La asociación denuncia que algunos puntos del tratado suponen un ataque a la soberanía jurídica de los estados. La organización advierte sobre el denominado dumping social, es decir, “el enriquecimiento empresarial a costa del abaratamiento de la mano de obra y la consiguiente desprotección de los derechos de los trabajadores bajo el falso alegato de ser más competitivos en el mercado exterior”.. “viene a ser un torpedo bajo la línea de flotación del concepto básico de jurisdicción"..

Distintos jueces del Tribunal Supremo se han mostrado críticos ante la iniciativa del Gobierno de incrementar hasta los 72 años la edad de jubilación y de eliminar de forma paralela la figura del magistrado emérito. Consideran que la iniciativa les aboca a trabajar "hasta sus últimos días" para así obtener un mínimo incremento en la pensión, de un cuatro por ciento en el mejor de los casos.

Hasta el inicio de la crisis en 2008 la Administración de Justicia venía incrementando su tamaño regularmente. Desde entonces permanece con la misma dimensión, sin acomodarse al incremento de litigiosidad que esta grave depresión económica ha supuesto. Aunque en los primeros años de la crisis se mantuvo un modesto crecimiento que supuso la creación de sesenta juzgados al año, a partir de la llegada al Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz Gallardón, en el año 2011, se congela la planta judicial, se eliminan 1500 jueces sustitutos...

Enrique López, exvocal del GCPJ a propuesta del PP, será el ponente de la sentencia que deberá dictar la Audiencia Nacional Concepción Espejel, relacionada con Cospedal y también propuesta por el PP para el CGPJ, formará parte del Tribunal

Malestar en el Tribunal Supremo por una enmienda del PP en el Senado que suprime los jueces eméritos, que pueden trabajar hasta los 75 años. En la práctica, rompe el equilibrio de la Sala de lo Social al mandar a casa a 6 magistrados progresistas

Despreciados y arrojados a las cloacas del olvido. Escoltas de políticos, jueces y otras personalidades que velaron por sus vidas son ahora meros recuerdos.

No es la primera vez pero, en esta ocasión, el descaro es obsceno. De un tribunal configurado por tres personas la mayoría decisoria la pueden conformar dos jueces ligados estrechamente al Partido Popular. Estrechísimamente. Ambos han ostentado puestos bien remunerados y de libre designación auspiciados por el Partido Popular. Concepción Espejel y Enrique López. La Concha de Cospedal y el enviado de Trillo

Enrique López y Manuel Marchena, del Supremo, coincidieron con el abogado de Cospedal y con el defensor del imputado Merino.

Desde Jueces para la Democracia mostramos nuestra disconformidad con todas estas actuaciones. Esta reforma del Código Penal es una clara metáfora de la gestión del Gobierno en materia de Justicia en esta legislatura. Una etapa en la que prácticamente no se han realizado aportaciones significativas y la única medida que se presenta como novedosa es una modificación legal innecesaria, contraria a las libertades y plagada de errores técnicos.

La decisión del TJUE era muy esperada por los jueces, porque hay miles de casos pendientes de resolver. A partir de ahora, la entidad tendrá que reclamar intereses por otra vía diferente del sistema privilegiado que supone una ejecución hipotecaria.

A la magistrada no le interesó presidir el lunes el juicio contra un presunto etarra y lo hizo otro juez

La Asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha denunciado “presiones de la CEOE a la judicatura”, por la aplicación jurídica de la reforma laboral de 2012 en los tribunales. La plataforma de jueces acusa a la patronal de acusar a los tribunales de interpretar “la ley en sentido contrario a ésta, lo que, se afirma, genera inseguridad jurídica”, y de “forzar la voluntad del legislador”.

