La casa de la calle Nebrija que van a derribar fue propiedad del Colegio Mayor de San Ildefonso, lindaba con la muralla que ampliara el cardenal Cisneros cuando construyó su ciudad universitaria. También es medianera con el Colegio de León. Sus columnas nos hablan del siglo XVI, su sótano y quién sabe que más restos pueden quedar en ella. Parece ser que fue tahona del Colegio Mayor y en algún momento Colegio Menor de san Isidoro, se señalaba desde el Grupo de Defensa del Patrimonio.

La fabricación de una pieza clave para atender a pacientes por COVID-19 está bloqueada porque Madrid se niega a firmar una autorización que exige la empresa, aseguran desde el hospital Príncipe de Asturias

El rechazo a las declaraciones de esta gerente, que han recorrido todos los medios de comunicación, donde propone quitar los teléfonos móviles a las personas enfermas de Covid, ingresadas en el hospital complutense, algo contrario a la Constitución y que vulnera la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente, y dos resoluciones de la Viceconsejería de Sanidad, una sobre la garantía de acompañamiento del paciente por su familia, y la otra sobre proporcionar información cercana y puntual a sus familiares.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal itinerante dedicada, presuntamente, al robo con fuerza en oficinas de diferentes empresas de Castilla y León. Cuatro personas de nacionalidad española han sido detenidas tras cuatro registros domiciliarios llevados a cabo en Torrejón de Ardoz y Madrid, acusadas de pertenencia a grupo criminal organizado, delito contra la salud pública y cometer cinco robos con fuerza en Béjar, Salamanca, León y Zamora.

En relación a una noticia publicada el 29 de junio en varios medios sobre la suspensión de empleo de un profesor del IES Complutense y que ensucia gravemente la imagen del centro (...) El artículo comienza diciendo que es la directora quien ha suspendido seis meses de empleo a un profesor de Biología por asegurar que existen solo dos sexos. Los directores de centros públicos no pueden cesar a ningún docente (...) La Consejería no va a apartar a un docente por afirmar que solo existen dos sexos, o tendría que apartar a todos los docentes (...)

Las nuevas zonas de bajas emisiones que deben entrar en vigor en un año hacen prever un bum de alternativas más sostenibles en el transporte de mercancías y paquetería en las urbes

Según han explicado fuentes de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, la noche de este jueves, siguiendo las medidas establecidas en el Plan de Seguimiento en el que se comprueban los asentamientos de las viviendas, este área solicitó a la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) que se personara con una dotación de Bomberos para comprobar la situación estructural de las distintas viviendas «sobre las que se ha alertado al consistorio reiteradamente».

La línea 7B ha estado cerrada por obras más de 915 días (casi tres de los 15 años que lleva abierta); ha provocado el derribo de 27 viviendas y el desalojo de 85; y ha obligado a gastar más de 50 millones en rehabilitar edificios, en realojar a más de 120 personas y en financiar intervenciones para reconducir la situación. El agujero económico, sin embargo, es mayor. Falta calcular el montante de las indemnizaciones patrimoniales a los afectados y lo invertido por Metro de Madrid que remite al promotor.

La Plataforma Afectados Metro Línea 7b San Fernando denuncia la falta de un plan de desalojo para los vecinos que viven en proximidad de las obras de demolición. “Aquí todos corremos peligro. Pero la Comunidad cataloga como afectados solo a aquellos a los que les han tirado la casa. Las familias que estamos a la espera, con las grietas que van del techo hasta el suelo, no contamos para ellos”, asegura David Casado, vecino del municipio. Desde el balcón de su piso, mira desconsolado cómo los ladrillos caen en la cercana calle de la Presa.

“Isabel Díaz Ayuso deja a los afectados de la Línea 7B de Metro en la calle”. Así lo denuncian los vecinos de San Fernando, que han iniciado una acampada para “exigir justicia y dignidad”. En concreto, han instalado sus tiendas y sus sillas y sus mesas frente a la oficina de la Comunidad de Madrid en esta localidad ante el “abandono y maltrato” de la presidenta autonómica. Los afectados por el suburbano piden soluciones urgentes. “No podemos seguir esperando”, afirman estos vecinos, que dejan claro que a seguir luchando juntos.