El Tribunal establece en una sentencia que todo acusado, aunque no se presente ante la justicia, tiene derecho a la asistencia de su abogado en la fase de instrucción de su causa

Envía un escrito para reiterar que la orden de entrega sigue vigente y que en este momento el expresidente catalán tiene levantada la inmunidad.

Artículo sobre un hilo de twitter con los argumentos de un profesor de derecho europeo.

El magistrado del Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa contra el expresident de Cataluña Carles Puigdemont, ha pedido al Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) que ejecute la euroorden contra los eurodiputados Clara Ponsatí y Antoni Comín, que esta mañana han ido a Cerdeña a apoyar a Carles Puigdemont.

Pablo Llarena lo ha intentado de todas las formas posibles para tratar de sentar a Carles Puigdemont en el banquillo. El juez del Tribunal Supremo no ha podido contra toda la maquinaria estatal de dos países como España e Italia, que han puesto todo tipo de barreras para evitar la entrega del fugado de la justicia y expresidente de la Generalitat. La primera vez, hace una semana, Llarena se encontró con la barrera de la Abogacía del Estado. Tal y como afirmó en su oficio, la orden europea de detención estaba en vigor y Puigdemont...

Al acto han acudido entre otros rostros conocidos de la magistratura la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, y el secretario general de Vox, Javier Ortega-Smith.

Lo mismo defendieron el fiscal español, Fidel Cadena; la abogada del Estado, Andrea Gavela Llopis, y la representante del partido ultraconservador Vox, Marta Castro, que insistieron en que al entrar a cuestionar este aspecto se pone en juego el principio de cooperación judicial y de confianza entre los estados de la Unión Europea. "La ejecución de la euroorden es un principio, la denegación de la ejecución, una excepción", ha dicho Castro.

Marchena (mediante el texto alternativo a la sentencia de Ángel Hurtado), se cita a sí mismo en una sentencia que acabó siendo impugnada por el Constitucional español. Y lo hace para recuperar esta parte del texto que escribió en 2017 y que habría querido aplicar a Tamara Carrasco: “La extensión actual de las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación intensifica exponencialmente el mal de las afirmaciones y mensajes que, en en otro momento, podrían haber limitado sus efectos perniciosos a un grupo de destinatarios reducido y ...

«La justicia tiene que administrar justicia y los políticos legislar conforme a nuestra escala de valores», dice María Jesús Montero

Los fiscales del 1-O han recurrido la decisión del instructor del procés, de no atribuir a los huidos del 1-O el delito de desórdenes públicos. Los fiscales han recurrido el auto de Llarena porque consideran que cuando se vayan a cursar de nuevo las euroórdenes frente a los fugados, en aras del principio de doble incriminación y de que en el futuro juicio los huidos puedan ser acusados del delito de desórdenes públicos agravados, se les debe atribuir ahora ese nuevo tipo delictivo.

Tras cinco años huida por su implicación en el referéndum ilegal del 1-O, la exconsellera regresó a España el pasado 28 de marzo y fue detenida en Barcelona. La exconsellera y eurodiputada Clara Ponsatí ha ignorado este lunes al magistrado Pablo Llarena y no ha acudido al Tribunal Supremo. Llarena había citado a Ponsatí a las once de la mañana para tomarle declaración como procesada por un presunto delito de desobediencia por el 1-O, pero según ha confirmado ella misma a través de redes sociales, se encuentra ya de vuelta en Bélgica.

El partido de extrema derecha ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo con el que fuerza al juez a pronunciarse sobre los 3 eurodiputados, y pide su detención para poder ser juzgados en España. Si finalmente se reactivan, se convertirían en las cuartas euroórdenes contra los dirigentes independentistas en el exilio. De momento, después de la sentencia del TGUE ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado se han pronunciado, y no tienen un plazo para hacerlo.

