Nadie ha expresado con tanta claridad y fuerza el creciente consenso en torno a la propuesta palestina como Philippe Sands.

Philippe Sands es algo así como un Sherlock Holmes con toga. Eminente jurista británico, ampliamente reconocido por su compromiso con los derechos humanos, ha contribuido en su faceta de escritor a acercar el mundo del derecho internacional y sus principios jurídicos al gran público.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de la ONU, ha dictado hoy medidas cautelares adicionales contra Israel y le ha exigido evitar que su Ejército cometa actos de genocidio contra palestinos de Gaza o impida “mediante cualquier acción la entrega de asistencia humanitaria urgente”. Ha advertido de que los civiles en Gaza “ya no solo enfrentan un riesgo de hambruna”, como alertó el 26 de enero, sino que “la hambruna se está ya instaurando” y "las condiciones de vida catastróficas de los palestinos en Gaza empeoraron aún más".

El presidente Biden confunde las ventanillas judiciales. Reacciona al fiscal diciendo que su actuación es “indignante” porque el Gobierno israelí no está cometiendo “genocidio”. Se equivoca al cien por cien. La institución que analiza el posible genocidio –o sea, el exterminio de un grupo humano– es el Tribunal Internacional de La Haya. Y la que examina los crímenes de guerra es el Tribunal Penal Internacional. Son acusaciones distintas. Son tribunales distintos. Aunque puedan coincidir algunos presuntos culpables. Biden o alguno de sus miles..

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció que su país se sumará a la denuncia presentada por Sudáfrica contra “Israel” ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y consideró que los actos del ente ocupante requieren de una firme respuesta de la comunidad internacional.

En noviembre de 2016, la Agencia Tributaria practicó una liquidación a Haya Real Estate por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2013 y 2014 que determinó, entre otras cosas, que no podía deducirse esos finiquitos porque se pagaron “voluntariamente”. “Ninguna norma ni instrumento de obligado cumplimiento le impelía a pactar con sus directivos una indemnización por cese o despido”, fue “una liberalidad” y “no existía obligación legal” de hacerlo.