Según el mito más extendido sobre el origen del proceso todo comenzó con la sentencia del Estatuto en 2010. Sin embargo, cinco meses después de esta sentencia el independentismo obtuvo 14 escaños y el 11-S de 2011 apenas reunió a 8.000 independentistas. El Estatuto no fue una demanda ciudadana sino una iniciativa del PSC para licitar contra el nacionalismo; votó a favor un 36% del electorado. Aunque no lo supimos hasta mucho más tarde, la deriva independentista se urdió a finales de 2011. Ante el inminente embargo, CDC necesitaba...

Lo cierto es que los dardos de los radicales van dirigidos directamente contra Iglesias, porque los independentistas se han dado cuenta de que muchos votos que podían recibir se desplazan (ya se desplazaron en las europeas y, sobre todo, en las municipales) hacia la candidatura de Podemos, que defiende con más intensidad las reivindicaciones sociales. De hecho, Podemos sirvió de freno a la que parecía imparable ascensión independentista. Y eso, desde algunos puntos de vista, no se puede permitir.

El Ministerio Público ha recordado a las policías desplegadas en Cataluña que tienen que elaborar atestados si las autoridades promueven el referéndum separatista.

Una secretaria judicial cuenta lo que vivió en uno de los registros.

El expresidente del Govern pregunta a Bruselas si "seguirán ayudando al señor Rajoy en este golpe de Estado".

Declaraciones realizadas en 2017, tras los atentados de Barcelona y Cambrils.

El 6 y 7 de septiembre, la ciudadanía de Catalunya fue “desapoderada” de modo radical, cuando una mayoría parlamentaria que se pretendía todopoderosa y portadora de un “mandato del pueblo”, anuló los derechos de representación de la oposición y subvirtió el ordenamiento democrático vigente – Constitución, Estatut, Reglamento… – sin contar con las mayorías cualificadas requeridas para tales cambios. Ni, por supuesto, con el apoyo de una mayoría de la sociedad catalana para llevarlos a cabo. Después de eso, hablar del “empoderamiento” del pueblo

El juez ha decidido no aplicar ningún tipo de medidas cautelares contra los consellers mientras acaba de evaluar la petición de extradición en España. Los consellers han notificado hoy al juez que no quieren ser extraditados, y este ha decidido dejarlos en libertad con la única obligación de notificar sus salidas del país.

Según han informado fuentes jurídicas, Trapero, la intendente Teresa Laplana y los exjefes políticos de los Mossos César Puig y Pere Soler solicitaron al tribunal seguir la primera sesión del juicio tras la crisis sanitaria desde la capital catalana, dado que ese día únicamente se prevé que el fiscal Miguel Ángel Carballo anuncie si mantiene la acusación por delito de rebelión o la rebaja y cuánta pena pide para los acusados.

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha acudido este martes al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para declarar como investigado por presuntamente destinar a un agente de los Mossos d'Esquadra como escolta del expresidente Carles Puigdemont en Bélgica. Buch, citado este martes a las 10.00 horas, ha llegado al Palacio de Justicia en Barcelona sobre las 9.45 horas, acompañado del secretario general de Interior, Brauli Duart, y también han acudido los diputados de JxCat en el Parlament Albert Batet y Eduard Pujol