"Sí, cuando lleguemos al Gobierno derogaremos la ley de amnistía. Por supuesto", sentenció el portavoz del PP, Borja Sémper, a comienzos de enero de este año ante una pregunta directa de la prensa sobre la derogación. La coportavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, ya habló de "frenarla" y "revertirla" a mediados de diciembre. Sin embargo, el informe que los propios populares solicitaron echa por tierra sus planes al responder a su pregunta sobre "los efectos del proyecto de ley de amnistía sobre las facultades procesales

"El Parlamento español, al decidir si aprueba el proyecto de ley de amnistía, con qué contenido y mayoría, tendrá que abordar la cuestión de si la normalización de Cataluña puede lograrse a pesar de que el proyecto de ley de amnistía ha agrandado la profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial y, sobre todo, en la sociedad española", indica el dictamen.

La ley de amnistía ha protagonizado la última sesión de la comisión Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo antes de su cese por las elecciones europeas. Se ha centrado en el dictamen elaborado por la Comisión de Venecia, que fue presentado el pasado marzo, y en el que se instaba a acortar su alcance temporal y a aprobar la norma por mayoría cualificada. El organismo del Consejo de Europa ha mostrado su preocupación por el alcance de la amnistía y porque cubra también actos de terrorismo, malversación y corrupción.

Venecia no quiere morir de éxito. La capital del Véneto, probablemente uno de los destinos más populares ya no de Europa, sino del mundo, lleva tiempo buscando la forma de controlar su enorme afluencia de viajeros y hacer que su lucrativo modelo turístico sea compatible con los escasos vecinos que todavía residen allí. Hace dos años ya expulsó a los cruceros de su casco histórico y, con la resaca aún reciente de la pandemia, sus autoridades plantearon un sistema de rastrear de movimientos y reservas. Ahora ha decidido ir un paso más allá: poner