El hasta hace poco diputado de Podemos Alberto Rodríguez, a quién la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha suspendido como parlamentario secundando al juez Manuel Marchena, ha manifestado en un comunicado que su batalla "no ha hecho más que empezar" y que lo hará desde las Islas Canarias. Rodríguez añade su decepción hacia los partidos estatales, y anuncia que ha encargado la defensa de las acciones judiciales que emprenderá a escala internacional contra la decisión de Batet, al abogado Gonzalo Boye.

Según la Sala del juez Marchena, puede llamarse terrorista a cualquier protesta que cause "desasosiego". Ésta apariencia de parcialidad resultan inaceptables en un sistema democrático. Los jueces del Supremo, designados por un órgano político, quieren hacer política sin presentarse a las elecciones. Además lo hacen amenazando derechos tan esenciales como el de protesta y la presunción de inocencia. Quienes realmente crean desasosiego y terror en la sociedad son este tipo de magistrados, pero no parece que por ahora vayan a responder por ello.

Andrés Sánchez, concejal del Partido Andalucista que se absutvo en el último pleno municipal de apoyar una moción de Ganemos que pedía declarar al municipio libre de homofobia, explica a ésta redacción que se trató de un error, y pide disculpas a los colectivos y personas que se hayan podido sentir ofendidos por esta postura.

Procavi: tecnificación por fuera, explotación por dentro

La condena de un año de presión a César Strawberry, el cantante de Def con Dos, no es únicamente un disparate jurídico. Es una brutal amenaza contra todos los ciudadanos, un golpe de efecto para asustar al respetable ,una táctica,la cárcel contra la libertad de expresión, que el fascismo ha usado con profusión desde tiempos inmemoriales. ¿Qué bromas vamos a poder gastar? ¿Dónde acaba la estupidez –muchos tuits son especialmente estúpidos- y empieza el delito?¿Por qué las diatribas insultantes y humillantes para tantos ciudadanos..

No está claro cuál es el mejor procedimiento para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial pero es razonable pensar que si uno hace lo mismo una y otra vez no puede esperar resultados diferentes. El asunto, claro,es saber qué resultado se busca y si quienes se llenan la boca hablando de la necesaria independencia de los reguladores,incluido el órgano de gobierno de los jueces, realmente la persiguen o sólo la reclaman cuando están en la oposición. Se consumaba hoy el cambalache para la elección del nuevo CGPJ tras una ardua

A la justicia se llega por una dura oposición. A la cúpula de la justicia, no. España es el único país europeo donde los jueces del Supremo y otros tribunales importantes son nombrados sin un verdadero concurso de méritos, por decisión casi directa del poder político. En el Supremo y el CGPJ,hay excelentes juristas también. Jueces que actúan independencia y profesionalidad. Pero el problema no es el quién sino el cómo: en las palancas de poder que tienen los políticos para mandar sobre la justicia, premiar a los jueces afines y castigar a los..

Aunque el portavoz del PP asumió públicamente la autoría del mensaje y se defendió argumentando que este "se había interpretado mal", las fuentes consultadas consideran muy improbable que él fuera el autor del texto. Las pruebas, todas ellas circunstanciales, apuntan en efecto a alguien distinto a Cosidó. El detalle más llamativo del WhatsApp es ese forwarded (reenviado) que aparece al principio del mensaje de Cosidó y que indica que se ha reenviado desde otro chat.

El ya famoso WhatsApp sobre la renovación del CGPJ que amenaza con llevarse por delante la carrera política del portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, no es de su factura. El hoy cuestionado portavoz, cuya situación comienza a considerarse “insostenible” lo reenvió desde otro grupo de WhatsApp más reducido al que pertenece y que remitió un cargo de Génova, también diputado. "El error del portavoz en el Senado fue enviárselo a 146 personas", dice un parlamentario que ya conocía el texto de esa comunicación.

El cerrojazo en el Congreso de los Diputados al cambio del sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces ha reactivado los tambores de pacto entre el Ejecutivo y el partido que lidera Pablo Casado. Según informan fuentes jurídicas ambas formaciones consideran prioritario limitar al máximo la prolongación de la interinidad del actual Consejo General del Poder Judicial, dirigido por Carlos Lesmes, y cuya renovación parecía muy lejana tras el fracaso en la renovación a finales de noviembre.

Aquellos días de septiembre y octubre de 2017 un uniforme de los Mossos provocaba en la calle aplausos entre los sectores independentistas. El máximo responsable del cuerpo, sin embargo, ha narrado su peculiar versión de los hechos.

El camarero del croissant de chocolate vuelve a impartir justicia

Entrevista a la abogada y analista política Gemma Calvet. La profesional especializada en derechos humanos, derecho penal y políticas sociales es entrevistada sobre su percepción sobre cómo está avanzando el juicio por el 1 de octubre.

Nuevo capítulo en la polémica entre el tribunal del procés y la defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. El Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC), que agrupa a los 14 colegios de abogados de la comunidad, ha criticado este miércoles al Supremo por "cuestionar" e "intentar descalificar" la actuación de la defensa de Cuixart, y ha pedido a los magistrados que sean "más tolerantes" con el ejercicio del derecho de defensa.

El organismo reclama la puesta en libertad sin dilación. En los dos últimos años, ni Francia ni Polonia (únicas que han recibido una reclamación) se han atrevido a incumplir las reclamaciones del grupo de trabajo.

La negligencia del Tribunal Supremo ha proporcionado al soberanismo una nueva victoria de propaganda, entre otras razones porque la sentencia de la Justicia europea sobrentiende que Junqueras ha sido expuesto a un proceso judicial completamente anómalo e irregular. No podía haber sido juzgado sin el beneplácito del Europarlamento —el famoso suplicatorio— ni debía haber permanecido en prisión provisional.

El procés ha puesto de manifiesto las incoherencias judiciales de Convergència, una formación cuyos votos permitieron impulsar reformas y proyectos judiciales que se han vuelto en su contra. Los herederos de aquel partido braman ahora contra una Justicia española que consideran antidemocrática. Pero el rosario de decisiones históricas de CDC --tanto en el terreno jurídico como legal-- que ahora torpedean el proyecto secesionista, cuando no permiten encarcelar o inhabilitar a sus dirigentes, es larga. Aquí van ocho ejemplos.

El Tribunal Supremo ha exigido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, un informe sobre el cumplimiento de la condena de inhabilitación del diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. A pesar de que los letrados del Congreso de los Diputados han determinado que el diputado puede mantener su acta y seguir en su escaño a pesar de su extraña condena, el Alto Tribunal parece no estar conforme.

En este vídeo, se muestra la manifestación contra un desahucio, a raíz de la cual el tribunal supremo a condenado a Alberto Rodríguez por, supuestamente, haberle dado una patada a un policía en dicha manifestación. En el vídeo no se ve al diputado agredir a nadie, sino que muy al contrario, se ve como está intentando calmar y pacificar a la gente para que no haya agresiones.

A mi escaso juicio de estudioso del Derecho durante más de 55 años, si el diputado Alberto Rodríguez ha sido condenado a inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo de condena, significa que no se puede presentar a elecciones, no que tenga que dimitir de su cargo público de diputado, que es una pena distinta.