuerda al juez que “en manera alguna” podía añadir seis meses más a una causa que lleva cuatro años y medio en marcha solo por estar esperando a que Rumanía envíe datos del caso. Recientemente un imputado del caso Tsunami Democràt

Un total de 14.035 inmigrantes han entrado irregularmente por mar o por tierra en España en los dos primeros meses del año, un aumento del 356,6 % respecto a las cifras de 2023 principalmente por el incremento registrado en Canarias, donde las llegadas han subido un 540 %. Son los datos recogidos en el último balance de inmigración irregular del Ministerio del Interior, hecho público este viernes. Entre el 1 de enero y el 29 de febrero han llegado a Canarias en 181 cayucos y pateras 11.932 migrantes, frente a los 1.865 del año pasado.

El varón citaba a las mujeres en su domicilio para entregarle los alimentos y posteriormente forzarlas a mantener relaciones íntimas con él y enviarle fotografías de índole sexual. Las citaba en su domicilio particular, obligándolas en algunos casos a mantener relaciones íntimas con él, todo ello aprovechando su situación de superioridad y la imperiosa necesidad que tenían las víctimas de conseguir alimentos para llevárselos a sus familias. La investigación no está cerrada aún por lo que no ha trascendido el nombre de dicha ONG,

La Audiencia de Madrid impone dos años de cárcel a dos trabajadores que reconocieron haber vestido de empleados de Iberia a 29 personas procedentes de República Dominicana para saltarse los controles del aeropuerto y conseguir introducirlos en España a cambio 8.000 euros por persona.