El magistrado instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, ha acordado este jueves en una providencia tener por presentadas las peticiones de la Fiscalía y la acusación popular para que se reactiven las euroórdenes y órdenes internacionales de detención contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el ex conseller Antonio Comín, pero establece que resolverá sobre las mismas cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre las eventuales medidas cautelares que ambos pueden presentar

El expresident ve en la última petición del juez para que diga si ha recurrido la sentencia que le retiró la inmunidad un aviso de que el Supremo puede irrumpir en las conversaciones sobre la investidura

La Fiscalía ha pedido que Oriol Junqueras y los exconsellers que han declarado este viernes en el Tribunal Supremo continúen en prisión provisional sin fianza. El juez Pablo Llarena ha trasladado a las partes que comunicará su decisión sobre la situación personal de los comparecientes el próximo lunes por la mañana. Relacionadas: 1, 2

No es a un juez instructor, por mucho que sea magistrado del Tribunal Supremo, al que le corresponde prevenir actuaciones supuestamente “ilegales” e “inconstitucionales” como las que se enumeran en el auto. Menos aún, cuando es el propio magistrado el que admitió que el encarcelamiento equivalía a la incapacidad al efecto de admitir la delegación del voto. Da igual que sea lo que busque Puigdemont. Relacionada: www.meneame.net/story/juez-rechaza-reactivar-orden-europea-detencion-c

La razón por la que el juez Llarena ha decidido no cursar la euroorden no es otra que la imposibilidad de convencer a ningún juez en un Estado de derecho digno de tal nombre de que la conducta de Puigdemont es constitutiva del delito de rebelión.El delito de rebelión en que se sustenta la querella admitida a trámite por la AN y posteriormente por el TS es un delito imaginario,un delito que existe en la imaginación de los jueces de instrucción que han admitido a trámite las querellas.. en el caso de haber cursado la euroorden y no ser atendida

La ex-diputada de la CUP Mireia Boya ha quedado en libertad sin medidas cautelares tras declarar ante el juez Pablo Llarena como investigada por el proceso independentista. El magistrado quería averiguar su grado de responsabilidad en la organización del referéndum del 1 de octubre.

El expresidente del Gobierno Felipe González ha deseado este jueves que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena "no meta en la cárcel a ninguno" de los cargos catalanes a los que va a procesar por su papel en el proceso independentista. "Ya sé que nado a contracorriente, pero ojalá no lo haga porque al independentismo no hay que destruirlo, hay que ganarlo", ha sostenido González. "Nos amparamos en las togas a ver si alguien nos resuelve los problemas y cuando perdemos, vamos a que los resuelvan los jueces", reflexionó el expresidente.

Vox, que ejerce la acusación popular en la causa abierta por el 'procés', ha anunciado este viernes que pedirá al Tribunal Supremo la prisión incondicional para los seis personas convocadas por el alto tribunal: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, Marta Rovira (ERC) y los exconsellers Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa.El presidente de la formación, Santiago Abascal, ha asegurado esta mañana que "no va ceder a ningún tipo de presión y que va a solicitar a los tribunales la medida más estricta de la ley".

Cuando eres promovido a magistrado del Supremo puedes disfrutar de una legión de “negros” que te ayudan en tu trabajo. Son otros jueces de categorías inferiores, muy bien pagados para lo que se estila en la judicatura, que ayudan a los llamados al Olimpo de los togados a estudiar los asuntos, buscar jurisprudencia o redactar y preparar las resoluciones. Los demás jueces se lo cuecen todo a pelo, pero los del Supremo, no. Los del Supremo tienen una pléyade de negros que se llaman letrados.

(Espejo Público - Antena 3, 27/03/18)

Que el juez Pablo Llarena active la eurorden retorciendo el delito de malversación para que encaje a martillazos en el delito de corrupción también dice mucho de la espiral del absurdo que se ha ido apoderando de España. La chapuza jurídica resulta tan descomunal que solo la creciente espiral de silencio que se va imponiendo en todo cuanto tiene que ver con Catalunya puede explicar que apenas unos cuantos se atrevan en señalar tamaña evidencia.

Si la causa hubiera seguido en manos de la jueza Lamela, se habría evitado el encontronazo con las autoridades alemanas. Frente a la mano de hierro en guante de hierro exhibida por Llarena, Lamela ha cerrado su instrucción paralela contra los mandos de los Mossos d’Esquadra