Los españoles hemos visto violentados nuestros derechos de libre circulación y residencia, artículo 19 de la Constitución, derechos de reunión y manifestación, excepto para las feministas, regulados por el artículo 21, y otros, en sede de derechos fundamentales, habiéndose pasado el gobierno por el arco del triunfo el control parlamentario de esta limitación de derechos. Ello supone una responsabilidad penal, prevista por el artículo 55, 2, in fine, de la Constitución.