Apuntan que "la presión a los magistrados y magistradas" busca "eliminar cualquier atisbo de control sobre el poder empresarial".."Se nos acusa de haber forzado la voluntad del legislador, interpretando la ley en sentido contrario a ésta, lo que, se afirma, genera inseguridad jurídica". Aseguran que la reforma laboral de 2012 "adolece de una deficiente técnica legislativa".. Se trata de una normativa llena de lagunas y contradicciones". "las reducciones exponenciales de la plantilla y de los medios" son la causa del"colapso de la jurisdicción

Las asociaciones Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente han denunciado que el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes, ejerce "un presidencialismo más propio de otros tiempos que de una democracia moderna inserta en el mundo occidental y europeo". En un comunicado conjunto, las tres asociaciones judiciales reconocen que miran "con preocupación algunas de sus decisiones y su enfrentamiento con parte de la Carrera Judicial y con el más alto Tribunal de Justicia.

Admiración por los imputados, favores en exámenes universitarios, en comparecencias en los juzgados... Las grabaciones de la Guardia Civil muestran una poco deseable relación entre (algunos) políticos y la justicia.El sumario de la Púnica se ha convertido en mucho más que un tratado de la corrupción.En muchos aspectos muestra la íntima e indeseable conexión que se da a veces entre los poderes políticos y la judicatura.Un caso es el de la ‘soltura’ con la que, aparentemente, y siempre según las transcripciones, se veían algunos de los imputados

Dos asociaciones de jueces -Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente- y la organización defensora de los derechos y libertades civiles Rights International Spain se han dirigido, por segunda vez en esta legislatura, a la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU para denunciar lo que consideran ataques a la independencia judicial por parte del Gobierno.

Denuncian irregularidades en el nombramiento del presidente de la Sala III del Supremo y las reformas legales del PP.

Los dos jueces de la Audiencia Nacional para los que se solicitó la recusación en el caso Gürtel por sus supuestos vinculos con el Partido Popular (PP), Concepción Espejel y Enrique López, formarán también parte del tribunal que se encargará de juzgar la 'caja B' de la formación presidida por Mariano Rajoy, informaron fuentes jurídicas.

Francisco Marhuenda, imputado. El director del periódico 'La Razón' deberá declarar como imputado por la publicación de las fotos del DNI de 22 jueces catalanes que firmaro

En este duelo sin fin, en el que toda mujer y todo hombre de buena voluntad estamos inmersos por las víctimas de la violencia machista, al día siguiente de haber escrito Las diversas maneras de matar mujeres y niños otro infame ha asesinado a su mujer y a sus dos hijos. No sé si cuando termine este artículo ya habrá otras cifras que añadir a este horripilante recuento diario.

Jueces decanos de localidades como Parla, Móstoles, Getafe o Valdemoro trasladaron su malestar por la absoluta dejación de la Comunidad de Madrid en la memoria de 2014 del TSJM.."existe una dejación absoluta por parte de la Comunidad de Madrid en cuanto a la realización de la más mínima inversión para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia en la comunidad".

Las acusaciones, que dicen probada su relación con el PP, aseguran que su insistencia en llevar el caso pese a las dudas que despiertan muestra "un signo de tener interés directo en el pleito". Fueron recusados como magistrados para dictaminar el caso Gürtel, ahora lo han sido también como posibles jueces de la pieza separada, la conocida como ‘caja B del PP’, ‘financiación ilegal del PP’ o, simplemente, ‘el caso de los papeles Bárcenas’. Quienes primero han presentado la causa de recusación ha sido la Asociación Observatori de Drets Humans...

Llega el verano y, aprovechando el descanso de buena parte de la sociedad española, el Partido Popular se lanza a llevar a cabo grandes tropelías que a mediados de septiembre provocarían la más iracunda de las indignaciones ciudadanas.

Las organizaciones de jueces y fiscales ven "sorprendente" la explicación del ministro y recuerdan que no recibe a todos los españoles con problemas de seguridad.

Si el gobierno mexicano encontrara a Joaquín "El Chapo" Guzmán, no lo podrá abatir, torturar, extraditar ni condenar a pena de muerte. Estas prohibiciones están contenidas en una determinación judicial que firmaron tres magistrados mexicanos a principios de agosto, de la cual Univision Investiga obtuvo una copia.El documento, hasta ahora desconocido, concede al líder del cártel de Sinaloa una "suspensión de oficio y de plano"; esto es, una serie de garantías judiciales sobre sus derechos humanos.